La barbaridad de la suspensión del peaje de Conchán
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Si cualquier juez puede suspender un peaje sin razón alguna, el sistema de concesiones viales y la posibilidad de buenas carreteras en el Perú están condenados a desaparecer.
La municipalidad de Lurín interpuso una acción de habeas corpus contra el peaje de Conchán por la violación de la libertad de tránsito de sus pobladores en la Panamericana sur, debido a que tendrían que pagar peaje pese a que existe una vía alterna que es la Panamericana antigua, que incluso llega hasta Santa María para reingresar a la Panamericana sin pagar peaje.
Pero no, el juzgado de Lurín declaró fundado el habeas corpus porque hizo un recorrido y verificó que la gente se demoraba más por la panamericana antigua, lo que es perfectamente lógico. El juzgado transformado en perito técnico.
Y la Municipalidad de Lima, por supuesto, se allanó. Aquí se han juntado el populismo oportunista de alcaldes con la ideología anti-inversión privada de la Defensoría del Pueblo, que ofició de amicus curiae apoyando la posición de Lurín.
Como será la competencia populista contra los peajes que cuando el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, festejó en las redes la suspensión del peaje de Conchán, el alcalde de Lurín protestó acusándolo de pretender apropiarse de una iniciativa que había sido suya.
Una vergüenza. Por supuesto, las consecuencias serán nefastas para el país. Si esto no se revierte, la empresa lo llevará a un nuevo arbitraje que con toda seguridad el país perderá. Pero no será el alcalde de Lurín, ni la población de Lurín, ni el alcalde de Lima, quienes pagarán el monto que el laudo establezca, sino todos los peruanos. Ese será el verdadero peaje, un peaje no para acceder a una carretera de primer orden, sino para ir a la destrucción de las carreteras.
Porque, como es obvio, nadie querrá en el futuro firmar contratos de concesión vial en el Perú con tamaña inseguridad jurídica. No tendremos buenas carreteras ni podremos asfaltar y mejorar las actuales. Recordemos que el 81% de las carreteras de todo orden carecen de asfaltado y para tenerlo, por el presupuesto nacional, y al ritmo de Provias, nos tardaríamos más de 200 años. Y solo para que se deterioren por falta de mantenimiento.
Porque una concesión vial no solo construye. Sobre todo, mantiene. Se gasta siete veces más reconstruyendo una carretera destruida que manteniéndola permanentemente.
No necesitamos a la izquierda. El sueño destructivo radical lo realizan alcaldes y jueces, incluso de derecha.
Y el daño va más allí del sector transportes. Afecta la imagen del Perú como país que respeta los contratos. Mas profundamente aun, afecta los derechos de propiedad, y sin derechos de propiedad, no hay inversión ni desarrollo. Por lo tanto, afecta el flujo de inversiones al Perú en general.
Si alcaldes de derecha son capaces de eso, ¿qué se podría esperar de los de izquierda?
Y justo en el momento en que Proinversión se vuelve una agencia eficiente y que el ministro de Economía José Salardi pretende acelerar las Asociaciones Público-Privadas para reanimar la economía e incluso reducir el déficit fiscal.
Es increíble la capacidad que tenemos de destruir lo bueno que hemos logrado construir. Lampadia
