Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Todos recordamos esos trapos de uso industrial o de talleres mecánicos, llamados “wipe”, que en realidad son un enjambre de hilos. Pues bien, a lo largo de nuestra historia republicana, el Estado peruano ha devenido en eso: un “wipe”. No cuenta con una estructura organizacional con atribuciones y responsabilidades claras, limpias y sin interferencias. Todo interfiere con todo y, con ese argumento, nadie asume la responsabilidad final.
Veamos nomás cómo se superponen o se ponen trabas unos a otros, para que nada funcione y así tenemos, yendo de más a menos lo siguiente:
- Entendemos que los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen roles claramente delimitados, con atribuciones exclusivas y excluyentes, sin embargo, todos quieren interferir en las funciones del otro. Así, el Ejecutivo ha pretendido “negaciones fácticas” de confianza y, para vergüenza, el Tribunal Constitucional (TC) de su tiempo, lo refrendó. El Poder Judicial ha detenido en varias oportunidades, tanto, la elección de miembros del TC como del Defensor del Pueblo y, en la práctica lo han impedido. El TC le enmienda la plana al Poder Judicial respecto a resoluciones impertinentes de algún juez supernumerario que interfiere, y la Corte Suprema entra en el conflicto con el TC, so pretexto de la “autonomía absoluta de los jueces en sus decisiones”.
- Si un alcalde provincial toma decisiones para la ejecución de un proyecto vial o de señalización, inmediatamente “saltan” los alcaldes distritales del área, para impedir o cuando menos dilatar la ejecución del mismo. Recordemos nomás los líos en la ejecución, entrega y funcionamiento del “Puente de la Amistad” que une San Isidro y Miraflores. Gran boche porque no se quería ciclovía en ese puente…, pero no hay una sola autoridad que pueda “cortar el jamón”.
- Hoy estamos discutiendo la Reconstrucción con Cambios, que al igual que la reconstrucción de Pisco, a raíz del terremoto, fue maniatada. ¿Nadie recuerda cómo se oponían los alcaldes y gobernadores regionales a la reconstrucción gerenciada por una Autoridad Autónoma? Claro, cómo no se iban a oponer, si “por donde pasa el agua, queda la humedad”. Les estaban quitando el manejo de la plata, la decisión del qué hacer, con quién y a qué precio. ¡Evidente señal de corrupción! Ellos no quieren recibir obras, buscan gestionar dinero y mangonear.
- Por su lado, cuando se tiene que desarrollar un proyecto de lo que fuere, no interviene un ministerio para analizar ese proyecto, sus impactos, la conveniencia, las medidas de seguridad, las interferencias con terceros o con instalaciones ejecutadas previamente y otorgar los permisos. Veamos si no los casos de Majes-Siguas y la injerencia y oposición de gobiernos subnacionales o el caso de proyectos mineros, que requieren no menos de 250 permisos y autorizaciones de distintas instancias de gobierno. Antes se manejaban en un solo ministerio y los permisos tomaban meses, hoy con este enjambre burocrático, todo tarda años.
- Otro tanto ocurre con las “plagas” que azotan al Perú, constituidas por las distintas actividades que mueven las economías criminales, a saber: La minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, tala ilegal, contrabando, extorsión, pesca ilegal, tráfico de flora y fauna y el tráfico de terrenos. Todas estas actividades tienen un impacto directo en la economía nacional de unos US$ 7.5 mil millones por año, sin contar un impacto de similar magnitud, originado en las externalidades negativas de estas actividades.
Lo impresionante es que, esto es posible debido al debilitamiento de las instituciones, de las autoridades y al enmarañado legal, que debilita absolutamente el imperio de la ley.
Por ejemplo, la minería ilegal lleva siete años en un proceso de “formalización” para el que se fijó 36 meses, pero que nunca concluye y que, los promotores del proceso saben de antemano que nunca se dará, por lo que lo han prorrogado varias veces. Las autoridades municipales y regionales tienen en esa actividad ilegal e informal, un pingüe negocio basado en corrupción y un tremendo clientelismo político local. No sólo eso, sino que, mientras en el Perú de hoy el 40% del oro producido proviene de la minería ilegal, al margen de las “externalidades negativas” generadas al país vía destrucción ambiental y contaminación, según Macroconsult, Madre de Dios sólo ha recaudado 9 millones de soles por canon minero, lo que compara negativamente con los cientos de millones recaudados en otras zonas auríferas como Cajamarca y La Libertad (700 millones en conjunto), donde estas operaciones se realizan legalmente.
Otro tanto ocurre con el tráfico de terrenos, negocio delictivo con dos vertientes: una de mafias de traficantes de terrenos, que, a punta de pistola y violencia, invaden propiedad pública y privada y la venden a gente de muy bajos ingresos. Pero la otra, que corresponde a la organizada por alcaldes y regidores, quienes llegaron a esos cargos de elección con el objetivo expreso de hacer negocio con venta de terrenos. No les importa que estos terrenos se encuentren en zonas de alto riesgo de desastres y, se amparan en mil subterfugios legales y judiciales, para continuar impunemente en esta actividad delictiva. Existe una tercera vía, no necesariamente violenta, pero que maneja delictivamente la venta de propiedades inmuebles con la complicidad de notarios públicos, registradores públicos y jueces, que admiten y tramitan transferencias de propiedad indebidamente o de fiscales que facilitan la prescripción de los delitos. (Caso Orellana y fiscal Ávalos).
Igual pasa con la extorsión, donde tenemos la ejecutada por bandas que realizan cobros a pequeños empresarios, comerciantes, transportistas y a pequeños o grandes constructores, con el pretexto de darles seguridad. Estos, a pesar de ser capturados, salen rápidamente bien librados por acción de fiscales o policías corruptos. También existe otra línea de fachada legal, ejecutada por las autoridades municipales, quienes someten a sus víctimas para entregarles, por ejemplo, las certificaciones de Defensa Civil (que caen bajo su área de gobierno) y sin la cual no se puede renovar la licencia municipal de operación. Lo mismo ocurre con la determinación antojadiza de los montos correspondientes al impuesto predial y arbitrios de los distritos remotos, en que igual, bajo la amenaza del cierre de la planta instalada en la localidad, se presiona por cobros que, aunque regulados a nivel nacional, ellos no respetan, mientras en el gobierno central no hay quien quiera asumir ese control.
El contrabando, el tráfico de drogas y la tala ilegal, son actividades que en pequeña escala se ejecutan de manera subrepticia, pero que, a gran escala, cuentan con el apoyo y complicidad de ciertas autoridades aduaneras, policiales y municipales. Respecto al contrabando, en Puno tenemos el caso de “la culebra” que maneja el gran contrabando y obviamente es controlado por mafias delictivas. El paso de un grupo de 60 camiones con contrabando, debidamente custodiados, no es algo que pase inadvertido en la frontera y, podemos estar seguros que está previamente “apalabrado”. Ciertamente, se argumenta la dificultad de inspección nocturna en zonas aisladas y con temperaturas extremadamente bajas, pero ¿A nadie se le ha ocurrido restringir las horas de paso de fronteras y aplicar controles aduaneros, a horas diurnas y en recintos debidamente establecidos para controlar? No cabe duda que en Desaguadero, no hay controles adecuados y estos hacen como que controlan a contrabandistas impunes.
Respecto a la tala ilegal, su transporte y comercialización, contamos con organismos tales como SERFOR y SERNANP, quienes han ido transfiriendo competencias a los gobiernos regionales, particularmente en los casos de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Huánuco. Este traslado de competencias para el otorgamiento de permisos y controles regionalizados, ha hecho que se pierda el manejo y control de esos recursos a manos de las mafias locales, quienes cuentan, en muchos casos, con la participación o patrocinio de autoridades locales y regionales.
En esencia, a consecuencia del crecimiento descontrolado del aparato del Estado (19 ministerios), de la creación de múltiples organismos públicos descentralizados (OPD), una regionalización mal hecha, sin clara definición de competencias y con gente no calificada, elección y designación de autoridades ignorantes, incapaces o corruptas, que toman ventaja de la disfuncionalidad del aparato estatal, tenemos un wipe. El Estado, tal como está estructurado, no es una solución, sino parte del problema mismo y requiere una profunda simplificación y alineamiento.
Debemos pues rediseñar el aparato estatal, simplificar su estructura y proceso de toma de decisiones, erradicar a los corruptos y generar una administración que funcione. Se dice fácil, pero todo empieza por educar a los ciudadanos y que, esa reorganización sea conducida profesionalmente por gente experimentada, que conozca cómo operan los estados que sí funcionan y procedan a la ejecución con funcionarios de Estado, no con políticos que sólo piensan en cómo darle puestitos de trabajo a sus partidarios. Lampadia
