Emboscaron a Mateo Castañeda
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Se ha anunciado que la DIVIAC pasará a ser parte de la DIRINCRI. Algunos han denunciado que estaríamos ante un acto de represalia del gobierno por la investigación a la presidente y su hermano, y que esa unidad, en su nuevo destino, ya no tendría la capacidad de investigar la corrupción en el poder, lo que ha sido negado por el director general de la Policía, General Víctor Zanabria, quien afirma que conserva todas sus funciones.
Sin duda hay un componente de represalia, pero también hay algo de resolución justa pues es cierto que la DIVIAC y el Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) cometieron excesos y quizá incluso delitos, acaso con un objetivo político engendrado en esta lucha de poder que tiene su escenario central en el sistema de justicia.
Los indicios son muy notorios.
El primero fue la manera como se realizó y difundió el allanamiento de la vivienda de la presidente Boluarte, que puede ser leída como una operación mediática destinada a golpear la imagen de la mandataria (¿a fin de abonar a la vacancia presidencial?).
El segundo fue la detención preliminar del hermano -Nicanor Boluarte- y del entonces abogado de la presidente, Mateo Castañeda, que fue también claramente excesiva, al punto que el Poder Judicial la revocó.
Pero lo que resultaría sumamente grave es la asignación de dos «agentes encubiertos» de la DIVIAC para provocar supuestos pedidos del abogado Mateo Castañeda en favor del hermano de la presidente.
Según la denuncia de los fiscales de la EFICCOP, el abogado presidencial buscó a Colchado a través del general (r) Carlos Moran, para que interceda ante la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, para que se archive la investigación a Nicanor Boluarte o la derive a la fiscalía anticorrupción, para que allí pueda ejercer sus influencias. A cambio de eso Castañeda le habría ofrecido a Colchado que no lo sacarían de la DIVIAC ni lo pasarían al retiro.
Pero el propio Mateo Castañeda había denunciado en su momento y ahora ha demostrado con un peritaje de los mensajes en su celular, que no fue él quien buscó a Morán ni a Colchado, sino al revés: fue Morán quien insistió una y otra vez para que Castañeda se reúna con Colchado con el argumento de que éste quería que lo escuche porque lo estaban investigando en inspectoría de la policía y buscaría que la presidente interceda por él.
Pero eso era un señuelo. Lo buscaron para tratar de hacerlo caer. Ya para esa esa reunión, del 30 de marzo, los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano habían sido designados como “agentes encubiertos” por un fiscal del Eficcop para grabar la conversación. Es decir, para sacarle a Castañeda frases que pudieran comprometerlo. Fue una trampa. Castañeda ha pedido la transcripción de toda la grabación para demostrar de qué se trató la conversación y qué fue lo que se dijo.
Es decir, más que agentes encubiertos, fueron agentes “provocadores” o instigadores, algo ilegal según el penalista Carlos Caro. No se puede entonces descartar la hipótesis de que aquí hubo un objetivo político. Castañeda incluso ha señalado que en el expediente judicial de su detención se falsificó parte de la grabación para incriminar a la presidente Boluarte. En efecto, allí se dice que «La Dina pagó 30 mil dólares a Martín González, ‘el conejo’, por un trabajito de inteligencia” para montar los chats del “agente Roberto” que comprometieron a la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides (algo que, dicho sea de paso, también debería investigarse), lo que se filtró al programa Punto Final para su difusión. La intención era obvia. Pero resulta que la Dina era en realidad la DINI.
En este operativo aparentemente ilegal, Carlos Morán tuvo un papel organizador. Recordemos que Harvey Colchado y el exministro Carlos Morán están muy vinculados a la órbita de Gustavo Gorriti. Como se sabe, Morán es incluso colaborador de IDL Reporteros.
La instrumentación dolosa del Eficcop y de la DIVIAC en la guerra institucional que asola el sistema de justicia y la relación entre poderes del Estado, acaso con la finalidad de provocar un daño político a la presidente de la República, sea como parte de la guerra de bandos originada en la politización de la justicia desde las persecuciones orquestadas por el equipo Lavajato, o como represalia por las investigaciones a Colchado y su retiro de la DIVIAC, es muy grave, y debe investigarse. No estamos diciendo que no existen indicios de que la presidente haya cometido el delito de cohecho, por ejemplo. Acá estamos hablando de algo que va mucho más allá y que usa esos indicios como pretexto.
¿Cuándo vamos a limpiar el sistema de justicia? Lampadia
