Pablo Bustamante Pardo
Expresidente de IPAE
Director de Lampadia
1.- ¿Los jueces representan a la nación?
Los jueces son funcionarios públicos contratados por el Estado.
No son funcionarios elegidos por los ciudadanos, por lo tanto, no pueden arrogarse la representación nacional.
Justamente por ello, en México han forzado una reforma constitucional muy cuestionada, para dar a los jueces la representación que no tenían.
Pregunté a ChatGTP = ¿Son los jueces representantes de la nación?
Buena pregunta, porque ahí hay mucha confusión
En términos constitucionales, no.
Los jueces no son representantes de la Nación.
En el modelo constitucional (como el peruano y la mayoría de democracias):
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- Los representantes de la Nación son quienes tienen mandato político: congresistas, presidente, autoridades electas.
Ellos sí “representan” al pueblo porque son elegidos por voto popular.
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- Los jueces no representan a nadie en sentido político.
Administran justicia en nombre de la Nación, pero no la representan.
Esa diferencia es clave:
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- Representar = actuar con mandato político del pueblo.
- Administrar justicia = aplicar la Constitución y la ley con independencia, sin obedecer a mayorías ni a intereses populares o impopulares.
Por eso:
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- Los jueces no pueden legislar ni gobernar.
- Tampoco deben decidir “según lo que quiere la gente”, sino según el derecho.
En resumen corto:
Los jueces no representan a la Nación; ejercen la función jurisdiccional en su nombre
2.- La nota de Expreso
Corte Suprema dice que jueces representan a la nación
Consideran que criticarlos es amenazar a la democracia
Sale Plena emite comunicado luego de que presidente del Congreso indicara que es necesario refundar el PJ.
Expreso
1 de febrero de 2026
Glosado por Lampadia
Corte Suprema dice que jueces representan a la nación:
consideran que criticarlos es amenazar a la democracia.
“Respeto mutuo, tolerancia democrática y observancia de las decisiones que los representantes de la Nación y, en particular, los jueces de la República adopten, en el marco de sus atribuciones constitucionales”, expresó la Sala Plena de la Corte Suprema, luego de fuertes críticas a jueces que perpetúan procesos contra militares y policías por hechos cometidos hace décadas.
En la víspera, una sala superior había realizado audiencias de diversos casos. Entre ellos, figuraba el de Cayara, pueblo de Ayacucho donde malos elementos de las fuerzas del orden asesinaran a varios peruanos.
“Intervencionismo”
“Rechaza que se condicionen las decisiones judiciales o se imponga cualquier tipo de censura. Es, asimismo, inaceptable para el Poder Judicial que las resoluciones dictadas en el marco de sus competencias legítimas sean ocasión de amenazas de intervencionismo, la aplicación de medidas disciplinarias o de cualquier otro tipo”, agregaron los magistrados supremos en su comunicado.
Desde que se promulgó la Ley 32107, “ley que precisa la aplicación del derecho penal y la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, se esperaba que se aplique esta figura legal.
Sin embargo, solo el juez Raúl Justiniano lo hizo, mientras sus colegas prefirieron seguir procesando hechos de los años ochenta y noventa, con normas internacionales a las cuales el Perú se adhirió desde el 2002.
Si bien en el caso Cayara la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria decidió tomar en cuenta la Ley 32107 y su validación en el Tribunal Constitucional, consideró que el tiempo de prescripción recién corría desde ese año. Es decir, el tiempo máximo para sancionar expira en el 2032.
“Soluciones radicales”
El comunicado de la cúpula judicial sería una respuesta al anuncio del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, de refundarla.
“Solo ayer, una sala condenó a un coronel EP (r) por un hecho de 1994 y en otro juicio mantiene en prisión a militares acusados injustamente por un hecho de 1988. En ambos casos se niegan a aplicar la ley vigente 32107, pisoteando impunemente la decisión del Tribunal Constitucional. Con estos magistrados no podremos derrotar a la delincuencia. ¡Hay que BARRER el sistema judicial! ¡Soluciones radicales!”, tuiteó el legislador.
3.- Opinión Pública
El sistema de justicia peruano, la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Policía Nacional y los abogados litigantes, han venido devaluando la aplicación de la justicia en el Perú, al extremo de ser considerado por el conjunto de la sociedad, una instancia pública con la que el ciudadano común y las empresas en general prefieren no tener que interactuar.
Ver en Lampadia:
Por una reforma integral urgente – Colapso del Sistema Judicial
14 de marzo, 2024
La opinión pública descalifica dramáticamente al sistema judicial
Como podremos ver en la siguiente encuesta que hemos encargado a Datum, los ciudadanos consideran que el sistema judicial peruano, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público (la Fiscalía), han llegado a una situación insostenible.
En esta ocasión vamos a concentrarnos en analizar los resultados de la encuesta.
Veamos algunos indicadores del desempeño del sistema judicial:
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- El 82% de los peruanos considera que el Poder Judicial y los jueces, pocas veces (52%) y nunca (30%), resuelven las demandas judiciales de manera justa y correcta.
Esta descalificación se repite uniformemente en los segmentos de análisis, sexo, región y zona urbana o rural.
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- Así mismo, el 64% dice que aceptan coimas.
- El 70% cree que los jueces no están preparados profesionalmente para impartir justicia.
- El 82% dice que la mayoría de jueces (63%) y todos los jueces (19%), actúan de manera corrupta y deshonesta.
- Sobre la Corte Suprema el 55% afirma que responde a intereses políticos y económicos.
- Y que solo el 21% actúa de manera ética y honesta.
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- En cuanto al drama de la liberación constante de detenidos:
- el 34% considera que es responsabilidad de los jueces
- el 32% considera que es responsabilidad de los fiscales
- y el 13% de ambos
- En cuanto al drama de la liberación constante de detenidos:
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- En referencia a la fiscalía, el 63% considera que es corrupta y que reciben coimas, además de otras varias críticas a su gestión, como muestra el siguiente cuadro.
- Por otro lado, el 49% considera que en la fiscalía hay mucha corrupción y abuso de poder.
- Y el 20% afirma que en la fiscalía hay una continua lucha de poder que responde a intereses políticos y económicos.
- Ninguno de los últimos fiscales de la Nación está aprobado, siendo Pedro Chávarry y Patricia Benavides, los mejor calificados entre todos los jalados.
- Esta última respuesta de los ciudadanos es verdaderamente dramática,
ante un eventual procesamiento judicial, el 86% se sentiría nervioso porque teme ser injustamente procesado.
Como pueden ver, IMPOSIBLE PEOR.
Ver el detalle de la ficha técnica en la siguiente imagen y el enlace a la encuesta :
En esta situación no hay otra opción que emprender una reforma total de las estructuras del sistema, y por supuesto, de la forma en que son elegidos y evaluados los jueces y los fiscales.
Muy importante tarea para el próximo gobierno a instalarse el próximo 28 de julio.
Lampadia
