Jaime de Althaus
Para Lampadia
Ahora que los partidos políticos están formulando sus planes de gobierno respecto de qué hacer con los servicios públicos que son un desastre e incluso empeoran pese a que reciben cada vez más presupuesto que pagamos todos los peruanos, conviene recordar que hay solo dos maneras de alcanzar servicios públicos eficientes y de calidad.
La primera es seguir el modelo del Banco Central de Reserva, una entidad autónoma absolutamente meritocrática a la que no se puede ingresar por recomendaciones políticas sino luego de aprobar un curso sumamente riguroso.
La idea entonces sería crear entidades autónomas de ese tipo para manejar la educación, la salud, el agua potable, la seguridad y la infraestructura. Es lo que ha propuesto reiteradas veces Fernando Cillóniz.
Sería un gran avance. De todas maneras, el propio Banco Central de Reserva depende de que se nombre un buen presidente y directorio. Y ese nombramiento sigue siendo político. La excelencia de la tecnocracia meritocrática del BCR puede resistir las indicaciones o decisiones de un directorio mediocre, pero no de uno malo.
Por eso, una solución aún mejor que esa sería que los servicios públicos sean brindados por empresas privadas en competencia y pagados por los usuarios. Los de menos recursos recibirían un bono para pagarlos.
Esto supone concesionar los hospitales, centros de salud, colegios, etc. a empresas privadas o transferirlos a sus médicos o profesores.
Estos establecimientos no recibirían presupuesto público, sino que solventarían sus gastos con los pagos de los usuarios, en competencia.
El presupuesto que recibían será destinado a la demanda, sea a los usuarios directamente, por medio de bonos, sea a compañías de seguros a las que los usuarios se afilian.
Los prestadores se verán obligados a ofrecer servicios de calidad para atraer a usuarios.
Este sistema tiene varias ventajas. La primera es que no está expuesto a manipulaciones o interferencias políticas. Las entidades prestadoras son auténticamente autónomas, privadas. Los políticos designarían a los ministros, pero los ministerios se concentrarían en una tarea puramente reguladora y supervisora.
La segunda ventaja es que están obligadas a ser meritocráticas si quieren sobrevivir en el mercado, pues dependen de la preferencia de los usuarios. Eso significa que los empleados, más aún si son dueños, tienen que trabajar y producir resultados, con la consecuencia de que desaparecen las argollas corruptas típicas de los servicios públicos.
En realidad, la corrupción es intrínseca al Estado. Una posición de monopolio, estabilidad laboral absoluta y ausencia de rendición de cuentas es el ambiente perfecto para la proliferación de corruptelas de todo tipo. Eso se acaba con este modelo, en beneficio de la gente.
Modelos como estos para educación y salud existen por ejemplo en Chile, Colombia, Suecia, Tailandia, Camboya y algunas zonas de Estados Unidos.
Hay áreas en las que el tránsito sería mucho más fácil, porque de hecho los usuarios ya pagan directamente el servicio. Es el caso del agua potable y saneamiento, que entonces debería ser administrada directamente por empresas privadas contratadas por ellos. Y, por supuesto, Essalud, que debe ser manejado por los empresarios y trabajadores, no por el Estado, pero independizando a los prestadores.
Algo que se acerca a este modelo es la operación de los hospitales Kaeli y Barton, dos Asociaciones Público-Privadas que brindan un servicio excelente regido por un contrato de gestión con Essalud por el cual deben cumplir ciertas metas, pero con un incentivo claro a desarrollar la prevención para tener un menor gasto en curación y mejorar así sus márgenes.
Una vía alternativa o complementaria son los seguros privados sin financiamiento público.
Eso ya comenzó. Hace unas semanas Pacífico y Yape lanzaron el “Seguro Social Yape”: pagando 9 soles al mes se tendrá un seguro para teleconsultas médicas ilimitadas y S/500 en caso de hospitalización. Otra experiencia son los hospitales de la Solidaridad, donde se consigue atención inmediata mucho más eficiente que en los del Ministerio de Salud, a cambio de un pago muy módico.
Así tendríamos buenos servicios sociales. Y eliminando regulaciones, las empresas florecerían, habría empleo formal y la pobreza desaparecería.
Lampadia
