Jaime de Althaus
Para Lampadia
La Fiscalía de la Nación no solo se ha convertido en el teatro de una guerra intestina que no tiene cuando acabar, sino que se ha transformado, ya desde que se creó el equipo de fiscales Lava Jato, en un centro de abusos y violación de derechos humanos. La manera cómo se demandó prisiones preventivas a importantes políticos por hechos que no eran delito, como las donaciones de campaña, configuró un cuadro no solo de abuso sino de persecución política que tuvo graves consecuencias en el debilitamiento de parte importante de la clase política, dejando la cancha casi libre a candidaturas deletéreas como la de Pedro Castillo.
Pero ahora se agregaría el hecho de que esa institución se ha convertido, además, en un nido de corrupción, donde se paga por archivar denuncias o nombrar o retirar fiscales e incluso por ganar licitaciones, si la mayor parte de las imputaciones contenidas en la reciente orden de allanamiento y detención preventiva dictada a pedido del Equipo contra la Corrupción en el Poder son ciertas. Se trata de hechos muy graves que podrían comprometer incluso a los más altos niveles del Ministerio Publico, y que obligan a pensar en el imperativo de purgar esa institución. Si el Congreso fuera capaz de nombrar a una comisión de altos juristas que se haga cargo de esa tarea junto con la de nombrar a nuevos fiscales supremos y superiores, habría que hacerlo. El problema es que el Congreso que tenemos no es confiable.
Sin embargo, el mismo equipo fiscal que ha llevado a cabo estas investigaciones, habría vuelto a las andadas con lo que parece ser un abuso: el allanamiento a la vivienda del periodista Juan Carlos Tafur, que tiene todas las trazas de una arbitrariedad y una violación de los derechos fundamentales del ejercicio de la libertad de prensa.
Pues la propia resolución de allanamiento toma como justificación un artículo de investigación publicado por Tafur, algo inaudito.
Dice la resolución, por ejemplo: “Juan Carlos Tafur Rivera, en su condición de integrante de esta organización criminal, cumpliría el rol de operador, pues aprovechando que es periodista y tiene apertura a los medios periodísticos, se habría puesto a disposición del programa criminal, publicando a sabiendas un reporte sobre desprestigio a la fiscal superior Marita Sonia Barreto Rivera, que había sido formulado por el abogado de su gran amigo José Luis Castillo Alva”.
Tafur ha señalado que “Se esconde además en este presunto afán investigatorio una clara represalia por el informe de Sada Goray, que no faltaba a la verdad en ninguna línea del mismo. Tanto es así que yo no he merecido ninguna carta aclaratoria, carta notarial o querella por difamación de ninguno de los artículos publicados”. Según Tafur, “el objetivo es claro y evidente: acceder a mis fuentes informativas, que son muchas y sobre diversos temas, pero que en el caso del allanamiento buscan encontrar quiénes eran las personas que me proporcionaban información que sustentaba los informes publicados”.
La fiscalía también le imputa haber participado “en las coordinaciones para la destitución de fiscales y el nombramiento de aquellos que respondan a los intereses de José Luis Castillo Alva, investigado por el caso Cuellos Blancos del Puerto”. Tafur estuvo en reuniones, y habrá que determinar hasta dónde llegó. Pero el niega cualquier acto doloso: “Yo no he participado de ningún trasiego de dinero, no he sabido de ello en ninguna circunstancia, no he realizado asesorías institucionales ni media training a nadie del Ministerio Público y a ninguno de los imputados, no he recibido jamás emolumento alguno, tampoco he sido operador de ningún favor administrativo de los muchos que se les imputan a otros inculpados en el expediente fiscal”.
Los delitos deben ser investigados y castigados, qué duda cabe. Tampoco los periodistas están, por serlo, fuera de toda sospecha. También deben ser investigados si se presume que hayan cometido actos ilícitos. Pero no se puede criminalizar artículos de investigación periodística simplemente porque critican conductas de los fiscales, en un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional.
El sistema de justicia se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en el primer poder del Estado, pero no para administrar justicia, sino para cometer excesos. Es necesario detener esto. Lampadia
