Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia
Uno de nuestros mayores problemas nacionales es el creciente y sostenido alejamiento de los peruanos más capaces y honestos del servicio público.
En lugar de corregir esta falencia, lamentablemente viene ocurriendo todo lo contrario. Los incentivos de la gestión pública están diseñados para atraer a muchos personajes que podemos calificar como aventureros, incapaces y deshonestos, que encuentran en el Estado, gracias al crecimiento de la economía y a la inversión privada de la primera década del siglo, ingentes recursos fiscales, que ven como propios.
Ni siquiera les motiva fomentar mayores inversiones para atraer más recursos fiscales; les es suficiente con los flujos actuales, y encima se dan el lujo de constituirse como opositores de la inversión privada y de los negocios en general, ya sea poniendo trabas administrativas, regulaciones absurdas o exigencias de coimas y cohechos.
Ahora resulta que la Contraloría General de la República también aleja del Estado, a los ciudadanos llamados a prestar servicios de asesoría ad-honorem, calificándolos caprichosamente como funcionarios públicos.
Veamos la nota de Gestión (glosada) del 16 de junio pasado al respecto:
Quiroga sobre renuncia a comisión consultiva
Abogado constitucionalista cuestionó que la Contraloría haya buscado dar un estatus de funcionarios públicos a los integrantes del grupo, pese a no serlos y desempeñar sus labores ad honorem.
Aníbal Quiroga renunció a la
comisión consultiva del Ejecutivo
El abogado Aníbal Quiroga presentó su carta de renuncia a la comisión consultiva encargada de brindar asesoría especializada en materia constitucional a la presidenta Dina Boluarte.
En diálogo con RPP, Quiroga explicó que su renuncia al grupo de trabajo del Ejecutivo no es por alguna discrepancia con Boluarte, sino porque desde la Contraloría General de la República se les buscaba dar a los integrantes de la comisión el status de funcionarios públicos, pese a no serlos y desempeñar sus funciones ad honorem.
La verdad, parecería que esta es una maniobra por afirmar el poder de la Contraloría, más allá de su importante cometido.
CONTROL CONCURRENTE
Desde hace tiempo, la Contraloría pretende juzgar decisiones técnicas y operativas, más allá de su eventual ilegalidad o adecuación normativa, habiéndose llegado a formular denuncias inadecuadas.
Además, la labor de la Contraloría adolece de excesivos formalismos, desincentivando que funcionarios capaces y probos hagan una gestión eficaz.
Todo esto hace casi imposible que el Estado, en sus distintos niveles y agencias, pueda propender a mecanismos de gestión eficientes y eficaces, alejando a los mejores profesionales del servicio público.
Por temor a la contraloría, hay innumerables casos de funcionarios que no se atreven a tomar decisiones, por lo que se paralizan muchas obras o tienen que ir a arbitraje casi por cualquier cambio en las condiciones originales de los contratos.
Dada la incapacidad de los mecanismos de control del Estado para evitar manifestaciones evidentes de corrupción en la gestión pública, la Contraloría no ha encontrado una mejor idea que establecer el llamado ‘control concurrente’. O sea, acompañar la gestión pública con controles ‘paralelos’ (previos) a cualquier decisión de los funcionarios públicos.
Instituto Europeo de Inteligencias Eficientes (IEIE)
Mucho control, no es control. Así solo se propician sistemas semi-policíacos que se prestan para todo tipo de acciones disfuncionales.
Pretender, además, que los cargos ad-honorem se califiquen como de funcionarios públicos, alejando a los ciudadanos que patrióticamente están dispuestos a apoyar al Estado, es un exceso que esperamos se corrija a la brevedad. Lampadia
