Jaime de Althaus
Para Lampadia
La lucha contra la delincuencia y las extorsiones no va a funcionar sin un fuerte liderazgo presidencial de un plan claro y monitoreable. Pero no tenemos ni una ni otra cosa.
Menos mal que el decreto supremo que declara el Estado de Emergencia en los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho y algunos de Piura, subordina la presencia de las Fuerzas Armadas a lo que pida la Policía, pues establece que la PNP mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas donde la Policía requiera dicho apoyo. Pues es claro que nada podrían hacer los militares contra las extorsiones, por citar el delito más extendido. Otto Guivobich opina que las FFAA podrían quizá aislar zonas de concentración de delincuentes siempre y cuando la Policía haya hecho un trabajo de inteligencia que permita identificarlos y detenerlos.
Y eso es lo que no existe en medida suficiente. Lo primero que debería hacer la Presidente Dina Boluarte es pedir un plan para aumentar significativamente el número de policías dedicados a la inteligencia operativa, a investigar y detener (no tanto a patrullaje),[1] a fin de multiplicar los GEIN, digamos, con tecnología, pero unificando el comando de las unidades de investigación e inteligencia, hoy atomizadas y carentes de sinergia entre ellas.
Pero eso demanda gestión, y algo que tiene que saber la Presidente es que hay un serio problema de gestión en el sector Interior, que al 30 de setiembre solo ha podido ejecutar el 15% de los 348 millones que tiene para inversión.[2] Tiene que exigir equipos competentes.
Ahora bien, si logramos expandir la fuerza investigadora, tendremos más capturas. Y allí viene el problema de cómo hacer para que los detenidos no sean liberados. La Presidente Boluarte tiene que convocar a las cabezas del Ministerio Público, del Poder Judicial y del INPE para concordar soluciones, como las que ya se han esbozado.[3] Y supervisar el decreto legislativo que salga de las facultades legislativas para devolverle autonomía a la Policía en la investigación del delito, dando cuenta al fiscal.
También debería apoyar la propuesta del alcalde de SJL, Jesús Maldonado, que ha “ofrecido al Ministerio del Interior un local en la zona de Campoy para la implementación de un centro de flagrancia de un área de 400 metros cuadrados. Allí se puede actuar en conjunto el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia para procesar diversos actos delictivos y que se condene de inmediato a un delincuente ante la flagrancia de delito”[4], eliminando la sensación de impunidad. El DS recoge esta idea estableciendo que el Ministerio del Interior coordina con la PNP, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el MINJUS para la instalación y/o fortalecimiento de las Unidades de Flagrancia. La presidente Boluarte debe alentar a las municipalidades a que establezcan estos centros de flagrancia.
Si tenemos más detenidos, necesitamos más cárceles. La presidente tiene que buscar soluciones a este tema.[5] Y bloquear de una vez por todas los celulares desde los penales. Asimismo, debe liderar el sistema nacional de seguridad ciudadana, impulsando a los alcaldes a reunir y presidir los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana que son claves para sumar a las comisarías, juntas vecinales y todas las instituciones en un plan de lucha contra la inseguridad ciudadana que identifica las zonas calientes e incluye recuperación de espacios públicos y actividades de recuperación de los jóvenes.
Pero lo primero que vemos es que el DS en mención ni menciona estos comités ni fue conversado con los alcaldes. Jesús Maldonado ha reaccionado diciendo que es un grave error prohibir los eventos sociales y espectáculos entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, porque se afecta la economía del distrito. Y tiene razón. La Presidente tiene que estar encima. Lampadia
[1] Podemos a cambiar el régimen de 24 por 24 a uno de ocho horas, para aumentar automáticamente el número de agentes disponibles, como ha señalado Ricardo Valdez, y reenganchar a expolicías jubilados para que asuman funciones administrativas y de guardia para liberar a otros policías para las tareas más activas, como propone José Luis Gil.
[2] Data para la acción Consejo Privado de Competitividad / Datos Abiertos MEF
[3] Debe analizarse extender el plazo de detención policial en los casos de flagrancia y flexibilizarse temporalmente el nivel de pruebas que se exige para una detención preliminar o preventiva mientras no tengamos más laboratorios de criminalística. Hoy tenemos solo uno que no se da abasto.
[4] Habría que agregar allí una carceleta que permita condenar a penas cortas a quienes hayan cometido delitos menores.
[5] José Luis Gil propone convertir una parte de los dos mil inmuebles incautados por el Estado en “módulos carcelarios temporales” para trasladar allí a los internos que están por cumplir condena, tienen edad avanzada o enfermedades graves e incurables o que hayan cometido delitos no violentos. “Esto permitiría liberar espacio en las cárceles principales para sacar a los criminales de las calles”.
