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Lima-Perú, 07/04/2021 a las 09:04am. por Carlos Gálvez Pinillos

Negligencia que cuesta vidas

La vacunación y la mecida

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Nunca se ha visto tan claro, que el gobierno de Vizcarra no se ocupó del tema de las vacunas para resolver el problema sanitario del Perú. Lo más probable, es que, con lo limitado de su mundo, no haya pensado en las múltiples opciones que la industria farmacéutica mundial le podía ofrecer, con posibilidades de éxito para el logro de vacunas eficaces, de laboratorios de primer nivel en el mundo y la conveniencia de lograr múltiples fuentes de abastecimiento de las mismas.

Con una típica mentalidad tercermundista, se acercó, principalmente, a Covax Facility, ONG orientada a apoyar a países en vías de desarrollo, pero no fue capaz de convocar y conectar con los principales laboratorios del mundo.

Tampoco fue capaz de convocar a los representantes de esos laboratorios en el Perú, ni de escuchar a quienes conocen de estos asuntos.

Es cierto que, para las cámaras, convocó al “Comando Vacuna”, pero ni Vizcarra, ni sus entonces ministros; Zamora primero y Mazzetti después, ambos burócratas de toda la vida, sin conocimiento de ese mundo globalizado, prestaron oídos ni se apoyaron debidamente en gente que, con la mejor voluntad del mundo y vocación de servicio al país, les hubiera resuelto el problema y abierto las puertas que ellos no conocían.

Más triste aún, cuando asume Sagasti, comete el mismo error, sigue apoyándose en la ministra Mazzetti, no deslinda con la incapaz gestión de Vizcarra y continúa la misma dinámica de no convocar y escuchar a los que saben algo más que ellos sobre este tema. Felizmente, Sagasti permitió apoyo logístico privado para plantas de oxígeno, suministro de oxígeno medicinal y aceptó, en aras de mayor rapidez, que el sector privado se ocupe de la logística y pago de la importación del primer lote de vacunas Sinopharm, desde China.

El problema de fondo es que, siguiendo el sentimiento de quienes jamás han gestionado nada en el sector privado, sino que han pasado la vida entre ONGs y entidades públicas o haciendo “consultorías”, ellos tienen un profundo recelo y resistencia respecto del sector empresarial. No entienden su dinámica, sus procesos y la necesidad fundamental de cumplir objetivos de calidad, tiempo y costos. ¡En el sector privado se paga por resultados!

Esta distancia y diferencia de óptica, los ha llevado también a impedir que el sector empresarial privado compre vacunas, maneje la logística del proceso de vacunación y lleguen al extremo de decir que, “no desean que el que tiene plata se vacune y que, el que no la tiene se quede sin vacunar”. Como si la diferencia entre el adinerado y el pobre, fueren a lo sumo 100 soles por las dos dosis de vacuna. Como resultado, en enero se anunció la compra de vacunas con arribo en febrero y ya estamos en abril, y hasta ahora, no tenemos un abastecimiento suficiente ni continuo de vacunas. En dos meses se ha aplicado vacunas a medio millón de personas, pero las dos dosis, sólo a 250 mil, mientras nuestro vecino Chile, ya pasó los 7 millones de vacunados.

Después de mucha insistencia y de haber negado, múltiples veces, el apoyo de las compañías aseguradoras y clínicas privadas para vacunar a sus afiliados, apareció como una sorpresa la noticia de que, el gobierno habría aceptado el apoyo de estas empresas, para que empiecen a vacunar a partir del 1 de abril. Todos los afiliados a seguros privados y clínicas, se alegraron pensando que el gobierno había reflexionado en aras de una vacunación más eficiente, menos aglomeración y mejor atención, pero no. Todo fue una “mecida”, el gobierno dispuso que esa disposición sólo sea válida para los que tengan únicamente seguro privado y ningún seguro adicional, tales como ESSALUD o SIS, sabiendo que, el 90% de los asegurados en EPS, son asegurados de ESSALUD.

Nuevamente la ideología los gana, pues ESSALUD y el SIS no tienen registros confiables y esto, también demora todo el proceso. Se ha reportado que, ESSALUD tiene un error de registro de 743,937 personas (7.7% de su población asegurada), lo que entorpece la vacunación. ¿Por qué no empezamos por la información más clara y fidedigna de las aseguradoras privadas? ¿Por qué no separar entonces a los afiliados de seguros privados y clínicas, utilizando para el resto de la población el registro de RENIEC, después de descontar los reportados de los seguros privados? ¿Es legal que a los ciudadanos se le impida el derecho a la vacuna por errores en las bases de datos de ESSALUD y SIS, en lugar de usar el registro de RENIEC? Total, todos debemos ser vacunados.

Como resultado, después de un año de “Estado de Emergencia Sanitaria”, tenemos reconocidos 52,000 fallecidos por COVID, pero más del doble según SINADEF y 1.54 millones de contagiados, pero por incapacidad burocrática, no contamos con oxígeno ni plantas de oxígeno, camas UCI, ni personal calificado en número suficiente para atender a una creciente población enferma y aún no tenemos un sistema de monitoreo y control sanitario, que permita confinar a la población contagiada. Hasta hoy, tampoco tenemos vacunas de calidad en cantidad suficiente, ni tenemos una logística de vacunación debidamente organizada (basta ver los videos de los ancianos de la PNP tratando de vacunarse en el hospital de Policía o asegurados, adultos mayores, haciendo cola de dos a tres horas, al sol y sin poderse vacunar).

El ofrecimiento de vacunación a los miembros de mesa de estas elecciones, ya quedó en nada e incluso, los ciudadanos que se prestaron para participar en el estudio Fase 3 de las vacunas chinas, pero que recibieron placebo, hoy están a su suerte y sin respuestas de nadie. El anuncio del Presidente, de contar con por lo menos 15 millones de vacunados para julio 2021, se redujo a 10 millones, más tarde a 5 millones y ahora, si Dios quiere y la Virgencita nos acompaña, a 3.5 millones.

En esencia, esto es una mezcla de incapacidad absoluta e indolencia que, con un manejo y lenguaje sibilino y edulcorado, ha llevado a la población a creer que las cosas progresan, sabiendo que no tienen soluciones a mano, ni en un plazo razonable. Las cosas así, ya pasaron de un nivel de negligencia a uno de comportamiento doloso, atentando contra los derechos constitucionales básicos de los ciudadanos. Felizmente, tres abogados constitucionalistas reconocidos, han planteado una acción de amparo de garantías constitucionales, para permitir que los ciudadanos tengamos acceso de manera libre, pública o privada, a las vacunas requeridas.

Todo indica que, en una típica actitud burocrática, este gobierno viene esperando, con Sagasti vacunado antes de tiempo, que el próximo gobierno se haga del problema. A esto en inglés se le llama “procastinating” y en criollo se le llama “una mecida”.

¿Será por esta “calidad de gestión” que el Partido Morado tiene 1% y fracción en las encuestas de preferencia electoral a la fecha? Lampadia

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