En ese país se aplica una política integral de seguridad
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Conversamos con el ministro de Justicia, Eduardo Arana, para preguntarle qué vio en su visita a los penales de El Salvador de Nayib Bukele y qué se puede adaptar al Perú.
Comenzó diciéndonos que los penales son solo un componente de una política de seguridad ciudadana integral, que ha tenido resultados extraordinarios.
Su primera reunión fue con el director general de la policía civil, que le explicó lo que se hizo para cortar la corrupción en la Policía: tuvieron que sacar a una parte importante del personal y reemplazarlo por agentes nuevos. Los policías ganaban 100 dólares al mes y con descuentos por deudas, etc., recibían 30. Por lo tanto, eran muy vulnerables a la corrupción. Entonces al nuevo personal se le subió el sueldo y el policía raso pasó a recibir 900 dólares más 200 en comida.
Luego se creó la Academia Nacional de Seguridad Pública, con la misión de infundir una nueva ideología de seguridad ciudadana a los agentes, a partir del hecho de que ya la criminalidad organizada había dejado de ser el problema principal. Ahora hay una policía integrada a la comunidad y al barrio, que colabora con la sociedad.
Pero inicialmente fue con esa nueva policía y con las fuerzas armadas que se ejecutaron los llamados “cercos territoriales”, donde se ingresó vivienda por vivienda para identificar a los miembros de las maras.
Antes de eso, se había estudiado con criptólogos el lenguaje y los códigos de los tatuajes, donde se puede leer el grado que tiene el delincuente en la organización, la cantidad de personas que ha matado, etc. Así se pudo detener a alrededor de 85 mil integrantes de esas bandas y se pudo incluso identificar a los cabecillas. (En el Perú solo el Tren de Aragua, Los Hijos de Dios y algunas otras tienen tatuajes).
Apareció entonces el problema de qué hacer con los hijos o familiares de estos delincuentes que quedaban en el abandono. La ministra de Economía le informó que se solicitó al Banco Mundial un préstamo por 150 Millones de dólares entre otras cosas para un programa de prevención para estos y otros jóvenes en situación de alto riesgo, programa que les provee desayunos y almuerzos, educación, actividades diversas, etc. y permite romper el círculo perverso de la criminalidad.
Pero había que resolver un problema paralelo: la policía, los fiscales y jueces liberaban a los delincuentes que capturaban. El ministro de Justicia le explicó a Arana que, para resolver eso, hubo que cambiar las normas. El Congreso, luego de dos años, les dio facultades. El código procesal era muy garantista. Se estableció el delito de pertenencia a una banda criminal, tipificada ahora como terrorista, que lleva 40 años de cárcel.
Y hubo que retirar a los jueces y fiscales que tenían pactos con organizaciones criminales. El presidente de la Corte Suprema le refirió cómo fiscales y jueces adoptaron un “compromiso patriótico” para aplicar las nuevas normas y cambiar la jurisprudencia a fin de no liberar y sí castigar.
Y llegamos entonces a los penales. Había que construir nuevas cárceles desde que fiscales y jueces ya no liberaban a los detenidos. Construyeron el primer penal, el Secot, para 40 mil presos, donde hay 12 mil internos.
Pero el ministro Arana visitó un segundo penal para 10 mil reclusos que tiene la particularidad de ser inteligente.
Tiene 8 módulos y 4 pabellones por módulo. En cada pabellón hay 200 internos y un solo agente de seguridad. Todos los presos están identificados mediante un control biométrico físico. En cada pabellón hay cámaras que siguen a todos los internos. Esas cámaras saben quién es quién, miden las pulsaciones y otros signos vitales y pueden leer incluso las intenciones de un recluso cuando este se acerca a otro con propósitos agresivos, por ejemplo. Comunican entonces inmediatamente al agente de seguridad quien lanza un aviso verbal al interno advirtiéndole que no se acerque. Si desobedece, recibe un disparo.
Allí no queda la cosa. El penal es autosuficiente. Está situado en un terreno muy grande, donde se cultivan los alimentos que se consumen. ¿Quiénes cultivan? En el penal hay tres categorías de reclusos según su nivel de peligrosidad.
Los más peligrosos son los que vienen de las maras.
En un segundo nivel están los delincuentes comunes. Estos son los que cultivan las tierras y producen otros bienes.
En tercer lugar, están los internos “de confianza”, aquellos que están listos para la semilibertad o que incluso deciden quedarse porque tienen alimentación. Ellos son los que cocinan y reparten la comida, limpian los baños, etc.
Por eso y por el sistema inteligente, apenas 35 personas trabajan en el penal. Todo está monitoreado por las cámaras y todo lo hacen los internos. Incluso la electricidad es autogenerada en paneles solares.
Este penal se financió con el préstamo del Banco Mundial y la tecnología inteligente la puso Estados Unidos.
¿Qué de todo esto se puede aplicar en el Perú? El ministro Arana se ha propuesto conversar con los congresistas y con el presidente del Poder Judicial para consensuar una política criminal, examinando, por ejemplo, si es posible crear la figura de que la sola pertenencia de organización criminal sea delito. El general Arriola ha planteado que, si eso es así, debería bastar con determinar la pertenencia para que el imputado pase a directamente a detención preventiva. Pero debe analizarse bien, porque también se trata de fortalecer el trabajo científico, criminalístico, de la Policía, dotando de laboratorios a las Unidades de Flagrancia. Para eso hubo un presupuesto de 111 millones el año pasado que no se gastó.
Lo otro es potenciar con recursos el programa “Cambiando rumbos” para atender a los jóvenes en situación de riesgo, para extraerlos de las garras de la criminalidad. Y respecto de los penales, el ministerio de Justicia ha solicitado al MEF gestionar un préstamo del BID para instalar un sistema inteligente (cámaras, control inteligente, identificación y chequeo de personas, bloqueos) en los penales actuales y construir un nuevo penal inteligente para 10 mil internos. Al mismo tiempo que se culmina las ampliaciones de 5 penales que estaban paralizadas y dos proyectos más. Si se consigue los recursos, el ministro estima que en un año y unos meses más se podría agregar, sumando todo, alrededor de 20,000 plazas más en las cárceles. Si a esta ampliación de la capacidad de albergue se agrega el deshacinamiento de las cárceles vía normas y vía vigilancia electrónica en los domicilios, el problema de la sobrepoblación de los penales se reduciría apreciablemente. Veremos. Lampadia
