Jaime de Althaus
Para Lampadia
El Congreso no solo se ha propuesto demoler el sistema privado de pensiones, dejando sin pensión a los aportantes, sino que, como si fuera poco, se ha propuesto dinamitar el Estado, la estabilidad fiscal del Estado. Abrirle boquete tras boquete hasta hundirlo.
Lo último ha sido el propósito de insistir en la ley observada por el Ejecutivo que disponía devolver los fondos de las ONP, que tiene un costo de 17 mil millones de soles. Un verdadero coche bomba.
Antes de eso dos dictámenes aprobados en la Comisión de Constitución tendrían también consecuencias letales. El primero deroga un decreto de urgencia que ordenaba el proceso de negociación colectiva en el Estado y ponía límites a los acuerdos. Y el segundo deroga otro decreto de urgencia relativo a las reincorporaciones por mandato judicial de personas que ni siquiera habían ingresado por concurso público y para las que no existía plaza presupuestal.
Ambos temas se habían escapado completamente de control, amenazando seriamente la disciplina fiscal del país, una conquista nacional que es una de las pocas fortalezas del Perú. Resulta que en muchas entidades públicas las negociaciones colectivas se resuelven en laudos que otorgan aumentos y beneficios inmanejables que pueden convertirse en una bomba de tiempo fiscal y que generan una situación caótica e injusta donde pequeños grupos son privilegiados en detrimento de la calidad de los servicios públicos para todos los peruanos. En el caso de las reposiciones judiciales el costo, según el MEF, alcanza los S/ 151 millones cada año y podría llegar a más de S/ 1,300 millones.
Era indispensable ordenar y poner límites a esos temas, para desactivar la bomba de tiempo que ya se encendió. Por eso, es muy irresponsable derogar esos decretos de urgencia. Se trata de dictámenes desvergonzadamente clientelistas orientados a satisfacer el pedido de los sindicatos con la idea ilusa de ganar el voto de los empleados públicos. Solo se piensa en el interés político inmediato.
Estos han sido los últimos dos torpedos de una batería que ya ha disparado toda una serie anterior. Tuvimos el que regalaba nombramientos y ascensos automáticos a todo el personal de Salud y Essalud, que no solo entraña un costo fiscal permanente de 4 mil millones de soles, sino además la anulación de la meritocracia en el sector. Fue observado por el Ejecutivo y aprobado por insistencia. Ha sido demandado ante el Tribunal Constitucional.
Se aprobó el que reponía a 14 mil maestros que no habían pasado evaluación, que también destruye el principio meritocrático. Y otros más.
No solo se revienta el fisco, sino que se sabotea la meritocracia, indispensable para tener un Estado al servicio del ciudadano y no de sí mismo, o de sus empleados. Al Congreso no le interesa otra cosa que sus propios apetitos políticos. Lampadia
