En una reciente encuesta de Ipsos-Perú, el sistema político peruano sufre un rechazo devastador: solo el 5% de los encuestados aprueba a los partidos políticos, el Congreso apenas llega al 8% y el Poder Judicial a 11%. Es decir, lo que representa a la política y dos poderes del Estado, columnas centrales de un sistema democrático, no gozan de la confianza ciudadana. A diferencia de esta desaprobación, algunas instituciones de enorme impacto social son aprobadas con nota sobresaliente: la radio con 67% y la Iglesia Católica con 65%. Sin embargo no todo el Estado está sumido en el descrédito: la Reniec tiene 59% de aprobación y el Banco Central de Reserva 49%, igual que la aprobación de las empresas privadas.
Semejantes cifras nos confirman una constante de nuestro modelo económico y social: la ciudadanía percibe que el crecimiento y reducción de la pobreza y la desigualdad se han desplegado al margen de la política, los partidos y el Estado en general. Tan grave situación no puede continuar, a menos que se pretenda arriesgar todos los logros alcanzado por el Perú. Extremando el análisis, la cohesión social de un país no puede reposar en la legitimidad de la radio o de la Iglesia Católica, porque las sociedades y las economías no florecen indefinidamente sin un Estado y autoridades legítimas.
La aprobación de la Reniec y el BCR nos confirman que cuando hay reformas, modernidad y eficiencia, las instituciones estatales pueden conseguir el favor de los ciudadanos. Con el crecimiento económico, el Estado se ha llenado de recursos fiscales impensados, pero los servicios en leyes, justicia, educación, salud y seguridad no han sido provistos con eficiencia y se extiende la sensación de que el gobierno cobra impuestos por gusto. Allí están los resultados de las encuestas. En todo caso, los políticos, los congresistas, los jueces y las autoridades tienen la palabra.
