Medidas indispensables a corto plazo
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Mientras el ministro del Interior sigue entretenido en atacar y defenderse de acusaciones, la criminalidad avanza. El paro de transportistas fue una clara señal de la gravedad a la que han llegado las extorsiones en ese sector y en todos los sectores de la economía popular, y un nuevo ataque a la mina Poderosa con el saldo de un muerto revela que la respuesta policial en Pataz no está dando resultados. La criminalidad asociada a la minería ilegal es una amenaza a la minería en su conjunto y por lo tanto a la viabilidad nacional.
El gobierno no reacciona.
Aquí se requiere un golpe de timón muy fuerte.
Lo primero es reestructurar el presupuesto nacional para concentrar recursos en la lucha contra estos males, dejando de lado gastos y programas innecesarios.
Se debe invertir muchos más recursos, pero dentro de un plan, que tampoco existe.
Primero, entonces, es el plan.
El gobierno debe conformar ese grupo de alto nivel con participación de las organizaciones empresariales y sindicales que fue ofrecido por la presidente hace unos meses. Porque los estados de emergencia decretados son inútiles. Incrementar las penas como se propone de nada sirve tampoco si no se captura y procesa a los delincuentes. La creación de un grupo especial de la policía contra las extorsiones puede funcionar solo si los delincuentes no son liberados y hay donde encarcelarlos. Veremos si la mesa de coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial propuesta funciona, pues allí está el problema, y en cuanto tiempo y para cuantos presos se ampliará el penal de Challapalca, como se ha anunciado.
En lo que se refiere específicamente a la lucha contra la criminalidad vinculada a la minería ilegal, hay un conjunto de decisiones y acciones que son perentorias. Según el comandante general de la Policía, general Víctor Zanabria, el estado de emergencia en Pataz no le sirve a la policía porque los jueces interpretan que la suspensión de las garantías constitucionales no se aplican a la lucha contra la criminalidad sino “en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe…” (art. 137 de la Constitución), Lo que hay acá es una interpretación muy restrictiva de ese artículo por parte del Poder Judicial, de modo que la policía en Pataz no puede intervenir un domicilio sin orden del juez. Entonces, o el Congreso aprueba una ley de desarrollo constitucional que permita que se aplique a la lucha contra la criminalidad, o se le pide a la Corte Suprema que emita una directiva jurisprudencial al respecto. Pero no quedarse de brazos cruzados.
Lo que no tiene limitación legal, es el ingreso de los policías a los socavones de los ilegales para desalojarlos. ¿Por qué no lo hacen? La comisión de Defensa y Orden Interno debe invitar al ministro del Interior a que responda esa pregunta. ¡Hay que actuar!
Lo tercero es evitar que el Congreso apruebe la prórroga del REINFO -patente de corso de la minería ilegal-, y más bien debata una ley de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) eficiente, inteligente, realista y financiada, que convierta en atractiva la formalización de los mineros informales como una manera de luchar contra la minería ilegal. El problema es que el propio presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez Ticona, tiene un proyecto de ley para extender el REINFO, lo que sería gravísimo. El Congreso tiene que ponerse del lado de la guerra a la criminalidad. En ese sentido, también, derogar o mejorar la ley que aprobó sobre la tipificación de organización criminal.
Pero hay acciones que el Ejecutivo y los gobiernos regionales pueden tomar aun con el REINFO actual. Por ejemplo, se supone que legalmente aquellos que están suspendidos en ese registro, que son la mayoría, no pueden operar. La policía que controla la carretera de salida de Pataz debería intervenir un volquete cuyo conductor presente un REINFO suspendido. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Por falta de decisión política y directivas claras. El Ministerio de Energía y Minas se supone está coordinando con el Ministerio del Interior para definir una directiva al respecto. Esos policías deberían tener una aplicación con la lista de los suspendidos, y no dejarlos pasar.
La propia comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso debería citar a los ministros de Interior y de Energía Minas para exigirles resultados en esto. El gobierno regional, por su parte, debería verificar que quien tiene un REINFO esté operando allí donde declaró, y excluirlo si está en otra locación (dentro de la concesión de Poderosa, por ejemplo). No lo hace.
Y se requiere una estrategia de intervención de las plantas procesadoras de oro ilegal. ¿Qué hace la Comisión para la Lucha contra la Minería Ilegal dependiente de la PCM? Nadie sabe.
Aquí ocurre que muchas plantas están por debajo del radar de la OEFA y OSINEGMIN, por ejemplo, porque por su tamaño solo pueden ser fiscalizadas por los gobiernos regionales. O se centraliza este manejo, o por ley se ordena a los gobiernos regionales que firmen convenios con esos organismos.
En fin, se requiere una estrategia integral de lucha contra la minería ilegal y la criminalidad asociada a ella. Y decisión política. Antes de que sea demasiado tarde. Lampadia
