En el Perú se ha retomado el debate sobre una ley antimonopolio y control previo de fusiones que buscaría, en teoría, ser un mecanismo regulador de las concentraciones empresariales, proteger al consumidor y promover la competencia. Sorprendentemente (o quizás no), los medios que parecen estar más entusiastas con la eventualidad de su establecimiento son los más alejados de la economía de mercado, como el diario La República, y el promotor de la ley, Yonhy Lescano, autor de innumerables iniciativas populistas. Lo que no se comentan son los costos privados innecesarios que se generarían en trámites burocráticos y riesgos de corruptelas que podrían ir en contra de la eficiencia de los mercados.
Esta no es la primera vez que se propone una ley de este tipo. En el 2012, Gana Perú propuso una ley que obligaba a todas las operaciones en las que el comprador y el vendedor facturen desde 100,000 UIT y 10,000 UIT, respectivamente, a obtener una autorización de Indecopi. Es aleccionador que este proyecto de ley jamás llegara al Pleno del Congreso.
Ahora, la resucitada y mediática ley propone, en simple, regular (mediante un control previo) los procesos de fusión, adquisición o concentración empresarial cuando el grupo resultante tenga el 51% o más de la participación del mercado. El mencionado congresista de Acción Popular propone que “no se autoricen las fusiones, adquisiciones o concentraciones cuando se determine que dichos activos limitan severamente la competencia, o generan o pueden generar abusos de posición dominante”.
Además, el proyecto incluye “como disposición transitoria que todos los procesos producidos con anterioridad a la vigencia de la norma y que resulten comprendidos, deberán adecuarse en un plazo máximo de 60 días”. Esta estúpida disposición abarcaría todas las compras y fusiones de empresas producidas en la historia del país que cumplan con las condiciones descritas líneas arriba. Esto sería anticonstitucional, empezando por que la retroactividad de las leyes está expresamente prohibida.
Según Lescano, su propuesta es un proyecto de ley de desarrollo constitucional, basado en el artículo 61 de la Constitución Política del Perú, y su objetivo es “obligar a través de esta ley la posición de una parte del congreso que dice: no señor, ahora se tiene que revisar a todas porque ellos han violado la Constitución del Estado» Sic.
Esta retroactividad también apuntaría a revisar la fusión de Backus con Inbev, donde la firma resultante en el Perú concentrará el 99% del mercado de cervezas y producirá un 30% de la cerveza que se consume en todo el mundo, con presencia en más de ochenta países y una fuerza laboral conjunta de unas 225,000 personas.
Pues bien, cuando instauramos la economía de mercado, el Perú eligió un sistema muy eficiente para lograr los objetivos aducidos pr el proyecto en cuestión, basado en los siguientes cuatro elementos: economía abierta, eliminación de barreras de acceso, control del abuso de la posición de dominio y regulaciones ad-hoc.
La Constitución del 93, que incluye estos elementos, ha permitido que el Perú pasara de ser prácticamente un ‘Estado Fallido’ en 1990 a una de las estrellas económicas en el mundo, que transformó nuestra economía, redujo la pobreza y la desigualdad, alentó el desarrollo de una importante clase media y la reducción de los precios de los bienes y servicios que se hicieron accesibles a la gran mayoría de la población. Pero, además, de alguna manera, por primera vez en nuestra historia, se desarrolló una institución económica muy importante: el mercado.
El propósito de una ley de fusiones es evitar la concentración de mercado y la creación monopolios, sin embargo, tampoco puede bloquear el crecimiento ni el avance del país. La teoría económica explica claramente los efectos de un mercado monopólico tanto en la producción cómo en los márgenes de las empresas monopólicas. Dentro de un mercado monopólico, si la demanda de un bien o servicio permanece relativamente estable (inelástica), y al no haber competencia ni sustitutos perfectos, la empresa tenderá a aumentar sus márgenes a pesar que ello implique menos demanda y producción ya que la ganancia en el margen por la totalidad de lo vendido superaría con creces la menor producción. El consumidor final tendría que pagar mayores precios de lo que lo haría en un mercado de competencia, y se tendería a tener menor oferta de estos bienes o servicios dentro de la economía, un fenómeno llamado por los economistas “pérdida de eficiencia social”.
Fuente: www.2gb.com
Para evitar los daños de un mercados monopólicos, las economías de mercado necesitan contar con un conjunto de reglas que garanticen un funcionamiento balanceado de los mercados. Sin embargo, es importante explicar que existe una diferencia sustancial entre la prohibición de monopolios y el combate de abusos originados por posiciones dominantes . El primero va al hecho per se (el monopolio), el segundo al resultado o efecto del monopolio en la sociedad; lo cual permite la existencia de monopolios, evitando el abuso de la posición de dominio.
En el Perú ya existe una Ley de control de abuso de posición dominante (Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas), “que prohíba y sancione el abuso de la posición de dominio y las prácticas colusorias horizontales y verticales fortalecerá sustancialmente el marco regulatorio de defensa de la libre competencia, lo que, a su vez, incentivará la eficiencia económica en los mercados, promoverá la competitividad económica del país y mejorará el bienestar de los consumidores, estableciendo un ambiente apropiado para las inversiones.”
Cuando se debatió la Constitución del 93, se descartó el modelo que ahora se vuelve a proponer, un modelo que requiere la intervención de la burocracia para determinar con antelación de los procesos económicos, si la unión de los unos con los otros es conveniente y si las posiciones dominantes son per se convenientes o inconvenientes.
Es importante resaltar que un requisito muy importante para que ese modelo sea exitoso es un nivel alto de institucionalidad, predictibilidad y moralidad en el sector público. Algo que nosotros adolecemos. El Perú cuenta con una gestión pública e instituciones deficientes, al igual que niveles muy altos de corrupción. Y, lamentablemente, además esta ley maneja conceptos tan amplios que se prestan a la manipulación política de la economía y a lobbies empresariales inconvenientes.
Ian Vásquez, en su reciente columna No a la ley antimonopolio, aborda está preocupación, explicando sus consecuencias en EEUU: “Bajo las leyes antimonopolio en EEUU a las empresas se las acusa de mantener precios muy altos o precios muy bajos. Se ha vuelto imposible predecir si una fusión se aprobará o una acusación de monopolio prevalecerá. Esto crea incertidumbre y un incentivo por parte de las empresas para hacer lobby en vez de enfocarse en su negocio. De hecho, las empresas menos exitosas y otros grupos de interés usan las leyes de fusión y antimonopolio para protegerse de la competencia. Quienes pierden en el mercado competitivo muchas veces ganan al apelar a la ley. El efecto es el de reducir la competencia y la innovación y prevenir que bajen los precios.”
Elmer Cuba (¿Control previo de fusiones?), por su lado, aconseja una mirada a los ejemplos en el exterior: “Las leyes antimonopolios (anti-trust law) han evolucionado en los últimos 100 año. En algunos países hay umbrales muy bajos y el control de fusiones ha devenido en un trámite más, no ha beneficiado ni a los consumidores ni a las firmas, se han perdido recursos públicos y solo han ganado los abogados y economistas. Si queremos tener una ley de este tipo en el país, debemos tomar en cuenta las experiencias de otros países y las mejores prácticas internacionales.”
Además, cabe agregar que este proyecto de ley creará más barreras burocráticas, que van en contra de uno de los objetivos del actual gobierno: eliminar las barreras de acceso. Se suponía que los peruanos habíamos entendido que se necesitaba iniciar un profundo proceso de desregulación, de liberar a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que impide el normal desarrollo del país. En Lampadia hemos denominado a ese exceso normativo como una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.), ver: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’. Necesitamos desenredar las trabas burocráticas y liberar a los ciudadanos y empresas para que sus emprendimientos e inversiones nos traigan un mayor crecimiento económico, reducción de la pobreza y recursos fiscales.
En lugar de experimentar con cambios apurados, mal enfocados, en un entorno institucional débil, lo que tenemos que hacer es reforzar los mecanismos actuales y vigilarlos. A los cuatro elementos importantes ya mencionados (economía abierta, eliminación de barreras de acceso, control del abuso de la posición de dominio y regulaciones ad-hoc), se ha agregado ahora un quinto elemento, la dinámica (hasta exacerbada) de las redes sociales, que permite alertas tempranas de abusos y de comportamientos empresariales disfuncionales. Lampadia
