Ing. Raúl Delgado Sayán
Para Lampadia
Uno de los problemas más graves del Perú, de su economía, nivel de tributación, ingresó fiscal, entre muchas otras, es el altísimo nivel de informalidad que llega al 70%. El sentido común recomienda que uno de los mejores tesoros que debe guardar es precisamente que el 30% de empresas y trabajadores formales no quiebren y colapsen, porque una vez superada la pandemia y se promueva la reactivación, esas serán las primeras que estarán en capacidad de reaccionar -y si ya no están- la reactivación será tremendamente penosa y difícil.
Según el economista Waldo Mendoza: «si las empresas formales no están vendiendo y además tienen que pagar salarios y otras obligaciones y cargas sociales, no hay duda que van a quebrar. La solución de corto plazo es que el Estado deje de cobrar todas las obligaciones a las empresas por uno o dos trimestres».
La recomendación es buena, pero no suficiente. Las empresas están paralizadas, no pueden siquiera facturar lo que le deben porque los clientes están igual paralizados y por tanto tampoco cobrar; no podrán cobrar en el futuro los bienes o servicios que han dejado de brindar en estos tiempos de paro total, con lo cual tampoco tendrán ingresos en los primeros meses de reingreso cuando ocurra; y por tanto las empresas necesitan inyección directa porque no es que como dicen: “la cadena de pagos se va a romper “… la cadena de pagos ya se rompió. Esto no es difícil de hacer, porque el Estado si conoce los montos netos de las planillas de las empresas formales.
Es absurdo señalar que los trabajadores de esas empresas tienen el problema resuelto con simplemente decir que el DS reconoce: “Licencia con goce de haber “… y de donde sale el Haber (?). Si no hay un auxilio directo las empresas formales quebrarán sin duda y por tanto los trabajadores serán desempleados instantáneos; y la informalidad crecerá a niveles superlativos, los ingresos fiscales al suelo; y la capacidad de recuperación económica -luego de la pandemia- será lentísima; el nivel de consumo caerá al mínimo, porque la gente ahorrará y no consumirá nada.
Respecto al Sector Construcción, en principio el Estado debería obligarse de inmediato a pagar todo lo que debe a proveedores, contratistas de obra y de Ingeniería y Supervisión; entre otros, que tiene aguantado hace años y que incluso algunos de arbitrajes han sido validados por el Poder Judicial, pero no quieren pagarlos y dicen: “no hay dinero”. Primero que nada, pagar de inmediato todo lo que deben.
En segundo lugar, devolver costosas cartas fianzas que mantienen innecesariamente en su poder a quienes ni siquiera tienen que ver y son terceros en arbitrajes en giro durante años. La nueva Ley de Contrataciones lo permite, pero no lo quieren hacer para contratos anteriores a esta modificación porque dicen: “no es retroactiva”. Esto es discriminatorio y un verdadero abuso, porque además de los costos disminuye innecesariamente las líneas de crédito de las empresas.
Otras Cartas Fianzas de obras paralizadas, trabadas o que ya no se van a hacer, también la burocracia las retiene. Algunas son retenidas por trabajos terminados y en uso de hace 5 años, y otras por trabajos que están trabados más de 3 años.
Y en tercer lugar, para el término de este aislamiento y de la pandemia -que esperamos sea pronto-, los sectores y el Gobierno deberían estar pensando en un serio shock de inversiones públicas y por Emergencia destrabar todo lo trabado. Todos los países ya están en eso, e incluso en Europa están llamando a un nuevo Plan Marshall. En el Perú tenemos un Plan de Infraestructura con 52 proyectos identificados, porque no echarlo a andar ahora con velocidad de crucero. Lampadia
