José Luis Sardón [1]
Buenos días. Me complace participar en este webinar de la International Bar Association (IBA) sobre Inversión en América Latina y el estado de derecho. Gracias a los organizadores por su invitación, especialmente a Juan Carlos de los Heros, socio director del Estudio Echecopar – Asociado a Baker & McKenzie International.
Un informe reciente del G30 pregunta: ¿por qué América Latina tiene un desempeño inferior?
Señala el fracaso de la región en validar la hipótesis de la convergencia. Esta postula que los países subdesarrollados tienden a crecer más rápido que los países desarrollados (y a alcanzarlos) ya que sólo necesitan copiar y pegar. En los últimos sesenta años, los países de Europa del Este y Asia han validado esta hipótesis. Sin embargo, América Latina sigue rezagada.
Dado que el G30 incluye a banqueros centrales, esta situación desconcierta. En los últimos treinta años, varios países latinoamericanos han tenido políticas macroeconómicas correctas. Además, muchos han abierto sus mercados, dejando atrás las políticas proteccionistas de décadas anteriores. Sin embargo, los niveles de vida de América Latina siguen alejándose del de Estados Unidos.
América Latina muestra que la estabilidad monetaria y los mercados abiertos no son suficientes para atraer inversiones. Una decisión de inversión combina la rentabilidad esperada y la incertidumbre. Por lo tanto, el Estado de derecho desempeña un papel central en tal decisión.
El Rule of Law Checklist de la Comisión de Venecia incluye legalidad, seguridad jurídica, prevención del abuso de poder, igualdad ante la ley y acceso a la justicia.
En el Rule of Law Index del World Justice Project, Uruguay, Costa Rica y Chile son los únicos países latinoamericanos que obtienen aprobación. Brasil y México, las mayores economías latinoamericanas, obtienen 49 y 42 puntos sobre 100. Por tanto, desaprueban. Mi país, el Perú, obtiene un puntaje similar al de Brasil. La región incluye a Venezuela, que tiene el peor puntaje del mundo, 26 sobre 100.
En este índice, los países de Europa del Este y Asia muestran mejores resultados. Entre los primeros, destacan Estonia, Lituania y Letonia, que alcanzan calificaciones similares a las de los países de Europa occidental. Entre los segundos, Singapur y Corea del Sur alcanzan al Japón. Sin embargo, como comenta el informe del G30, la diferencia no es lo suficientemente grande como para explicar suficientemente el pobre desempeño económico de América Latina.
Mayor poder explicativo tiene la prima de riesgo país de la región. Esta prima refleja la incertidumbre del proceso político. No sólo Cuba, Venezuela y Nicaragua están bajo dictaduras comunistas. Además, varios otros países latinoamericanos están gobernados por izquierdistas radicales, incluidos Petro en Colombia, Lula en Brasil y AMLO en México. ¿Qué inversiones se puede conseguir así?
Sin embargo, correctamente, el informe del G30 señala que el problema político de América Latina va más allá de sus líderes.
La estructura política de nuestros países adolece de graves fallas ya que combina un sistema de gobierno presidencial con Congresos elegidos con representación proporcional. Esta combinación compromete la gobernanza y abre las puertas a los demagogos antisistema.
En un sistema presidencial, el elector puede partir su voto, es decir, votar por un partido para el Congreso y otro para el Ejecutivo. En un sistema parlamentario esto no puede ocurrir, ya que el elector sólo tiene un voto. En un sistema así, los ministros necesariamente cuentan con el apoyo del Parlamento. Así, los sistemas presidenciales funcionan sólo en la medida en que el Congreso es elegido con un sistema electoral mayoritario, que reduce el número de partidos.
Ese es el caso de los Estados Unidos. Allí, el partido del presidente frecuentemente no tiene la mayoría de los escaños en el Congreso, pero está cerca de tenerlos. En América Latina, no sólo el número absoluto de partidos en el Congreso es alto: en Perú, 12; en Chile, 22; en Brasil, 25. Además, su participación relativa en los escaños es dispersa. En Perú, los dos principales partidos combinados sólo tienen el 26% del total.
Según el informe del G30, entre 2000 y 2022, el Perú ocupó el tercer lugar en crecimiento promedio anual del PIB en América Latina, solo detrás de Panamá y República Dominicana. Sin embargo, el Perú ha enfrentado profundos problemas políticos desde 2016, cuando eligió a un presidente cuyo partido tenía solo el 16% de los escaños en el Congreso. Dicho presidente renunció a principios de 2018 y, en los cinco años siguientes, el Perú cambió de presidente cinco veces.
El conflicto político no se circunscribe a los poderes elegidos. Se ha desbordado a la administración de justicia. Con el apoyo de algunas ONG y medios de comunicación, algunos fiscales han utilizado sus poderes contra sus rivales ideológicos o políticos imaginarios. Cegados por sus pasiones, prepararon el terreno para un gobierno con simpatías por el terrorismo. Por suerte, el radicalismo de este iba de la mano con su ineptitud, y el Perú pudo superarlo rápidamente.
Así, estas experiencias muestran que el Estado de derecho sólo se materializa cuando se cumplen algunas condiciones políticas.
Requiere una estructura política que permita la cooperación en lugar del conflicto.
Los sistemas de partidos —definidos como una alternancia ordenada de partidos en el poder o como un Congreso poco fragmentado— son indispensables ya que sólo a través de ellos se puede lograr una combinación de competencia e interés de largo plazo.
Por lo tanto, para converger, los países latinoamericanos tienen que realizar reformas políticas serias. Tienen que tener un sistema parlamentario de gobierno o un sistema electoral mayoritario. Creo que la última opción es mejor que la primera, ya que tanto geográfica como culturalmente estamos más cerca de Estados Unidos que de Europa. Sin embargo, dicha reforma tiene requisitos difíciles de cumplir.
La historia reciente de Chile, el país latinoamericano más exitoso de las últimas tres décadas, es elocuente. Entre 1989 y 2016, Chile eligió a sus congresistas en distritos binominales. Esto trajo estabilidad política al país. Sin embargo, el 2017, Chile los reemplazó por representación proporcional. Inmediatamente, la polarización siguió a la consiguiente fragmentación.
El año pasado, Chile estuvo a punto de tener una Constitución que habría destruido todos sus logros notables. Afortunadamente, fue rechazada por una mayoría cualificada de ciudadanos. Sin embargo, la recuperación chilena está lejos de terminar. En los últimos cuatro años, Chile ha descendido 19 posiciones en el Ranking de Libertad Económica del Instituto Fraser. Las tendencias autodestructivas están profundamente arraigadas en la región.
Gracias.
Lampadia
[1] Profesor Principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura – Campus Lima. Asimismo, experto en Derecho Público y árbitro. Fue magistrado del Tribunal Constitucional del Perú durante ocho años (2014-22). Palabras pronunciadas en un Webinar del Foro Regional Latinoamericano y el Foro sobre Estado de Derecho de la IBA, el 6 de octubre de 2023.
