Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Hace algunos días y luego de una conversación que sostuviera Andrés Oppenheimer con Julio Velarde, uno de los más longevos en la presidencia del BCRP, Oppenheimer, en su artículo “Caen presidentes, pero no la economía”, explicó las razones por las cuales, a pesar de todos los desastres políticos vividos en el Perú, el país se conduce muy aceptablemente en lo económico.
Efectivamente, nuestro emblemático y reconocido presidente del BCRP, quien lleva 16 años como presidente y otros 16 como director (desde 1990), ha sido uno de los principales artífices para que el Perú se mantenga entre aquellos con menor inflación (este año 8.2%), creciendo ahora a cerca de 3%, con US$ 74 mil millones en RIN y una buena relación RIN/PBI.
Oppenheimer resalta que los secretos para estos logros están en:
- Flotación sucia del tipo de cambio.
- Libre tenencia de Moneda Extranjera (M.E).
- Libre tenencia de M.E. y de cuentas bancarias en M.E.
Reglas que permiten un manejo serio de la economía, mientras, en lo político, tenemos presidentes que llegaron a serlo, después de haber alcanzado menos de 20% de los votos en primera vuelta y con una representación tan precaria en el parlamento, que no les permite hacer coaliciones cuando llegan al poder.
Sin pretender restar ningún mérito al equipo del BCRP, liderado por Julio Velarde, creo que debemos recordar nuestra historia, para comprender las decisiones adoptadas y el marco jurídico del Perú, entre las que se encuentra el diseño y motivo de la Constitución de 1993, instrumento sin el cual, hubiera sido imposible alcanzar los éxitos que bien resalta Oppenheimer.
Como todos sabemos, el Perú de 1990 era un país prácticamente inviable, ingobernable, sin instituciones, con hiperinflación galopante, PBI reducido a su más mínima expresión, sin capacidad de recaudación fiscal, sobre endeudado y calificado por las agencias clasificadoras de riesgo y el FMI, como “País inelegible” y “no cooperante”, paso previo a ser expulsado del sistema del FMI. Llegamos pues a estar en situación mendicante y convertidos en paria internacional. En esas condiciones, el gobierno tuvo que renegociar US$ 20.4 mil millones de deuda pública, 70% de esta retrasada, con el Banco Mundial, el FMI, el BID y el sistema financiero internacional. Para ello se tuvo que buscar un “Grupo de Apoyo” que ayude al rescate frente a esta situación límite.
Este grupo estuvo conformado por 12 países, liderados por USA y Japón, quienes pusieron como condición, una reforma estructural ortodoxa, única forma de lograr, que estas instituciones y países participaran en esta acción de rescate, obviamente supervisados y monitoreados por el FMI y contando con una vigilancia permanente instalada en el Perú, para monitorear nuestras decisiones económicas y financieras.
Pareciera que el Perú, históricamente, sólo reacciona ante situaciones límite y cuando está frente al abismo.
Es en esas circunstancias, que se establece la Asamblea Nacional Constituyente, la que elabora la Constitución de 1993. Como es natural, esta constitución tuvo muy presente los graves errores de nuestra historia reciente y adoptó las mejores prácticas de los 12 países desarrollados que nos apoyaron y las medidas para evitar que tan nefasto resultado se repita.
Nuestra constitución adoptó los elementos críticos de éxito de esos países y los incorporó, siendo los pilares principales los siguientes:
- El derecho inviolable a la propiedad.
- Igualdad de tratamiento al capital nacional y extranjero.
- La autonomía del BCRP, reconocida a nivel constitucional.
- Que sólo se pueda crear o modificar impuestos por Ley.
- Que sólo por Ley pueda endeudarse el Estado.
- Que el Estado esté impedido de financiar gastos permanentes con deuda.
- Que los congresistas no tengan iniciativa de gasto.
- Que el BCRP esté impedido de prestarle al fisco.
- Que contemos con una SBS autónoma, responsable de controlar la calidad del crédito, mientras el BCRP controla la cantidad del crédito.
- Que tengamos libre iniciativa privada, dentro de una economía social de mercado.
- Que el Estado tenga un rol subsidiario en la actividad económica, pero que estimule la creación de riqueza.
- Que el Estado facilite la competencia.
- La posibilidad de suscribir contratos-ley, que garanticen estabilidad y otorguen seguridad a las inversiones nacionales e internacionales de largo plazo.
- Que esté garantizada constitucionalmente la tenencia de M.E.
No tengo que repetir que, gracias a estas reglas, propias de países del primer mundo, el Perú no solo logró salir de la gravísima crisis descrita, sino que pudo crecer, reconstituir las RIN, reducir su deuda, reducir la pobreza, controlar la inflación y reducir gradualmente las desigualdades económicas, aunque obviamente, por incapacidad de gestión de los distintos estamentos del Estado, no se ha alcanzado los niveles de progreso que merecemos los peruanos.
En el mundo, todos los países democráticos tienen claro que, una constitución sirve para darle al ciudadano el marco de referencia de sus actividades, pero, más importante aún, para ponerle límites al gobernante respecto de los derechos del ciudadano.
Esto último es lo que más irrita a la izquierda y ultraizquierda, quienes tienen una altísima vocación dictatorial, orientada a meter la mano en la propiedad y actividad privada. Eso es, pues, lo que la izquierda y ultraizquierda de nuestro país, quiere cambiar a como dé lugar, sin importarles para su logro, la pérdida de vidas humanas.
Cualquier ser pensante comprende que para salir de la crisis económica y crecer, se requiere inversiones y para ello, lo más importante es generar confianza. Sin embargo, hay una obsesión de la izquierda por los contratos-ley establecidos en nuestra Constitución de 1993, sin los que no hubiera sido imposible remontar tan crítica situación. Debemos compartir, a despecho de estos aprendices de dictador, que uno de los primeros, si no el primer contrato-ley suscrito por el Estado peruano, fue durante el “Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada”, a inicios de los 70s, para asegurar y garantizar la construcción del proyecto Cuajone, el que iniciara operaciones en 1976, permitiendo con él, duplicar el PBI minero.
No está demás explicar que un contrato-ley, es individual, que identifica la legislación vigente al momento de suscribirlo y garantiza que esas reglas no se cambiarán por un período de 15 años, no renovables, pero de ninguna manera otorga beneficios tributarios, ni nada que lo favorezca.
Debemos ser claros al compartir que la crisis política a que nos ha llevado Castillo en 16 meses, es tanto o más grave que la crisis económica generada por Alan García entre 1985 y 1990 y, consecuentemente, debiéramos apelar a todos los instrumentos que permitan demostrar al mundo, que somos un país estable y confiable, donde se puede desarrollar todas las iniciativas económicas imaginables.
Para quienes plantean Asamblea Constituyente y cambio de Constitución, debemos decirles que el peor daño que pueden hacerle a nuestra patria, es pedir un cheque en blanco. Nuestra Constitución tiene oportunidades de mejora y, por lo tanto, sería conveniente que propongan los cambios que quisieran discutir. Esa es una posición patriótica e inteligente.
La izquierda radical y la izquierda, no están conduciendo un proceso de negociación de buena voluntad, sino que, son un grupo minoritario, que pretende chantajear al Perú e imponer sus ideas por la violencia, jugando al “todo o nada” y así no se construye civilidad. Lampadia
