Por Jorge Marshall. Economista y Ph.D. Harvard
(El Mercurio, 28 de Octubre del 2014)
Para avanzar hacia el desarrollo necesitamos una infraestructura de un nivel muy superior a la que tenemos, que satisfaga las necesidades de la población y de las actividades productivas. En la actualidad no estamos cerrando esta brecha porque la inversión está por debajo de lo que se requiere. La desaceleración de la economía, contrario a lo que podría pensarse, abre una oportunidad para corregir este déficit, lo que debe hacerse a través de un Fondo Nacional de Infraestructura que sea significativo en su monto; que promueva la colaboración público-privada; que asegure la selección de proyectos de alto impacto, y que tenga una institucionalidad que dé confianza a todos los sectores.
De acuerdo a un estudio reciente de la Cepal, desde mediados de la década pasada Chile está invirtiendo anualmente menos de un 3% del PIB en infraestructura. Considerablemente menor al promedio anual de un 4,5% del PIB invertido entre 1990 y 2005. El resultado de este hecho es que la calidad de la infraestructura en el país lleva varios años estancada, mientras perdemos posiciones relativas entre los países de ingreso medio (WEF).
Ahora es el momento para incrementar significativamente la inversión en infraestructura. Desde el año pasado el panorama externo relevante para Chile se viene empeorando y el Banco Central está advirtiendo que el crecimiento mundial para el próximo año será menor que lo esperado. Es decir, enfrentamos el riesgo real de que se prolongue la desaceleración.
En este contexto, hay que reemplazar el impulso que los términos de intercambio le dieron a la inversión privada entre 2004 y 2013, cercano a un 3% anual del PIB, por proyectos de inversión significativos, que le devuelvan la vitalidad a la economía, evitando un deterioro mayor en la ocupación.
Esta propuesta tiene todas las condiciones que el Fondo Monetario Internacional considera necesarias para que la inversión pública en infraestructura tenga un efecto particularmente fuerte sobre el producto: se viene un período de capacidad ociosa; la política monetaria ya ha bajado las tasas de interés; el sector público tiene una situación económica sólida, por lo que es posible un endeudamiento sano, y hay proyectos de infraestructura de alto impacto.
Para que esta estrategia tenga el resultado deseado es necesario que considere varias condiciones. Primero, asegurar la rentabilidad de la inversión. La experiencia internacional muestra que el efecto de la inversión en infraestructura es muy sensible a la calidad de los proyectos que se seleccionan.
Son numerosos los ejemplos de obras que luego de realizadas son subutilizadas. Por esta razón el fondo debe tener criterios rigurosos para priorizar y seleccionar los proyectos que le propone al Gobierno, lo cual requiere conocer las evaluaciones y definir criterios para establecer prioridades.
Para este efecto conviene nominar un Consejo de alto nivel que proponga los proyectos que se financiarán con cargo al fondo y facilite la decisión final que corresponde al Gobierno. La nominación de este Consejo (de unos cinco miembros) la debe hacer la Presidenta con la aprobación del Senado. Además, utilizar el esquema de concesiones cada vez que sea posible ayuda a asegurar la rentabilidad de los proyectos.
Segundo, el monto del fondo debe ser del orden de un 1% del PIB anual, por al menos cinco años, y su contabilidad debe estar fuera de los compromisos de la regla fiscal, porque las finanzas públicas están sanas y no se deterioran si la inversión se realiza en proyectos rentables.
Además, si se considera que las actuales concesiones están cerca de cumplir el período de los contratos, los ingresos esperados por el Estado permiten estructurar un endeudamiento de largo plazo que se puede financiar sin comprometer el resto de los ingresos estructurales del Gobierno general.
Tercero, el financiamiento del fondo se debe realizar con instrumentos financieros, colocados prioritariamente en el país, lo cual permitiría dar profundidad a un mercado que demanda instrumentos libres de riesgo para financiar pensiones y seguros de vida, lo que tiene el efecto adicional de reducir el riesgo de estas actividades.
En síntesis, para muchos economistas conservadores el panorama actual se ha convertido en una fuente de lamentos, con pocas propuestas realistas.
Lo que corresponde, en cambio, es asumir desafíos más ambiciosos y convocar a todos los sectores para que pongan todo su esfuerzo en favor del progreso y las transformaciones del país. Ver en Lampadia: Sobre cómo financiar e invertir U$S 80,000 millones.
