Entre el 2004 y 2012 las universidades públicas han recibido S/. 2,286 millones por concepto de canon minero, gasífero, pesquero, hidroenergético y forestal. No obstante, solo han ejecutado S/. 485 millones (21%), básicamente en equipamiento e infraestructura, y no en investigación científica y tecnológica que potencie el desarrollo regional.
La normativa actual establece que el 5% del canon total debe ser recibido por las universidades públicas de las regiones que reciben canon para financiar exclusivamente inversión en investigación científica y tecnológica que potencien el desarrollo regional.
Existe una buena justificación económica para destinar parte de los ingresos generados por la explotación de recursos naturales no renovables, como el canon, a la generación de ideas, tecnología e innovación para el desarrollo de nuevas ventajas competitivas que diversifiquen la matriz productiva regional, dado que se requiere hacer sostenible el crecimiento cuando las actividades extractivas se empiecen a agotar. Sin embargo, las universidades públicas no han estado en capacidad de enfrentar este enorme reto.
Desde hace un tiempo vienen apareciendo estudios que muestran que el bajo nivel de ejecución se debe a múltiples causas, que se conjugan en las pobres capacidades de investigación en las universidades públicas: estas no cuentan con una adecuada masa de investigadores de sólida formación y experiencia para realizar investigación a tiempo completo. El problema se agrava por la incapacidad de las autoridades universitarias para promover con éxito proyectos de investigación en su región. Los vicerrectorados de investigación no han podido establecer procesos eficientes de selección de proyectos y tampoco hay reglamentos para el seguimiento y evaluación de los mismos.
Es evidente que cuando el Congreso decidió, en septiembre del 2003, transferir parte del canon a las universidades públicas, no se consideraron las precarias capacidades de estas instituciones para realizar investigación. El statu quono va a permitir garantizar que los recursos del canon generen conocimiento científico y tecnológico -necesario para sostener el crecimiento regional- por lo que se hace indispensable una reforma que aborde este problema. Algunas alternativas son las siguientes:
- Utilizar estos recursos para crear un fondo a nombre de cada región, de modo que los recursos se otorguen mediante concursos a los proyectos de inversión pública en investigación aplicada, tecnológica e innovación presentados por las universidades públicas de la región, las cuales estén habilitadas para participar en asociación con otras universidades o centros de investigación de cualquier parte del Perú, sean públicas o privados. Este mecanismo permitiría que las universidades públicas del interior del país puedan ir fortaleciendo sus capacidades a través de un trabajo en red. Asimismo, el fondo podría estar administrado por un fideicomiso integrado por miembros del CONCYTEC, Gobierno Regional y otras entidades competentes para garantizar imparcialidad y calidad de los proyectos presentados (este tipo de planteamientos han sido hechos anteriormente por el CIES y algunos funcionarios del MEF).
- Utilizar estos recursos para el fortalecimiento de las capacidades de investigación, permitiendo el financiamiento de pasantías de investigadores extranjeros de alto nivel que sean capaces de desarrollar investigación aplicada de alto impacto, y con ello se facilite la transferencia de capacidades a las universidades públicas y el establecimiento de una agenda de investigación a futuro.
- No inventar la pólvora e integrar los esfuerzos dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT). Para ello, la sugerencia es transferir los recursos a los Consejos Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCYTEC, órgano rector del SINACYT para el fortalecimiento de los proyectos establecidos en los planes de CTI llevados a cabo en el nivel regional.
En conclusión, el Perú debe priorizar la investigación aplicada orientada a la innovación adaptativa o tecnológica -con fines utilitarios e incremento de la competitividad- sobre la investigación básica (que es más costosa y responde a otras necesidades). Para ello, existen diversas fórmulas que permitirían capitalizar los recursos que tenemos disponibles para potenciar la investigación que redunde en desarrollo regional y bienestar. Impulsemos de una vez esta reforma, que no tiene porqué presentar mayores dificultades políticas. Lampadia
