Úrsula Letona Pereyra
Abogada, Ex congresista
Para Lampadia
Se ha abordado, in extenso, el problema estructural que representa la informalidad en nuestro país, con graves efectos – como se ha hecho más que evidente en la pandemia que enfrentamos-, muy alto en costo de vidas y en lo económico-social, pero como muchos problemas estructurales del Perú (salud, educación, infraestructura, etc.), al no abordarse con políticas disruptivas constituyen un lastre que no permite encaminar el país hacia el desarrollo.
Conocemos las causas de la informalidad, existe mucho aporte académico y data para poder afrontarla, e incluso, superarla gradualmente. Existe la posibilidad de llegar al 50% (cifra actual: 74%, pre-pandemia). Según la evaluación del Banco Mundial (por nivel de PBI y otros parámetros), el Perú debería presentar una informalidad no mayor al 40%, pero para lograr tal objetivo requerimos de políticas públicas disruptivas, multisectoriales y multidimensionales, acompañadas – no cabe duda – de una firme y sostenida decisión política. Esta crisis que enfrentamos será muy grave en el mediano y largo plazo, ha desnudado los múltiples problemas que envuelven a la informalidad. Las actuales autoridades y sus predecesores han persistido en la ausencia de una verdadera política pública que garantice la disminución gradual de este flagelo, los últimos intentos fallidos, así como los esfuerzos dispersos de los diversos sectores involucrados, evidencian una mirada sesgada y errónea, con pocos o nulos resultados.
El problema de la informalidad requiere de una mirada hacia el futuro, debemos considerar que los mejores espacios para gestar reformas son los episodios de crisis como la que enfrentamos. No implementar una reforma sobre la informalidad, así sea en forma parcial y gradual, implicará condenar a millones de peruanos a la pobreza o, en el umbral de acceso a la misma, carentes de protección y del disfrute de derechos fundamentales, no tiene protección social, ni una dotación óptima de servicios esenciales, ¨los privilegios¨ de la formalidad se mantendrán sólo para un número reducido de peruanos e irán a la baja, como viene ocurriendo.
Las políticas de Estado de los últimos años, respecto a la informalidad, han pasado únicamente por un incremento presupuestal, como ya se ha probado – la teoría lo demuestra-, este hecho no deriva por si solo en una mejora de los servicios que brinda el Estado (sumamente deficientes). Lo que corresponde a una política de Estado, siempre con un enfoque en el mediano plazo, es evaluar los resultados, lo que determinará en concreto sí una determinada política pública está funcionando o necesitamos corregirla, o incluso, evaluar si es necesario adoptar nuevas medidas que apuntalen la reforma, esa es la forma cómo los países con menores tasas de informalidad han solucionando este problema estructural.
Como consecuencia de esta pandemia se ha estimado por parte de los expertos, que la pérdida de empleos en el sector formal superará los 600 mil, si agregamos las cifras de población que se incorpora a la PEA, la informalidad crecerá significativamente, superando la barrera del 80%. Son 16 millones de peruanos los que conforman la PEA, no se incorpora a jubilados, amas de casa, personas que superan los 65 años, de ellos, cerca de 12 millones están incorporados a la informalidad, con graves problemas de productividad, la informalidad resulta inversamente proporcional al PBI (ese 73% de la PEA informal aporta el 25% al PBI, el restante 75% es aportado por la PEA formal.
Entonces cabe preguntarnos por dónde podemos empezar a buscar una solución, existe mucha literatura debidamente respaldada por evidencia, el punto de partida debe darse desde la perspectiva de la política de sistema – prevista en los artículos 43 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo-, que no es otra cosa que el involucrar – respecto de una política de Estado – a diversos sectores, trabajo que debe ser liderado por un ente rector, que debería ser el MEF. Esta política pública debería sustentarse en cuatro pilares fundamentales: tributario, acceso al crédito, laboral y productividad; que son los grandes problemas que evitan el paso hacia la formalidad.
Ahora bien, también podría tentarse una intervención mediante grupos de control – por área geográficas o sectoriales, de forma específica, pero debe ser una intervención sostenida en el tiempo– pudiendo considerarse una intervención, por ejemplo, en la sierra del país, de forma transversal o por zonas geográficas. ¿Por qué la sierra?, si uno revisa la data de informalidad recabada en la ENAHO, cerca del 50% de la informalidad se concentra en esta región, existen departamentos en los que la informalidad superar el 90%, concentrándose la mayor informalidad en la sierra sur y en la sierra central. Como toda política – más aún en el caso de una que considere grupos de control-, requerimos de una permanente evaluación de procesos e impacto, corrigiendo lo que corresponda para posteriormente extenderla y aplicarla en otras regiones del país. Además, debemos considerar la deuda histórica que mantenemos con esta zona del país, un abandono que se arrastra desde la Colonia.
Las crisis son situaciones que llevan a generar reformas necesarias para reencaminar al país por la senda del desarrollo. El Gobierno ha manifestado su disposición de emprender reformas – expresamente lo ha señalado respecto al sistema de pensiones, por ejemplo. No es tarea fácil emprender esta reforma, resulta muy compleja e involucra de forma transversal a todos los sectores económicos y de la misma sociedad, pero es una necesidad urgente y muy necesaria para un futuro con justicia social para todos los peruanos. Lampadia
