Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 15 de julio de 2024
Para Lampadia
En nuestro país, los pueblos se construyen al revés. Lo normal – en todo el mundo – es que primero se planifican las urbanizaciones… viviendas, escuelas, hospitales, comisarías, espacios recreativos, áreas comerciales, etc. Luego se instalan las redes de agua y desagüe, gas, y electricidad. Después se construyen las pistas y veredas. Y al final se construyen las viviendas, propiamente dichas. Y una vez construidas las viviendas… todos contentos. La vida transcurre bella y digna.
En nuestro caso – repito – lo hacemos todo al revés. Primero, las personas ocupan (invaden) terrenos baldíos – públicos o privados… no interesa quiénes son los dueños – y durante años, los invasores viven en condiciones deplorables… sin agua potable, sin electricidad, sin seguridad… bajo esteras, cartones y plásticos. Y después viene la autoconstrucción. ¡Un caos!
Bueno pues – como no podía ser de otra forma – estamos ante un proceso más de corrupción a gran escala.
Todo empieza por los traficantes de tierras. Entre ellos – sí o sí – hay alcaldes y regidores municipales involucrados. Incluso, policías, fiscales, jueces, congresistas… y hasta periodistas.
El problema es que después del negociado de las invasiones, viene el proceso de urbanización propiamente dicho. Durante los primeros años aparecen – poco a poco – las viviendas de ladrillo y cemento. Pero no pasa nada con los servicios públicos. En ese período, los traficantes se encargan de sangrar – a más no poder – a los moradores. Desde la venta informal de los lotes y las “cuotas de asociación”, hasta la venta de esteras y materiales de construcción, agua en cisternas, “seguridad”, transporte público, etc. todo es negocio de los traficantes.
Luego – pasados los años – cuando ya se tienen los certificados de posesión, previos pagos por lo bajo a las autoridades municipales de turno, empiezan los proyectos municipales (sobrevalorados) de servicios públicos, plazas de cemento y monumentos… a lo que sea.
Ojo: nada resulta más caro y caótico que instalar redes de agua y desagüe, electricidad, y construir pistas y veredas en asentamientos humanos donde hay niños y gente viviendo, y mototaxis y combis circulando por allí. Pero no importa… negocios son negocios.
Estamos pues, ante una corrupción descarada en el sector municipal de nuestro país. Poco falta para que les pongan alfombras rojas a las mafias de tráfico de tierras. Pero eso sí… mil trabas, demoras, y pagos sin sentido para las urbanizadoras y constructoras formales. Y el Estado no mueve un dedo al respecto. ¿Intereses creados? Negocios son negocios.
¡Quién se atreve a ponerle el cascabel al gato! “Prohibidas las invasiones.” Las invasiones están prohibidas, pero en el papel. En la práctica, el Estado parece decir… “ven, invade, no te va a pasar nada. Yo te lo garantizo.” Asimismo, “prohibidas las autoconstrucciones inmobiliarias.” En teoría, las autoconstrucciones de viviendas también están prohibidas. Para ello existen las “Licencias de Construcción” municipales y los certificados de “Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones” (más conocidas como ITSE´s). Pero… nada que ver. Las “Licencias de Construcción” y los certificados “ITSE´s” son sólo para los formales. O mejor dicho, para extorsionar a los formales. ¡Corrupción y abuso de poder municipal descarados!
Para dignificar la vivienda en el país – obviamente – el Estado tendría que promover masivamente la construcción de urbanizaciones y viviendas de bajo costo, bien construidas, en terrenos adecuados. ¡2 millones de familias peruanas – 10 millones de personas – viven en chozas de esteras, cartones y plásticos… sin servicios básicos! ¡Ese es el déficit de viviendas en nuestro país! Pero eso es como pedirle peras al olmo.
Mientras tanto, el negocio sigue en las invasiones de tierras. Que la gente pobre viva peor que animales… ¡ese es su problema! Así se expresan las mafias municipales. Lampadia
