Jaime de Althaus
Para Lampadia
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha elaborado un proyecto de ley de industrias que ha sido recogido por la comisión de Producción del Congreso, y que modifica algunos aspectos del paradigma de desarrollo industrial vigente en nuestro país.
Como sabemos, a partir de los 90 se produjo un cambio radical en las reglas relativas a la actividad productiva en general y a la industria en particular.
Se abandonó el proteccionismo arancelario y cambiario, se redujeron los aranceles de importación hasta llegar casi a cero con algunas excepciones, se dejó de lado el tipo de cambio diferenciado del tristemente célebre dólar MUC, que abarataba insumos para la industria y para los alimentos importados, y se eliminaron licencias, subsidios y precios controlados.
Con la eliminación del proteccionismo y la apertura de la economía se pronosticó la muerte de la industria, pero lo que ocurrió fue su reestructuración. Cerraron industrias ensambladoras altamente protegidas con un mercado interno cautivo al que le vendían productos caros y de mala calidad, pero se desarrollaron otras industrias más articuladas a nuestros recursos naturales y a la exportación. Pasamos a una industria más sana, competitiva y más orientada hacia el exterior.
Lejos de disminuir su participación en el PBI, el peso de esa nueva industria se manutuvo casi incólume durante alrededor de dos décadas pese al crecimiento de otros sectores como la minería y la agroexportación.
Pero en los últimos 10 o 12 años ha empezado a disminuir apreciablemente, como puede verse en el siguiente gráfico, y algunas ramas industriales afrontan problemas de competitividad. Habría que estudiar en qué medida esta menor participación de la industria en el PBI va de la mano con la paralización de las inversiones mineras de los últimos diez años.
La SNI, entonces, propone una nueva política industrial que, de paso, relanzaría el crecimiento económico en general, ya estancado, dada el eslabonamiento de la manufactura con otros sectores.
La idea es pasar de un esquema de reglas generales iguales para todos, a uno de incentivos tributarios específicos y de infraestructura para ocho sectores escogidos en función de que tengan abundancia de materias primas, ventajas comparativas y competitivas ya constatadas y un mercado internacional abierto y de amplio desarrollo. Esos sectores, cuya priorización sería revisada cada tres años por un Consejo Estatal de Política Industrial, son los siguientes:
Sectores priorizados
- Alimentos y agroindustria.
- Pesca de consumo humano directo y acuicultura
- Textil y confecciones
- Industria naval
- Energías Renovables y Electromovilidad
- Proveedores a la minería
- TIC y contenidos digitales
- Forestal: industrialización de recursos forestales
La objeción que siempre se ha planteado a una política de incentivos específicos y diferenciados es que escoge ganadores y les asegura una rentabilidad artificial no sostenible. Era claramente el caso de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, que aseguraba un mercado interno cautivo y protegido. Pero aquí estaríamos hablando de ramas industriales naturalmente competitivas y orientadas al mercado externo, no al interno. Ramas ya ganadoras, pero que podrían potenciarse mucho más. Se mantiene el arancel cero y la economía abierta. Según el ex presidente de la SNI Luis Salazar, se trata no de dar ventajas sino de compensar los beneficios que industrias similares reciben en sus países de origen.
Según la SNI, es lo que han hecho todos los países del sudeste asiático y de otras regiones del planeta. Y es lo que se hizo acá con la agroexportación y en alguna medida también con la minería en lo relativo a la depreciación acelerada de activos.
La SNI ha realizado un estudio de los incentivos y facilidades que se dan en los países con los que, y donde competimos, y a partir de allí ha formulado su propuesta.
Hay, sin embargo, dos temas que vale la pena plantear para el debate. Si un argumento de la propuesta es que no se va a afectar los ingresos fiscales porque los incentivos se aplican a nuevas inversiones que aún no existen, y que más bien provocarán más ingresos fiscales en el futuro (pues además son temporales), entonces por qué no plantear que esos incentivos fiscales sean iguales para todas las ramas industriales. Saldrían adelante las ramas naturalmente más competitivas.
El otro tema tiene que ver con medidas transversales que habría que plantear: disminución drástica de la sobrerregulación existente, que es en parte responsable del agotamiento del crecimiento industrial, y normas laborales flexibles, que fue parte del éxito del crecimiento exponencial de la agroexportación y que llevó a la multiplicación del empleo formal con derechos.
Si incluimos esos aspectos, la propuesta quedaría redonda. Lampadia
