Una combinación mortal
Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia
El apagón del aeropuerto Jorge Chávez el pasado 2 de junio, que dejó sin pista de aterrizaje por más de 10 horas a la puerta de acceso internacional del país, ha desnudado, una vez más, la inepcia del Estado para manejar la infraestructura pública y el cinismo de los burócratas a cargo, como el Presidente de Corpac que dijo, muy suelto de huesos, que “no había plan de contingencia” frente a este tipo de eventos o el Ministro de Transportes, responsable político del sector, quien afirmó, que “se trataba de un hecho fortuito y ninguno de los actores tiene responsabilidad”.
En un país medianamente civilizado, frente a una crisis de este tipo y ante un papelón internacional tan vergonzoso, el Directorio y la Gerencia responsables ya estarían cesados en su casa y el responsable político habría dimitido o habría sido despedido. Como el Perú ha dejado de ser un país civilizado, los responsables de haber afectado más de 215 vuelos, de haber agraviado a más de 10,000 pasajeros, de haber originado cerca de 5 millones de dólares en pérdidas según CANATUR y de haber dañado la imagen internacional del país, siguen cuidando sus puestos y no les pasa nada.
Sin embargo, el problema va más allá de la inepcia estatal y el cinismo de quienes lo manejan.
Tiene que ver con el carácter monopólico de la infraestructura pública, que el Estado mantiene y que el sector privado rentista avala y medra, impidiendo la competencia, el desarrollo de infraestructura pública alternativa y por ende, la sostenibilidad del transporte aéreo nacional y el desarrollo del turismo, la economía y el bienestar ciudadano.
- Desde el Estado no se alienta la inversión en infraestructura alternativa. Al contrario, se firman cláusulas que impiden la competencia con la infraestructura monopólica o el funcionamiento de otros aeropuertos en las cercanías, cláusulas que por cierto son contrarias al artículo 61 de la Constitución.
- Desde el Estado se avalan cuestionables informes que impiden el funcionamiento de aeropuertos alternos, a fin de sustentar operaciones aeroportuarias monopólicas.
- El Estado no pone al servicio de la actividad aérea, aeropuertos ociosos como Las Palmas, que debería ser un aeropuerto alterno o de emergencia de una ciudad de cerca de 10 millones de habitantes que se embuten en un terminal construido hace más de 50 años y que a partir del 18 de diciembre próximo se ahogaran en los 2 puentes provisionales que darán acceso al nuevo terminal, del mismo aeropuerto.
- El Estado y sus aliados locales, en otras ciudades como el Cusco, se dan el lujo de plantear el cierre del actual aeropuerto para conceder al nuevo operador del Aeropuerto en construcción, si se termina de construir, el monopolio de la ruta turística más importante del país. Ver en Lampadia El suicidio del Cusco – Y del turismo
- El Estado no facilita la competencia en base a los aeropuertos concesionados, ni menos los equipa como concedente para que sean realmente alternos al de Lima. Que un avión de Iberia se choque con un poste en el aeropuerto de Pisco o que los pasajeros desviados a ese terminal deban permanecer más de 13 horas sin descender del avión porque no existen escaleras suficientes, no es una fotografía de nuestra triste realidad, sino una penosa caricatura.
Combinar la inepcia estatal (y el cinismo de quienes lo dirigen) con el monopolio de la infraestructura pública es una combinación mortal para el país, el turismo y nuestra economía. Que no la adviertan los burócratas que sólo flotan de un sector a otro, de un cargo a otro, no es una novedad. A ellos no les interesa resolver problemas, sino durar en el Estado, con fajín o sin fajín, pero con sueldo y viáticos.
Sin embargo, que no lo adviertan empresarios, líderes y gerentes del sector privado y avalen este estado de cosas, aunque no es novedad en un país mercantilista, es muy preocupante.
No hay razón, ni económica, ni constitucional, ni moral para que la actividad aeroportuaria en el país sea un espacio monopólico reservado para los amigos del Estado (o de sus gobernantes de turno).
No existe razón alguna para que la competencia no ingrese a este sector y le brinde alternativas y opciones a los ciudadanos y sostenibilidad a nuestras actividades económicas como el turismo.
Así como el transporte aéreo, el transporte ferroviario y el transporte marítimo se han abierto a la competencia, en mayor o menor medida, la actividad aeroportuaria debe estar abierta a la competencia por acción afirmativa del Estado. Ese es un propósito constitucional que no se cumple y que podría evitarnos un papelón como el de esta semana. Lampadia
