Garantes del subdesarrollo

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

Hace tiempo que no se leían tantos disparates juntos en un mismo documento político. Se trata del pronunciamiento de la Mancomunidad del Sur suscrito antes del 28 de julio por cuatro gobernadores regionales del Sur, presididos por el gobernador Benavente del Cusco, mediante el cual se convierten en garantes del sentenciado ex militante de Acción Popular, Elmer Cáceres Llica, gobernador regional de Arequipa, que, envalentonado con el respaldo de sus colegas, no se ha limitado a bloquear la provincia de Islay y la carretera Panamericana Sur, sino que ha paralizado Arequipa en forma indefinida, ocasionando un millón de soles de pérdidas diarias sólo al agro y la ganadería a las que busca defender, al tiempo que destruye el potencial turístico de la ciudad blanca de forma casi tan seria como sólo lo saben hacer sus vándalos camaradas del Cusco y por supuesto, ha bloqueado la exportación minera del Sur que representa cerca de la mitad de las exportaciones de cobre del país.

Estos señores son por lo tanto, antes que “garantes del proceso de diálogo”, los garantes del  sub desarrollo y tal vez, si vemos un poco más allá, quienes (a cambio de favores presupuestarios para sus regiones de los cuales en su momento nos enteraremos),  dan el pretexto necesario al Gobierno Central para retroceder en un proyecto que no ha querido llevar a cabo realmente  como es Tía María.  En esta última dirección abonan las declaraciones del señor Vizcarra y  el hecho de que la reacción del gobierno central frente a la exigencia de los gobernadores de cambiar la Ley de Minería haya sido de coincidencia y no de rechazo, pese a que el gobierno central conoce mejor que nadie los beneficios que esa legislación minera ha traído al país y en particular a las ineficientes administraciones regionales del Sur, que pese a tener recursos de canon minero y gasífero, las mal gastan o no gastan.

Sin embargo, el documento en si mismo[i], antes inclusive que sus funestas consecuencias políticos sociales actuales, merece este comentario, ya que se convirtiendo en algo muy común en la política peruana que detrás de documentos de aparente corrección política, subyacen las más grandes incoherencias y absurdos.

Veamos:

• El pronunciamiento de la Mancomunidad invoca el supuesto “clamor y fe de un pueblo que exige justicia para tener mejores oportunidades para su gente”, apelando como siempre a la falacia ad populum, lo cual desnuda la ausencia de un argumento técnico válido contra el proyecto minero  y  no puede ocultar el hecho de que en Arequipa hay 1´008,000 habitantes perjudicados por las medidas de fuerza frente a los 54,110 pobladores de Islay, de los cuales no todos estarían  perjudicados por el proyecto Tía María y ciertamente no todos están a favor de las irracionales medidas de fuerza.
• Los gobernadores dicen “promover el desarrollo económico, social y ambiental de las regiones a través de la inversión privada responsable”, sin embargo, no hay nada más irresponsable desde la gestión pública y que ahuyente más la inversión privada que avalar a quien pide la anulación de autorizaciones, licencias y concesiones por razones políticas, a quien fomenta el atentado contra empresas como el incendio de un ingenio azucarero o el ataque a centros comerciales. No hay nada más irresponsable que apañar el apedreo de buses con pasajeros o de clínicas con enfermos en su interior. Nada es más irresponsable que esos señores Gobernadores.
• Piden una reforma de la Ley de Minería desconociendo que la ley actual, que data de 1991, tardó más de 5 años en generar ingresos mineros para el Estado y que los 45,000 millones de soles aportados sólo por concepto de canon minero entre 1996 y 2018, no hubieran sido posibles sin esta ley.
• Piden una reforma de la Ley de Minería para que se respeten los impactos en las actividades económicas sociales y culturales de los pueblos, cuando sobre esta materia ya existen leyes de consulta previa, reglamentos, organismos creados al efecto y muchas otras acciones administrativas cuyo funcionamiento debe darse del mejor modo posible, no solamente en interés de la actividad minera y sus beneficios para el país, sino también y sobre todo, para acallar las acusaciones interesadas, exageradas y muchas veces injustificadas de la izquierda y  los grupos anti mineros.
• No se puede desalentar la actividad minera con este tipo de pedidos y al mismo tiempo, pedir que el Estado y las comunidades sean accionistas de la misma. Solo se puede ser accionista y percibir los beneficios de los proyectos que existen y son rentables. Los que quedan como proyectos inviables por acción de políticos regionales no pueden dar participación a nadie. Por la misma razón, no se puede pedir fondos de compensación para proyectos que no existen.
• Los gobernadores del Sur piden “descentralización fiscal efectiva”, sin percatarse que Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Madre de Dios apenas recaudaron el 2018 4,810 millón de soles, que representan el 5,3% de la recaudación nacional, mientras que recibieron en el presupuesto nacional más de 18,400 millones de soles, es decir 3.82 veces lo que recaudan. ¿Se habrán dado cuenta de lo que piden? Que sucedería si Lima y el Norte solicitaran descentralización fiscal efectiva, probablemente los gobernadores no tendrían recursos si para los viajes absurdos que realizan a firmar documentos tan absurdos como este.
• Finalmente, creo que resulta muy inelegante, por decir lo menos, exigir más recursos públicos cuando a fines de julio, no se ha gastado ni el 25% del presupuesto de inversión.

Señores gobernadores, ya es hora de que dejen de ser garantes del sub-desarrollo del Sur. Lampadia