El cierre de las cuentas de Twitter y Facebook del ex presidente Donald Trump ha sido alabado por diversos medios de la prensa internacional y políticos de oposición, quienes inclusive lo calificaron como un paso necesario para aminorar los niveles de violencia en EEUU, tras el asalto al Capitolio de Washington.
Pero lo que aparentemente se ve como una buena iniciativa que busca resguardar la derruida democracia estadounidense – analizada con cabeza fría – esconde un duro golpe a la libertad de expresión y refleja el alto poder que concentran las Big Tech para censurar las opiniones que no se emplacen con el pensamiento hegemónico de las mayorías.
Un reciente artículo de The Economist que compartimos líneas abajo incide en este tema y da el precedente de por qué suspender no solo cuentas, sino redes sociales enteras – como pasó también con Parler – no era ni de cerca la mejor solución para evitar una mayor incitación a la violencia en EEUU.
Como ya hemos comentado en anteriores oportunidades (ver Lampadia: Una carta por la libertad de expresión), el embate cultural en redes sociales se ha tornado en estos tiempos una suerte de inquisición para los que no piensen igual que las mayorías, escalando inclusive a censuras y como ha pasado recientemente con Trump en cierres de cuentas. Algo nada saludable para la libertad de expresión y que podría ser usado en el extremo para aplastar enemigos políticos de un régimen particular o que no se encuentre afín a ellos.
En todo caso, como propone The Economist se deberían estandarizar los casos en que ciertas declaraciones pueden ser consideradas incitaciones de violencia, para lo cual podría justificarse una censura – como pasa por ejemplo con material visual pornográfico o de violencia que no puede ser publicado en redes sociales– pero de ninguna manera censurarse por completo a la persona.
Con todo lo contra que podamos estar o nos desagraden las declaraciones de Trump (ver Lampadia: Los estragos de Trump) y otros líderes de opinión, se debe en primer lugar propender el debate de ideas y no coartar directamente la libertad de expresión. Finalmente serán las mismas personas las que opten por tomar el pensamiento que consideren correcto. Lampadia
Libertad de expresión
Big tech y censura
Silicon Valley no debería tener control sobre la libertad de expresión
The Economist
16 de enero, 2021
Traducida y comentada por Lampadia
La primera reacción de muchas personas fue de alivio. El 6 de enero, con 14 días restantes de su mandato, el presidente de redes sociales fue suspendido de Twitter después de años de lanzar abusos, mentiras y tonterías a la esfera pública. Poco después, muchos de sus compinches y seguidores también fueron cerrados en línea por Silicon Valley. El final de su cacofonía fue maravilloso. Pero la paz oculta una limitación de la libertad de expresión que es escalofriante para EEUU y para todas las democracias.
Las prohibiciones que siguieron al asalto al Capitolio fueron caóticas. El 7 de enero, Facebook emitió una suspensión «indefinida» de Donald Trump. Twitter siguió con una prohibición permanente un día después. Snapchat y YouTube lo prohibieron. Se suspendieron una serie de otras cuentas. Google y Apple sacaron a Parler, una pequeña red social popular entre la extrema derecha, de sus tiendas de aplicaciones y Amazon sacó a Parler de su servicio en la nube, obligándolo a desconectarse por completo.
¿Seguramente esto era aceptable frente a una turba alborotada? Legalmente, las empresas privadas pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, algunas decisiones carecieron de coherencia o proporcionalidad. Aunque Twitter citó un «riesgo de mayor incitación a la violencia» por parte de Trump, los tweets que señaló no cruzaron el umbral legal común que define un abuso del derecho constitucional a la libertad de expresión. Mientras tanto, el ayatolá Ali Khamenei todavía está en Twitter y las amenazas de muerte son fáciles de encontrar en línea. Las empresas deberían haberse centrado en posteos individuales de incitación. En cambio, han prohibido a las personas, incluido el presidente, alejando las voces marginales del mainstream. En algunos casos era necesario actuar, como en el caso de los intercambios violentos y mal vigilados de Parler, pero en general no existía una prueba clara de cuándo debía prohibirse el habla. La infraestructura de Internet, incluidos los servicios de computación en la nube, que deberían ser neutrales, corre el riesgo de verse envueltos en batallas partidistas divisivas.
El otro problema es quién tomó las decisiones. La concentración de la industria tecnológica significa que unos pocos ejecutivos no electos y que no rinden cuentas tienen el control. Quizás su intención realmente sea proteger la democracia, pero también pueden tener otros motivos menos elevados. Algunos demócratas aplaudieron, pero deberían evaluar cualquier nuevo régimen de expresión basado en su aplicación más amplia. De lo contrario, un acto que silenció a sus enemigos la semana pasada podría convertirse en un precedente para silenciarlos en el futuro. Los lamentos fueron reveladores. Angela Merkel, líder de Alemania, dijo que las empresas privadas no deberían determinar las reglas de expresión. Alexei Navalny, un disidente ruso, denunció un «acto inaceptable de censura». Incluso Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, lo llamó un «precedente peligroso».
Existe una mejor manera de lidiar con el discurso en línea. Hacer que la industria sea más competitiva ayudaría al diluir la influencia de las empresas individuales y al estimular nuevos modelos comerciales que no dependan de la viralidad. Pero mientras la industria sea un oligopolio, se necesita otro enfoque. El primer paso es definir una prueba de lo que debe censurarse. En EEUU eso debería basarse en la protección constitucional del discurso. Si las empresas quieren ir más allá al adjuntar advertencias o limitar el contenido legal, deben ser transparentes y predecibles. Los juicios difíciles deben recaer en juntas independientes no estatutarias que otorguen a las personas el derecho de apelación.
Más del 80% de los usuarios de Twitter y Facebook viven fuera de EEUU. En la mayoría de los países, las empresas de tecnología deben adherirse a las leyes locales sobre el discurso, por ejemplo, las reglas de Alemania sobre el discurso del odio. En autocracias, como Bielorrusia, deberían respetar los estándares que observan en EEUU. Una vez más, los consejos de comunicación podrían guiar los juicios sobre qué estándares se aplican en qué país. Esto puede dañar a las empresas estadounidenses en más lugares: esta semana Uganda prohibió Facebook y Twitter antes de una elección polémica.
EEUU necesita resolver su crisis constitucional a través de un proceso político, no de censura. Y el mundo debe buscar una mejor manera de lidiar con el discurso en línea que permitir que los oligopolios tecnológicos tomen el control de las libertades fundamentales. Lampadia
