Jaime de Althaus
Para Lampadia
Hemos sido los principales críticos y opositores de Martín Vizcarra desde que tempranamente en su gobierno emprendió la ruta del populismo político confrontando al Congreso hasta disolverlo, y de la manera como ese populismo político convergió de manera acaso concertada con el populismo judicial del equipo Lavajato para producir el debilitamiento extremo de parte importante de la clase política favoreciendo la elección de Pedro Castillo.
A todo ello sumó el pésimo manejo económico y la dolosa gestión sanitaria de la pandemia, como bien sabemos. Aun el país no termina de recuperarse de esos estragos.
Pero nada de eso puede llevar a avalar la decisión del INPE de retirar a Martín Vizcarra del penal de Barbadillo y llevarlo a una cárcel común. Una decisión que ha sido adoptada sin la menor explicación, como si estuviéramos en una dictadura. Ni el INPE ni el ministerio de Justicia han informado acerca de las razones por las cuales a Vizcarra le corresponde el penal de Lurigancho como se aseveró inicialmente, o el de Ancón donde está recluido ahora. Eso no es admisible en una democracia.
Y si no hay razones, es porque se trata de una arbitrariedad. Políticamente torpe, además, porque evidentemente victimiza al expresidente y alienta la candidatura presidencial de quien lo reemplace en su partido. El gobierno le está haciendo un favor.
¿El INPE puede haber tomado una decisión de esa magnitud sin consultar con el ministro de Justicia? Se argumenta que esa institución es autónoma, pero la verdad es que está adscrita al sector justicia y esa autonomía es administrativa y funcional pero evidentemente no política.
Hubiera sido interesante que la decisión de cambiar al ministro de Justicia y nombrar en esa cartera al polémico Juan José Santivañez (una decisión que también vulnera los leales valores democráticos porque viene de ser censurado por el Congreso) hubiese obedecido a una suerte de sanción al ministro saliente por haber permitido una decisión como esa, que sería entonces enmendada por el nuevo ministro. Pero eso no ha ocurrido. El nuevo ministro ha repetido el argumento de que se trata de una decisión autónoma del INPE y no se ha dado tampoco el trabajo de explicar las razones del cambio. Evidentemente está de acuerdo o no le preocupa.
No hay razón alguna para que Vizcarra no tenga el mismo tratamiento de otros expresidentes. La ley es igual para todos, incluso para los opositores políticos y para quienes hayan ocasionado mucho daño al país. Lampadia
