Editorial – El Comercio
El Comercio, 30 de enero de 2017
Desde que se destapó el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato y, en particular, el pago de coimas por parte de la compañía Odebrecht a funcionarios peruanos para la obtención de licitaciones de obras públicas, se ha despertado en la opinión pública el comprensible interés por conocer el nombre de todos aquellos involucrados en este engranaje delincuencial.
Y es entendible no solo por la necesidad de llevar ante la justicia a todos aquellos que resulten responsables, sino también por evitar que se agazapen quienes participaron en estas operaciones ilícitas y orondamente prosigan con sus quehaceres públicos, políticos o empresariales sin rendir cuentas por lo que costaron a la ciudadanía.
En el caso de los partidos políticos, por ejemplo, es importante conocer si parte del financiamiento de sus actividades de campaña tuvieron origen brasileño. Conociendo, por otra parte, la estrecha vinculación entre Odebrecht y el Partido de los Trabajadores en Brasil, y la hipótesis que maneja la policía de ese país de que parte de los sobornos de las constructoras brasileñas se destinaba a financiar a partidos políticos afines en la región, la indagación sobre nuestros políticos locales suma todo un nuevo ángulo de interés.
También están las empresas que se asociaron con Odebrecht en importantes negocios respecto de los que existe evidencia o indicios de corrupción por parte de la constructora brasileña, y que hoy se encuentran bajo escrutinio de la fiscalía. Como se sabe, muchas firmas participaron en consorcios con Odebrecht para la licitación o ejecución de grandes obras de infraestructura en los últimos años (gasoducto sur peruano, la línea 1 del metro de Lima, IIRSA Sur e IIRSA Norte, entre otras), como Graña y Montero, Enagás, ICCGSA, JJC Contratistas Generales, Obrainsa y Compañía San Martín.
Desde luego, el haber participado de una sociedad con Odebrecht no constituye en sí prueba de complicidad. Pero el que el accionar delictivo de la constructora brasileña fuera sostenido durante varios años en todos los países en que operaba, respondiera a una estrategia bien montada, contase con toda una compleja estructura societaria internacional creada con el solo propósito de canalizar sus sobornos e incluso se viera reflejada en varios proyectos estatales cuyos montos se multiplicaban escandalosamente sin ninguna justificación económica detrás, lleva cuando menos a plantear algunas interrogantes: ¿Nunca supieron o escucharon nada acerca de los tratos ilícitos de Odebrecht? ¿No les generó suspicacia las irregularidades advertidas en algunas de las licitaciones? ¿No tenían algún grado de control, o supervisión siquiera, en las postulaciones a estos grandes proyectos? ¿Qué tipo de filtros implementaron al momento de escoger a una compañía con la que se iban a asociar en proyectos de 20, 30 y hasta 40 años?
Todos ellos, cuestionamientos que válidamente podrían formularse la fiscalía y la procuraduría para determinar si los socios de Odebrecht incurrieron, dolosa o negligentemente, en algún tipo de responsabilidad. Y que, a su vez, las propias compañías involucradas deberían estar interesadas en responder cuanto antes para, además de defender su inocencia, evitar que se asiente sobre ellas las sombras de dudas que perjudiquen su reputación y el futuro de sus negocios.
Las mismas preguntas cabe plantear a los gremios y profesionales (abogados, periodistas, ingenieros, entre otros) que, a sabiendas del proceder ilícito de las constructoras brasileñas o esquivando selectivamente la mirada, hayan sido instrumentales para la corrupción. Naturalmente, acá también habrá que separar el trigo de la paja: haber respondido consultas concretas de la empresa sobre temas jurídicos, por ejemplo, no pone a un estudio de abogados en el mismo nivel de sospecha que haber sido el abogado clave para tal o cual proceso de licitación ganado con sobornos.
Las investigaciones contra Odebrecht, en fin, deben comprender a todo el ecosistema en el que la empresa-delincuente floreció con tanto éxito y determinar con claridad –y las debidas pruebas, por supuesto– los casos en los que quienes han trabajado con ella han sido también sus cómplices.
