Las regulaciones ambientales en los países desarrollados se iniciaron hace más de 150 años con el énfasis en el agua para garantizar la salud de la población. El río Támesis en Londres, a mediados del siglo XIX, estaba tan contaminado que el Parlamento tuvo que retirarse de la ciudad por la enorme pestilencia generada por las aguas cloacales y por las enfermedades como el cólera. Hoy el Támesis es un río limpio. Igual ha sucedido con el Rin, que, gracias al esfuerzo conjunto de cinco países, hoy es un río limpio. En 1872 Estados Unidos inició la protección de áreas especiales y empezó el sistema de parques nacionales. Estos largos procesos de regulaciones ambientales han permitido que los ciudadanos hayan interiorizado los asuntos ambientales para mejorar su calidad de vida.
En el Perú este proceso se inició recién en 1990, con el Código del Medio Ambiente, y en 1991, con la obligación de implementar los estudios de impacto ambiental (EIA) y los programas de adecuación medioambiental como parte de la inversión privada en el país.
Antes las actividades extractivas e industriales no tenían regulaciones ambientales y por eso tenemos más de 6.000 pasivos ambientales mineros (PAM) dispersos en el país, que constituyen un enorme lastre de contaminación. Desde 1990 se ha avanzado y hoy existen regulaciones ambientales bastante estrictas para las industrias minera, pesquera y otras, y también ha mejorado la fiscalización por parte del Estado, pero este proceso recién lleva 24 años.
La mayoría de las empresas formales se ha adecuado a los estándares ambientales con inversiones importantes y tenemos más de 220 compañías con estándares internacionales de gestión ambiental (ISO 14001), de responsabilidad social (ISO 26000) y de salud y seguridad en el trabajo (OHSAS) para mejorar su competitividad en los mercados internacionales. Sin embargo, subsiste el problema de la informalidad (cerca del 65% de nuestra economía), que no cumple las normas ambientales, laborales y varias otras. Esto crea una distorsión importante en que el sector formal es supervisado y fiscalizado, y el informal es escasamente o no fiscalizado.
También se ha avanzado en la formación de profesionales con cerca de 15 universidades que ofrecen carreras relacionadas a la gestión ambiental, y en la inclusión de estos temas en la educación básica regular.
Llevamos un gran retraso en aspectos ambientales importantes como la disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, el tratamiento de las aguas servidas, la conservación de los bosques, la gestión del agua y de las cuencas, el tratamiento de la basura electrónica, que va en aumento, y la calidad del aire.
El tema no es tanto el exceso de regulaciones ambientales, sino el ordenamiento de la gestión ambiental de las instituciones del Estado, con muchos actores poco coordinados, burocracia lenta y complicada, y escasa tecnificación en los gobiernos regionales y locales. Es un asunto de mejora continua y coordinada entre el Estado, las empresas y las poblaciones locales.
Publicado en El Comercio, 27 de enero de 2014
