Jaime de Althaus
Para Lampadia
La primera ministra realizó su sueño revolucionario y pos-extractivista y acordó con parte de la población el cierre ilegal de cuatro minas en Ayacucho. El asunto es muy grave porque dinamita la seguridad jurídica de la inversión minera y la inversión en general, destruyendo el futuro del país. Y tiene agravantes: el acuerdo se ejecuta por medio de una “comisión ejecutiva” y con participación de las comunidades, como si se tratara de soviets, estableciendo que la cabecera de cuenca se convierta en un piloto para aplicarla al resto del país, poniendo en jaque buena parte de la minería nacional. Simplemente se quiere que no haya minería en el país.
Personajes como José de Echave han señalado que la legalidad es importante, pero tiene que enmarcarse en otras consideraciones como las ambientales y las relaciones con las comunidades. Pero la legalidad consiste precisamente en regulaciones ambientales y sociales. Es increíble la capacidad sofística de estos defensores del atropello.
Por lo demás, las circunstancias de cada mina son diferentes. Incluso hay comunidades, vinculadas a la mina Inmaculada de la empresa Ares, que han demandado que la Primera Ministra se retracte respecto del cierre de las minas, porque dicha decisión les afectaría de diversas maneras.
En otros casos hay una historia de desencuentros, es cierto, en parte alentados por la prédica pos-extractivista que alimenta el mito de que la minería no es posible en las cabeceras de cuenca, que es el discurso que se repite en esta zona. Y que ha difundido la versión de que las aguas mineralizadas de los ríos lo son por causa de las minas, y no de la naturaleza, como señalan los informes de Ingemet.
Ese discurso no hubiese prendido si el Estado y el canon hubiesen funcionado para producir desarrollo. El canon está mal distribuido y su ejecución es muy mala, cuando no corrupta. Si se hubiese aprovechado esos recursos para que las familias campesinas multiplicasen su productividad con tecnologías de riego y otras, y con caminos para sacar su producción, no habría quejas de ningún tipo.
Más allá de eso, los hechos ocurridos que culminaron en el incendio del campamento de Apumayo fueron la consecuencia directa de un trabajo político contra la minería en cabecera de cuenca realizado por radicales en combinación con una congresista de Perú Libre, Margot Palacios, que también estuvo detrás del bloqueo de la comunidad de Aquia en Ancash contra Antamina.
Margot Palacios se reunió en varias ocasiones con los líderes del Frente de Defensa de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, Che Bernaola y Julio Gutiérrez. Esos dirigentes pertenecen nada menos que al Conare-Sutep. A continuación, damos cuenta de una pequeña muestra de las publicaciones del presidente del Comité de Lucha de Parinacochas, Che Bernaola, que hablan por sí solas.
Entonces lo que tenemos acá es una alianza entre el Frente Amplio de Marco Arana, autor de la ley de cabeceras de cuenca, adalid del pos-extractivismo y socio actual del gobierno de Pedro Castillo, con Perú Libre y con el Movadef, cuyo objetivo sería ir generando zonas liberadas en el territorio, comenzando por las provincias del sur de Ayacucho. Ese es el plan que se está desarrollando, a costa del país. Debe ser rechazado con la máxima energía. Lampadia
