Alejandro Deustua
Contexto.org
21 de abril de 2026
Para Lampadia
Al cabo de ocho años persiste en el Perú el ciclo de inestabilidad política iniciado con la renuncia del ex -presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y lo hace de manera agravada por un ciclo de bajo crecimiento inaugurado hace doce años.
A este proceso decadente y de retroalimentación entre ambas secuencias ha contribuido con especial esmero la incapaz gestión del golpista Castillo y la de sus ineptos sucesores.
Como si nada hubiera ocurrido, hoy éstos aspiran a retornar al poder con la misma oferta electoral.
A ese escenario ha contribuido, sin duda, la descomposición progresiva del contexto internacional marcado por cambios sistémicos sustanciales, el cuestionamiento de regímenes liberales (el ordenamiento multilateral, el persistente declive democrático y de la economía de libre mercado), las grandes crisis económicas de 2008 y 2020 y la creciente inestabilidad geopolítica que anuncia tiempos difíciles.
Pero en el Perú el deterioro de la gobernabilidad, de la cohesión nacional y de la eficiencia del mercado es de responsabilidad propia.
Especialmente del “castillismo” marcado por la altísima rotación burocrática (más de 170 ministros para 19 carteras -Gestión-) que incrementó la perversión de la gestión pública;
Por la fragmentación política (reflejada hoy en 35 candidaturas vs las 18 del 2021);
La disfunción del mercado laboral (expresada en informalidad que no baja del 70%);
Creciente corrupción (alimentada de minería ilegal tolerada y narcotráfico) y violencia (la tasa de homicidios ha aumentado de 8.6 a 10.7 por cada 100 mil habitantes entre 2022 y 2025) (CEIC).
Esa masa crítica de deterioro nacional quizás supere éxitos como el récord exportador y el retorno de la inversión privada (hoy en pausa) y cierto sentimiento optimista (hoy paralizado).
Con un agravante, la “alternativa castillista” quisiera derruir los fundamentos económicos que sostienen, a pesar de todo, nuestra debilitada economía.
No otra cosa es la pretensión de terminar con la autonomía del Banco Central,
Derivar las reservas nacionales al gasto social,
Incrementar el déficit fiscal a través de mecanismos distributivos sin sustento,
Desmanejo tributario y cuestionamiento de contratos públicos (incluidos los asumidos con terceros países).
Si esa propuesta es inaceptable lo es más en tiempos de preocupante incertidumbre económica internacional y de alerta sobre la degradación potencial del grado de inversión que, siendo bajo, sigue siendo indispensable para la atracción de capital foráneo y para el normal acceso al mercado financiero.
A ese camino hacia el despeñadero se suma una total insensibilidad “castillista” a la necesidad de fortalecimiento institucional imprescindible para la buena administración pública, la eficiencia democrática y la adecuada inserción internacional. La urgencia de esa tarea de vigorización no puede exagerarse cuando el deterioro ha alcanzado límites extremos en todos los poderes del Estado incluyendo hoy al centro del “sistema electoral” agravando una generalizada desconfianza ciudadana.
Al respecto, la experiencia del gobierno que asumió en 2021y la de sus subproductos muestra que el requerimiento de sanear ese pasivo será reemplazado por el acceso a esas instituciones de ciudadanos sin más mérito que haber adscrito al “poder popular”. En el proceso, nuestra mermada calidad democrática sufrirá nuevamente el embate de caracteres pluriculturales y multiétnicos que quisieran adornar un “Estado de Socialismo Andino y Amazónico”.
Ello implicaría la “refundación” del Estado sobre bases de cuestionable antropología que nuestro vecino altiplánico ha logrado cauterizar luego de casi dos décadas.
Ello ocurriría cuando la orientación política de América del Sur (salvo un par de excepciones) ha evolucionado, con diferentes matices, al ámbito liberal. En consecuencia, un gobierno de vocación autárquica que promoverá nuevamente la “diplomacia (y el comercio) entre los pueblos” no sólo aislará al Perú en la subregión sino que privilegiará vínculos disfuncionales con dictaduras y autocracias. Y que, en nombre del “anti-imperialismo”, no diferenciará entre las nuevas tendencias hegemónicas y la redefinición más plural de Occidente.
Si, como ocurrió en 2021, nuestra política exterior logra despojarse de gestores de pasado violentista y termina siendo administrada por diplomáticos silenciosos, nuestra vocación de cooperación externa y ejercicio constructivo de influencia terminará siendo reemplazada por tareas de salvataje de imagen. En el proceso se confundirá, como en esa oportunidad, la realización del interés nacional con la interlocución con escasos interlocutores.
Si, por razones legales, no fuera posible implementar un proceso electoral complementario con el propósito de que los ciudadanos que no pudieron ejercer su voto por fallas clamorosas de la ONPE lo hagan, la dimensión del desafío que se replantea al país requiere de un gran frente político que impida que ese reto se concrete.
A ese frente deben concurrir todos los partidos democráticos -de derecha e izquierda- que, luego de saturar la contienda electoral, deben hoy promover el triunfo de una organización que respete valores e intereses nacionales esenciales, que luego se empeñe en sostenerlos y que convoque también a un electorado reivindicativo pero tan corrosivamente dirigido.
Lampadia
