Jaime de Althaus
Para Lampadia
¿Cómo es posible que existiendo condiciones mucho más favorables al predominio de la derecha el 2026, estemos en riesgo de recaer en un escenario similar al del 2021, absolutamente excepcional?
Lo que ha ocurrido acá, para comenzar, es que el voto por la izquierda radical se ha concentrado en un solo candidato, mientras el voto de derecha se dividió en cuando menos tres. Igual que en el 2021.
Por eso en ambos casos pasan o pueden pasar a la segunda vuelta candidatos de izquierda dura, depredando incluso a opciones de izquierda más moderada. La novedad ha sido la aparición de una centro izquierda moderna, que no existía y a la que hay que saludar.
En segundo lugar, lo que tenemos acá es un voto de revancha o reparación a una supuesta injusticia: hace tiempo que las encuestas muestran que más de la mitad de los peruanos creen la narrativa de que el Congreso y la derecha dieron un golpe contra Castillo, y no al revés. Según ese relato, Castillo fue víctima de los poderes centrales.
Esa creencia se respalda en la ideología del centralismo capitalista expoliador que explota los recursos naturales y se lleva la riqueza fuera, que está en la matriz ideológica de la población del interior del país y de la sierra en particular. Es la visión del saqueo. Esa ideología ha sido impregnada por profesores del SUTEP, de Patria Roja y del propio Sendero -Conare y Fenatel ahora- desde los años 60 y 70 del siglo pasado, reforzada en los 70 por el velasquismo y por todas las izquierdas, y continua, con más o menos intensidad, hasta la actualidad, por la sencilla razón de que no ha sido refutada. Las elites peruanas no han dado la batalla ideológica y cultural. Han reglado el terreno a la izquierda.
Por eso tenemos a una población andina y de origen andino tremendamente emprendedora, sociológicamente capitalista, pero ideológicamente socialista.
El fujimorismo, que pudo hacer la tarea de resolver esa contradicción reconciliando a la población con una ideología de progreso y mercado, perdió esa oportunidad cuando Fujimori decidió perpetuarse en el poder.
Por eso es que, pese al colapso del “modelo boliviano” (que no ha sido aprovechado), a que Evo Morales ya no opera en el sur, a que la economía está bastante mejor que el 2021 y que ahora el problema es la altísima inseguridad, todo lo cual debería favorecer a la derecha, vemos que un candidato de extrema izquierda pasaría a la segunda vuelta. Un candidato que plantea desmontar las vigas maestras del crecimiento económico.
Regresamos entonces a la batalla de las ideas. El país no ha capitalizado para la conciencia y el orgullo nacional dos grandes éxitos que ha tenido:
La extraordinaria victoria contra Sendero Luminoso, gracias a una estrategia ejemplar que combinó la alianza con la población campesina con la inteligencia policial,[1] y
El tremendo crecimiento económico acompañado de una drástica reducción de la pobreza en los últimos 30 años, sobre todo hasta el 2013 o 2014.
Nada de eso se enseña en los colegios, por ejemplo. Sino lo contrario.
Crecimiento que favoreció a los sectores rurales y a las regiones.
El problema ha sido no solo que se exacerbó por asfixia regulatoria, sino que los servicios públicos, transferidos a los gobiernos regionales, se degradaron. La gente quedó abandonada.
Pero nadie en la carrera presidencial ha señalado que la descentralización ha sido un fracaso y que eso requiere un cambio de fondo.
Por supuesto, el ciclo anárquico iniciado a partir del 2016 tuvo efectos destructivos y agravó la desafección con la democracia.
Pero acá hay que señalar la responsabilidad de la campaña que denunció un supuesto “pacto corrupto” que aprobó supuestas leyes pro-crimen. Eso alimentó el rechazo y abrió el camino a opciones electorales antisistema o fuera del sistema.
La única ley pro-crimen aprobada ha sido la prórroga reiterada del Reinfo, algo por lo demás casi inevitable si no se había aprobado una ley MAPE.
Las demás reparaban defectos que permitieron que la justicia politizada y la regular cometieran muchos abusos.
Hubo más bien leyes anti-crimen como la que devolvió la investigación preliminar a la policía con control jurídico del fiscal.
Hubo algún abuso congresal contra alguna autoridad, sí, aunque mucho peores fueron los abusos de la justicia politizada.
Pero acusar de dictadura parlamentaria a la designación de un Tribunal Constitucional y otras autoridades por parte de la mayoría parlamentaria es desconocer la facultad natural de una mayoría en una democracia.
Esperemos que esta vez no se repita la mala historia del 2021.
Lampadia
[1] Leer el extraordinario libre de Sebastiao Mendonça, “¿Por qué fracasó Sendero?”, Penguin, 2026
