Anthony Laub
Perú21, 18 de marzo del 2026
«No estamos ante dos decisiones distintas, sino ante una sola lógica: sacrificar consistencia económica para asegurar viabilidad política inmediata».
El izquierdista Balcázar prescinde de Miralles como presidenta del Consejo de Ministros y de López como ministro de Economía, en un momento políticamente álgido. La decisión no puede leerse de forma aislada: la falta de votos para obtener la confianza del Congreso y un nuevo rescate a Petroperú por 500 millones forman parte de una misma ecuación.
Todo apunta a que el gabinete de Miralles no contaba con el apoyo suficiente. Así, su salida aparece como una decisión funcional: remover un obstáculo político para recomponer mayorías. Pero ese movimiento no vino solo. La aprobación del rescate a Petroperú —medida a la que Miralles y López se oponían— funciona, en los hechos, como moneda de cambio para asegurar el respaldo de los sectores de izquierda a un nuevo gabinete.
No estamos ante dos decisiones distintas, sino ante una sola lógica: sacrificar consistencia económica para asegurar viabilidad política inmediata.
Este tipo de transacciones tiene costos que van más allá de la coyuntura. El rescate a Petroperú no responde a una estrategia de reforma ni a un plan de sostenibilidad, sino a la prolongación de un problema estructural financiado con recursos públicos; reforzando una señal preocupante: las ineficiencias estatales no se corrigen, se cubren.
El gabinete Miralles era una construcción frágil, una suerte de repartija entre aliados que priorizaba el acomodo político sobre la coherencia técnica. Su caída no hace sino confirmar esa precariedad. Pero reemplazarlo bajo la misma lógica —pero con mayores concesiones— no resuelve el problema, lo profundiza.
En un contexto preelectoral, lo que el país necesita es estabilidad y previsibilidad, no decisiones dictadas por la urgencia parlamentaria ni concesiones fiscales. La gobernabilidad no puede reducirse a intercambios de corto plazo.
La alternativa era clara: un gabinete con respaldo político transversal y capacidad técnica, que administre la transición con responsabilidad. No uno construido sobre cuotas ni sostenido por concesiones.
El Perú ya conoce el costo de postergar decisiones estructurales a cambio de alivios políticos momentáneos. La pregunta no es si esta jugada permitirá obtener la confianza del Congreso, sino qué factura dejará después.
Cuando la política se financia con recursos públicos sin reformas de fondo, el problema no desaparece, cambia de momento y regresa más caro.
