Juan Carlos Mathews
Expreso, 4 de marzo del 2026
Recientemente, el Congreso de Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, considerada una de las transformaciones más relevantes en materia laboral de las últimas décadas. La denominada “Ley de Modernización Laboral” fue aprobada por el Senado con 42 votos a favor y 28 en contra, y forma parte de un paquete más amplio de reformas económicas orientadas a desregular la economía, promover la inversión privada y reducir distorsiones estructurales. La norma modifica aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo vigente desde 1976 y busca introducir mayor flexibilidad en un mercado laboral caracterizado por altos niveles de informalidad, que superan el 40%.
Entre los principales cambios se encuentra la redefinición del cálculo de las indemnizaciones por despido, excluyendo ciertos conceptos como vacaciones y aguinaldo. Asimismo, se crea un Fondo de Asistencia Laboral o sistema alternativo de cese, financiado por aportes patronales, que puede reemplazar el esquema tradicional de indemnización. El objetivo declarado es reducir la litigiosidad laboral y brindar mayor previsibilidad a las empresas, disminuyendo el costo del despido y fomentando nuevas contrataciones.
Otro cambio importante es la introducción del “banco de horas”, que permite flexibilizar la jornada laboral, pudiendo alcanzar hasta 12 horas diarias bajo determinados acuerdos, compensando luego con descansos equivalentes. También se establecen modificaciones en materia sindical, limitando algunos alcances del derecho de huelga mediante la exigencia de servicios mínimos en actividades esenciales, y promoviendo la negociación colectiva a nivel de empresa por encima de los convenios sectoriales.
En cuanto a vacaciones y remuneraciones, se flexibilizan las reglas de fraccionamiento y se habilitan modalidades de pago más amplias, incluso en moneda extranjera bajo ciertas condiciones. La reforma generó una fuerte reacción sindical y movilizaciones, incluyendo una huelga general convocada por la CGT y acciones judiciales que cuestionan su constitucionalidad. Sus defensores sostienen que permitirá reducir la informalidad, dinamizar la creación de empleo formal y mejorar la competitividad de la economía argentina. Sus críticos, en cambio, advierten que puede debilitar derechos laborales históricos y aumentar la precarización.
A nivel global, las reformas laborales responden a distintos modelos. Algunos países, como los escandinavos, aplican esquemas de “flexiguridad”, combinando facilidad para contratar y despedir con sólidas redes de protección social. Otros, como Estados Unidos, priorizan la flexibilidad con menor regulación. También existen modelos intermedios que buscan equilibrar competitividad y protección social mediante políticas activas de empleo y capacitación.
En el caso del Perú, aunque no se ha implementado una reforma integral reciente como en Argentina, desde la década de 1990 se han impulsado cambios orientados a facilitar la contratación temporal y reducir costos laborales, con el objetivo de promover la formalización. Sin embargo, la informalidad sigue siendo elevada y la pobreza, aunque en reducción, aún no retorna a niveles prepandemia (20,5%). El costo laboral en el régimen general peruano puede representar entre 50% y 60% adicional al salario base, lo que afecta la competitividad empresarial. Por ello, la experiencia argentina invita a reflexionar sobre la necesidad de reformas que mejoren la educación para estimular la productividad laboral y fortalezcan a la empresa privada como generadora de empleo, sin descuidar la protección de derechos fundamentales, encontrando un equilibrio sostenible entre competitividad, flexibilidad y justicia social.
