Entrevista a Jessica Luna
Perú21, 24 de noviembre del 2025
Nicolás Castillo Arévalo
Para Luna es urgente que el Estado ordene su propio marco normativo y que garantice coherencia entre sus entidades.
«La Pesca industrial tiene un compromiso con la sostenibilidad y la conservación de nuestros ecosistemas»
La Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema tiene en sus manos resolver un conflicto generado por el propio Estado, que no solo vulnera el Estado de derecho, sino que contradice la política de buscar la armonía entre la protección del medioambiente y el ejercicio de las libertades económicas. El gremio pesquero presentó una acción popular contra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), para anular la prohibición absoluta de la pesca industrial en áreas naturales protegidas (ANP), al considerar que contraviene la ley. Jessica Luna, presidenta de la SNP, habla de esta antinomia jurídica.
Existe una contradicción legal entre el Sernanp y el Minam. El primero prohíbe la pesca industrial en todas las ANP, pero el segundo la permitió en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca. Si bien el Sernanp tiene autonomía, no puede ir en contra de las políticas ambientales que dicta el Minam. ¿Qué exactamente dice la Ley de ANP sobre el aprovechamiento directo en estas áreas?
La ley que crea las ANP, de 1997, señala textualmente que “puede permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de recursos o determinarse la restricción de usos directos”. Primero, es claro que no hay una prohibición absoluta. La presencia o no de actividades económicas depende de cada caso y debe alinearse con el desarrollo sostenible que promueve el país. Esto se define en los planes de manejo de cada reserva, porque cada ANP es distinta y tiene objetivos específicos. Sin embargo, una directiva que es una norma de menor rango en el ordenamiento jurídico peruano introduce una prohibición absoluta de la pesca en las ANP. La preocupación es cómo una norma de menor rango puede contradecir a la ley. Aquí se vulnera el principio de jerarquía normativa y, lo que es peor, se está atentando contra el Estado de derecho. Si hoy se permite que una directiva contradiga una ley en este tema, mañana podría ocurrir en cualquier otro ámbito. Eso es lo primero.
¿Cuál es la otra reflexión?
El segundo punto es que, en 2021, se creó la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, que justamente implementa lo que la Ley de ANP señala. La reserva busca proteger una cadena montañosa submarina profunda, su biodiversidad y el ecosistema asociado. Por ello, sobre la base de evidencia científica y análisis técnico, se establecieron dos zonas: un área de aprovechamiento directo entre los 0 y 1,000 metros de profundidad, donde se permiten actividades como la pesca industrial; y una zona de protección estricta entre los 1,000 y 4,000 metros, donde no se permiten actividades económicas.
Ese es un ejemplo claro de que, en nuestro país, según la ley, pueden crearse áreas naturales protegidas donde coexistan desarrollo y conservación. Además, tanto el Imarpe como el propio Sernanp cuentan con estudios que muestran que la pesca en esa zona no afecta los objetivos de conservación y que la biodiversidad se mantiene protegida.
¿Que el propio Estado permita que se vulnere el Estado de derecho pone en riesgo la inversión privada?
Sí, por ello, es bien importante ordenar y aclarar esto. Insisto en la implicancia que hay de respetar el principio de legalidad y jerarquía normativa. Cuando se vulnera este principio, se afecta el Estado de derecho, y sin este no hay predictibilidad para la inversión privada. Hoy hablamos de pesca; mañana podría ser minería, industria o exportaciones. Las reglas claras, predecibles y transparentes son indispensables. Aquí lo urgente es que el Estado ordene su propio marco normativo y que garantice coherencia entre sus entidades. Las implicancias son graves no solo para la actividad pesquera, sino para la inversión y la estabilidad jurídica en general.
Además, en sectores como la pesca, la ciencia debe ser la base de cualquier decisión de política pública. Estamos hablando de recursos vivos; por eso, el Imarpe, que estudia permanentemente el mar y los recursos, debe tener un rol mucho más sólido. El otro tema que preocupa es que en este caso ha habido mucha ideología detrás. Todos compartimos el interés genuino de proteger el medioambiente, pero bajo ese argumento, en ocasiones, se han frenado proyectos formales sin considerar el avance de actividades ilegales.
Según el procurador del Estado, la pesca de gran escala en la Reserva Dorsal de Nasca se permitió “para no ir a los extremos y buscar la armonía entre la protección del medioambiente y las libertades económicas”. Sin embargo, ese mismo procurador ahora defiende al Sernanp y la prohibición absoluta en todas las ANP. ¿No es una contradicción?
Es una contradicción absoluta del propio Estado. La falta de concordancia es terrible por las implicancias que eso tiene para el país. Más allá de este tema específico, uno no puede decidir con un criterio en un caso y, en otro caso similar, con otro criterio. Cuando me conviene, cuando no, depende del humor que tengo. No, la ley es la ley, y la ley se tiene que aplicar de manera objetiva e independiente.
¿Qué busca exactamente la SNP? ¿Pescar en todas las ANP o mantener criterios diferenciados como hasta ahora?
La Sociedad Nacional de Pesquería busca, ante todo, que haya una concordancia en el Estado y que se respete la ley. La ley dice que pueden darse actividades económicas o no según el área protegida, dependiendo de sus particularidades y objetivos. Por ello, debe evaluarse caso por caso, basado en ciencia, en evidencia científica y técnica. Eso es lo que nosotros estamos impulsando, que se respete la ley y la jerarquía normativa en nuestro país.
¿Por qué la pesca y la conservación pueden convivir?
Porque se ha demostrado científicamente que la pesca industrial puede coexistir con la conservación. Un ejemplo claro es el programa Salvamares, una iniciativa creada por la pesca industrial con el compromiso real con la sostenibilidad y la conservación de nuestros ecosistemas, que no existe en la pesca artesanal. Durante las faenas pesqueras pueden producirse capturas incidentales, por ejemplo, de aves o lobos de mar. Para proteger estas especies, cada embarcación cuenta con un salvamar capacitado que, cuando ocurre esta pesca incidental, identifica, registra y libera a estas especies de manera segura. Esta es una capacitación que hacemos de manera permanente y que estamos extendiendo a otras flotas y pesquerías. Así es como trabajamos.
