Por: Andrés Oppenheimer
El Comercio, 2 de agosto de 2021
El nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, merece crédito por prometer dedicarse a mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios de su país. Pero empezó mal: sus primeras medidas en el gobierno despiertan temores de que ahuyentará a los inversores, generará una estampida de capitales y –después de una fiesta populista– terminará creando más pobreza.
Castillo, de 51 años, quien era líder de un sindicato de maestros de extrema izquierda, asumió el cargo el 28 de julio tras ganar las elecciones por un ínfimo 0,3% de los votos. Solo controla 37 escaños de las 130 bancas del Congreso.
Su minoría en el Congreso había generado especulaciones de que tendería puentes con la oposición, en lugar de apoyarse exclusivamente en su partido Perú Libre, que se autodefine como marxista.
Sin embargo, en lugar de nombrar a un primer ministro moderado que podría haberse entendido con la oposición, Castillo nombró a Guido Bellido, uno de los políticos más radicales de Perú Libre.
Bellido está bajo investigación por rendir su “homenaje” a una integrante del grupo terrorista Sendero Luminoso en Facebook en el 2017. El nuevo primer ministro también defendió la dictadura cubana tras la represión brutal del 11 de julio de miles de manifestantes pacíficos en la isla, afirmando en una entrevista televisiva el 19 de julio que Cuba es un país “democrático”.
Asimismo, Castillo nombró a Héctor Béjar, un exlíder guerrillero de 85 años, como su ministro de Relaciones Exteriores. Béjar es un admirador entusiasta de las dictaduras de Cuba y Venezuela.
Pero lo más preocupante de los primeros pasos de Castillo en la presidencia es su insistencia en convocar una asamblea constituyente para cambiar la Constitución.
Eso es exactamente lo que hizo el difunto populista autoritario venezolano Hugo Chávez inmediatamente tras asumir el poder en 1999, y lo que hicieron los seguidores de Chávez en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Con la excusa de cambiar la Constitución para combatir la corrupción y darle más derechos al pueblo, asumieron poderes absolutos.
En su discurso de toma de posesión, Castillo dejó en claro que la convocatoria a una asamblea constituyente es su primera prioridad política. Eso no es un buen augurio para Perú por varias razones.
Primero, refuerza los temores de que Castillo, a pesar de sus recientes afirmaciones de que “no soy chavista ni comunista”, está siguiendo el manual chavista al pie de la letra. La posibilidad de que Castillo cambie la Constitución para permitir nacionalizaciones y estatizaciones frenará aún más las inversiones en un país cuya economía ya se contrajo un 11% el año pasado.
En segundo lugar, la sugerencia de Castillo de que podría convocar un referéndum para cambiar la Constitución pasando por encima del Congreso sería inconstitucional.
Según el artículo 206 de la Constitución peruana, “toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso”. Castillo dice que presentará un proyecto de ley al Congreso para permitirle proceder, pero al mismo tiempo ha insinuado que cambiará la Constitución sin pasar por el Congreso si “el pueblo” se lo pide.
En tercer lugar, y quizás lo más importante, creo que es un disparate total tratar de cambiar la Constitución y aumentar la polarización social en momentos en que el país tiene la mayor tasa de mortalidad de COVID-19 per cápita del mundo. Cerca de 200.000 peruanos han muerto de COVID-19 en un país de solo 32 millones de personas.
¿Tiene sentido que Castillo concentre las energías de su gobierno en cambiar la Constitución en lugar de combatir la pandemia? Por supuesto que no. Si hay un país en el mundo que debería concentrar todas sus fuerzas en combatir este virus, es Perú.
Resumiendo, Castillo empezó con el pie izquierdo. Se ha dejado controlar totalmente por la izquierda jurásica de su partido. Si el Congreso no lo fuerza a gobernar para todos, el Perú –y Castillo– van a ir cuesta abajo mucho más rápido de lo que muchos creían.
–Editado–
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