Natale Amprimo
El Comercio, 1 de octubre del 2025
“Ahora que agitadores buscan usar políticamente a los jóvenes con discursos violentistas, su participación en el Congreso de Derecho Constitucional sirve como escudo de protección”.
El mes pasado se desarrolló el XV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, organizado por la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, institución fundada en 1996 bajo el impulso y liderazgo de Domingo García Belaunde, quien es su presidente honorario, y que hoy lidera Jorge Luis Cáceres Arce.
El evento fue todo un éxito y contó con la activa colaboración y auspicio de la Universidad de San Martín de Porres, del Tribunal Constitucional y de su Centro de Estudios Constitucionales.
Se instalaron mesas de debate sumamente interesantes, con la participación de profesionales, incluso extranjeros, de primerísimo nivel; sin embargo, además de la presencia de abogados y magistrados con ya algún recorrido (lo que revela un encomiable interés por mantenerse al día con los debates en temas especializados), quisiera destacar la activa participación de gran cantidad de jóvenes, en su mayoría estudiantes de Derecho, que llenaron los auditorios donde se desarrolló el evento y que, incluso, interactuaban con los conferencistas alcanzándoles sus inquietudes y puntos de vista, generándose un enriquecedor intercambio de opiniones y experiencias.
La participación de jóvenes interesados en el conocimiento y reflexión respecto de temas constitucionales es muy alentadora, pues en otros momentos hemos sentido un preocupante desinterés por profundizar en temas de derecho público; como si todo aquello que roce con la política les generara repelús.
En ese sentido, ahora que muchos agitadores –algunos disfrazados de seudodemócratas– buscan, al igual que en el 2020, utilizar políticamente a los jóvenes con discursos violentistas e inaceptables, la participación de estos en eventos como el XV Congreso Nacional de Derecho Constitucional sirve como una suerte de escudo de protección para esos mensajes que tratan de desestabilizar institucionalmente al país, desnaturalizando figuras constitucionales y dándole un alcance inaceptable en un Estado de derecho a la protesta.
He escuchado voces reclamando abiertamente a los jóvenes para que asuman una posición radical como la ocurrida recientemente en Nepal (cuyo nefasto saldo ha sido la muerte de 21 manifestantes; el incendio de la casa del ex primer ministro y la muerte de su esposa; el atentado contra el ministro de Finanzas, al que golpearon y dejaron en paños menores; la destrucción del Parlamento y de múltiples vehículos, entre otros daños, situación que solo alguien que no esté en sus cabales o realmente odie al Perú podría desear). También, en consonancia con este mensaje macabro, ha habido explicaciones rocambolescas, como aquellas que en su afán por minimizar –y hasta justificar– actos de violencia pretenden que asumamos como válido que una bomba molotov o una piedra lanzada contra el personal policial no son armas, sino aspectos menores o triviales (“las piedras que se tiran se recogen ahí nomás” o “una bomba molotov se hace con un poco de combustible, un trapo y una botella; no es un arma” son frases desafortunadas que se han escuchado). Ese raciocinio, típico de quien quiere vender gato por liebre, es como decir que, si a alguien lo matan con un bisturí o con un ladrillo –que sirven para operar o para construir, respectivamente– no estamos ante un homicidio, pues tales objetos no han sido fabricados para matar. Realmente penoso actuar de algunos.
Finalmente, ¿qué hacen los políticos tomándose fotos con quienes dicen seguir el ejemplo de violencia de Nepal? ¿Son capaces de dejar los principios por una foto o es que carecen de estos?
