Carlos Pareja
El Comercio, 1 de octubre del 2025
“La investidura presidencial no es un megáfono personal: es un símbolo del Estado”.
Nos hallamos ante un caso significativo para el derecho internacional público. En la edición 80 de la Asamblea General de la ONU (setiembre del 2025), el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunció un discurso de fuerte confrontación con Estados Unidos: calificó las acciones en Gaza como “genocidio” y pidió un proceso penal contra el presidente Donald Trump por los recientes ataques a lanchas en el Caribe, que, sostuvo, causaron la muerte de jóvenes latinoamericanos pobres.
Del foro multilateral pasó a la calle. Con megáfono en mano, en una protesta propalestina frente a la sede de la ONU en Nueva York, exhortó a los soldados estadounidenses a “desobedecer” las órdenes del comandante en jefe. Esa línea no es simple disenso: es una incitación directa a la insubordinación militar en un país aliado. La reacción fue inmediata: el Departamento de Estado anunció la revocatoria de su visa, enfatizando la naturaleza “incendiaria” de sus palabras. El anuncio se hizo una vez que el mandatario había abandonado el país, afectando sus entradas futuras y no el viaje realizado, consistente con las obligaciones del Acuerdo de Sede de 1947, que garantizan el acceso al territorio estadounidense para cumplir funciones relacionadas con la ONU.
En su apuesta más radical, Petro buscó que la asamblea general aprobara, por mayoría de dos tercios, una resolución para constituir una fuerza de protección en Palestina. La propuesta resulta audaz en lo declarativo, pero impracticable en lo institucional, pues la asamblea carece de competencias para materializarla; en consecuencia, la convierte en un acto más de retórica política que en un mecanismo viable de protección internacional.
El daño principal no es solo bilateral. La investidura presidencial no es un megáfono personal: es un símbolo del Estado. Cuando un jefe de Estado usa esa investidura para incitar a la desobediencia de las fuerzas armadas de otra democracia, degrada su propio cargo y mina la confianza que sustenta la cooperación hemisférica. Colombia ha cultivado por décadas políticas de Estado que la proyectaron como actor serio y previsible; hoy, esa reputación queda comprometida.
Es cierto que Washington también eleva el tono: en el 2025 impuso aranceles generalizados –que golpean, entre otros, a Brasil– y ejecutó operaciones letales en el Caribe bajo el ropaje de la lucha antidrogas. Pero una cosa es disentir y otra subvertir. Un presidente puede y debe criticar; lo que no debe hacer es llamar a la indisciplina de fuerzas armadas extranjeras. Esa frontera marca la diferencia entre la diplomacia firme y el activismo irresponsable.
Las democracias resisten los discursos estridentes; lo que no toleran –sin costo– es la erosión de sus instituciones. Con su arenga en Nueva York, Petro no solo tensó la relación con Estados Unidos: devaluó la autoridad de su propio cargo y proyectó a América Latina como un mosaico imprevisible, justamente cuando la región más necesita credibilidad para influir en las grandes decisiones globales.
