Jaime de Althaus
Para Lampadia
El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, reveló en RPP hace un tiempo que el 90% de sus vecinos no paga impuestos, ni el predial ni arbitrios y, sin embargo, “son los que más piden pistas y parques”. Esta declaración muestra el inconveniente absoluto de haber aprobado la ley que transfiere 2 puntos adicionales del IGV a los municipios, sumados a los 2 puntos que se les transfería.
Como hemos explicado antes, las municipalidades, sobre todo las del interior del país, pero también las de los conos de Lima, se han acostumbrado a vivir de transferencias del gobierno central y por lo tanto no se esfuerzan en incrementar la recaudación propia. Es obvio que haberles adicionado 2 puntos del IGV, como dijimos en su momento, no va a hacer sino reforzar ese rasgo vicioso de la gestión municipal.
En realidad, si la gran mayoría de los ingresos vienen del gobierno central, no tiene sentido que los alcaldes sean autoridades electas. Lo mejor sería que fueran designadas precisamente por el gobierno central. Porque recordemos que gozan de autonomía no solo administrativa, sino política y legislativa. Las ordenanzas que aprueban tienen valor de ley.
Como hemos explicado, que no generen ingresos propios implica que no hay en sus jurisdicciones ciudadanos contribuyentes fiscalizadores del uso de los impuestos que pagan, porque no los pagan.
Y entonces el alcalde no tiene que rendir cuentas a nadie y actúa como un autócrata disponiendo como quiere de los recursos que le caen del cielo. Se convierte en un pequeño reyezuelo y el presupuesto municipal en un botín.
Esto es muy malo para el desarrollo de valores republicanos y democráticos en el país. No solo eso. Los vecinos se acostumbran a ver obras en sus localidades sin que ellos hayan contribuido para que se hagan. Se acostumbran a recibir sin aportar. Es decir, no desarrollamos ciudadanos responsables, auténticos miembros de la polis, participantes en ella con voz y voto porque han cumplido con sus obligaciones.
Fomenta, además, la multiplicación de gobiernos locales. Las comunidades campesinas quieren ser municipalidades de pueblo menor, estas quieren ser municipalidades distritales, las que a su vez quieren ser provinciales. Porque a cada nivel se accede a más presupuestos. Los gobiernos locales se han convertido en un medio para vivir de las arcas del Estado, para succionar recursos. Es un efecto perverso.
Por eso, el Congreso debería aprobar una ley que vaya en el sentido contrario de la que aprobó hace pocos meses: que establezca que las municipalidades viven solo de sus propios recursos, de los ingresos que ellas generan a partir de la recaudación del predial y los arbitrios.
Entonces se verán obligadas a recaudar sus propios tributos.
Eso ayudará a generar ciudadanos plenos, a reducir la corrupción, a sanear el presupuesto y el gasto público y a contener la multiplicación de gobiernos locales.
Todos efectos tremendamente benéficos para la salud nacional.
Se podría agregar que las municipalidades que aumenten proporcionalmente más su recaudación recibirían una asignación adicional del Tesoro Público, como incentivo.
Tenemos que sincerar las instituciones republicanas en el país. Lampadia
