Mara Seminario
El Comercio, 19 de setiembre del 2025
En 1981, el Estado Peruano declaró a Machu Picchu Santuario Histórico Nacional, y dos años después la Unesco lo inscribió como Patrimonio Mundial. Es mucho más que una atracción turística: es uno de los más importantes legados que el Perú ofrece a la humanidad. En el 2007 fue declarada una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, reconocimientos que nos obligan a estar a la altura. Hoy, lamentablemente, estamos muy lejos de cumplir esa promesa. Machu Picchu está en peligro. El desorden en la gestión de los flujos turísticos, la falta de control territorial, el sobrepoblamiento y la ausencia de una gobernanza articulada y eficaz lo amenazan seriamente. Pese a que las soluciones existen y están sobre la mesa, no es un problema técnico. Es, claramente, un problema político.
Expertos han propuesto planes técnicos para regular el acceso, diversificar las experiencias turísticas, preservar el entorno natural y ordenar el crecimiento urbano. Herramientas como el uso de boletos digitales, control de aforo en tiempo real, trazabilidad de visitantes, rutas alternas y medidas de protección ambiental existen. Lo que falta no es conocimiento técnico, sino voluntad política. Y no podemos señalar únicamente al Gobierno Central. El Gobierno Regional del Cusco y la Municipalidad Distrital de Machu Picchu tienen responsabilidad. Lejos de liderar procesos de ordenamiento y conservación, muchas veces han actuado guiados por intereses particulares, cediendo a la presión de grupos y utilizando el patrimonio como herramienta de poder político. El resultado: improvisación, sobreexplotación y deterioro.
No estamos frente a un problema sin solución, sino frente a un sistema que ha normalizado la inacción y ha antepuesto intereses subnacionales al deber de proteger un bien que pertenece al Perú y al mundo. No podemos seguir improvisando ni permitir que los intereses locales secuestren decisiones que exigen una mirada nacional e internacional. El Ejecutivo debe ejercer con firmeza su autoridad y liderazgo, y las autoridades deben asumir su responsabilidad histórica con visión de futuro.
