Jaime de Althaus
Para Lampadia
Nuevamente el ministerio de Energía y Minas ha caído en los juegos extorsivos de “Los Chavelos”, esos abogados que terminaron en la cárcel procesados precisamente por extorsión a Las Bambas.
Como hemos referido en artículos anteriores, algunos vinculados a ellos se trasladaron a Espinar para aplicar allí el mismo método por el cual fueron procesados, pero esta vez con comunidades como como Tintaya Marquiri, contra la empresa Antapaccay de Glencore.
Levantaron una serie de demandas absolutamente irreales solo con la finalidad de presionar a fin de obtener una compensación económica por supuestos agravios, de la que cobrarían una jugosa comisión de éxito.
Decimos que el MINEM ha caído en el juego porque el 4 de setiembre publicó la resolución ministerial Nº 286-2025-MINEM/DM que crea en “Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal denominado “Mesa de Diálogo para abordar la problemática de la Comunidad Campesina de Tintaya Marquiri”.
Le ha dado así legalidad y viabilidad administrativa a un acto extorsivo, porque se trata de demandas estimuladas por los asesores legales en cuestión tales como revisar compra de tierras de hace 40 años, oponerse a la planta de óxidos de Antapaccay, indemnización por supuestas afectaciones ambientales y convertirse en accionista de Glencore.
Se produjo una primera reunión del Grupo y asistió nada menos que el congresista de Juntos por el Perú Roberto Sánchez, que no es representante del Cusco pero está claramente en campaña electoral, sumándose a las demandas impulsadas por los asesores legales vinculados a los Chavelos. Estuvieron presentes funcionarios de la dirección de gestión social del MINEM, pero ahora exigen la presencia del viceministro.
No es posible que el propio MINEM esté ayudando a grupos interesados a formalizar demandas que no son genuinas, sino que responden a intereses puramente económicos.
Si queremos que haya inversión minera responsable en el Perú, que es el caso de Antapaccay que opera con los más altos estándares, el Estado tiene que ser capaz de distinguir la paja del trigo, las demandas justas de las fabricadas.
De lo contario, será cada vez más difícil. No se les puede dar alas a asesores y políticos que buscan la suya a costa del país y que usan como carne de cañón a comunidades cuyas verdaderas demandas -salud, educación, transporte, etc.- no son atendidas por el Estado.
Lampadia
