David Tuesta
Perú21, 7 de agosto del 2025
«Una política pública es exitosa no por cuánto se gasta o cuántas obras se inauguran, sino por cuánto mejora la vida de las personas».
Impulsar las Asociaciones Público-Privadas (APP) no es solo una opción técnica deseable, es una necesidad urgente para dinamizar la productividad y mejorar el bienestar. Cuando están bien diseñadas, las APP permiten cerrar brechas de infraestructura y servicios a un ritmo y calidad que difícilmente puede alcanzar el Estado actuando solo.
Uno de los errores más persistentes en el debate público es reducir las APP a una mera comparación de costos frente a la obra pública tradicional. Esta visión pierde de vista lo esencial: mientras la obra pública se agota con la entrega del activo, las APP establecen compromisos de largo plazo que aseguran la operación y mantenimiento del servicio. El objetivo no es solo construir, sino garantizar que el servicio funcione adecuadamente durante décadas. Esa diferencia no es menor: bajo una APP, el privado no cobra si no cumple los estándares establecidos, lo que disciplina la gestión y protege al ciudadano frente al deterioro que suele acompañar a la infraestructura pública abandonada por el Estado. Por ello, las APP deben verse como una herramienta de gestión pública orientada al bienestar.
Las APP permiten alinear los incentivos públicos y privados bajo contratos que, aunque necesariamente incompletos, pueden diseñarse para penalizar el incumplimiento y premiar la entrega sostenida del servicio. Una política pública es exitosa no por cuánto se gasta o cuántas obras se inauguran, sino por cuánto mejora la vida de las personas. Las APP bien estructuradas encajan perfectamente en ese paradigma, porque trasladan el foco desde el proceso hacia los resultados concretos.
Según un informe del Consejo Privado de Competitividad, a julio de 2025 se ha adjudicado apenas el 38 % del monto meta del año. Aunque esto representa una mejora frente a años anteriores, sigue siendo insuficiente para revertir la parálisis de casi una década. Además, el número de proyectos adjudicados sigue siendo bajo: solo tres en lo que va del año. Se requiere que el Gobierno retome el ritmo en esta última parte del año.
Por eso resulta lamentable que la autógrafa aprobada por el Congreso en la legislatura pasada —que proponía mejoras para desburocratizar el sistema— haya sido observada por el Ejecutivo. Las reformas planteadas no solo respondían a consensos técnicos construidos durante años, sino que apuntaban a devolverle fluidez a un proceso hoy trabado por múltiples niveles de revisión redundante y una institucionalidad fragmentada.
No podemos seguir atrapados en un sistema que confunde control con parálisis, ni seguir creyendo que más procedimientos equivalen a mejores decisiones. Se necesita un modelo de APP basado en gobernanza moderna, gestión por resultados y una evaluación ex post que premie lo que funciona y corrija lo que no. El Estado debe ser un buen gestor de los servicios públicos, y para eso necesita agilidad, profesionalismo y la visión de largo plazo que traen las APP. Los ciudadanos claman por un Estado que funcione.
