Jaime de Althaus
Para Lampadia
Comenzó la batalla por la depuración del REINFO y la formalización de los que cuenten con REINFO vigente.
El reglamento de la ley 32213 que extendía el REINFO 6 meses prorrogables, daba 45 días a los que estaban en calidad de suspendidos en ese registro a fin de que regularicen sus papeles o de lo contrario quedarían excluidos. Ese plazo vence ahora el 5 de julio.
Por supuesto, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) ya se movilizó contra esa disposición y ha desplazado alrededor de 1,400 mineros a Lima al mismo tiempo que bloquea el corredor minero y la Panamericana Sur exigiendo que se elimine ese plazo y que no se excluya a minero suspendido alguno.
Algo, por supuesto, inaceptable. Defienden a informales que están 3 o 4 años en calidad de suspendidos sin ninguna voluntad de formalizarse y más bien sirviendo de vehículo a mineros ilegales que, además, trabajan sin ninguna contemplación ambiental y social.
Sus demandas son maximalistas. Exigen la derogación de todos los decretos supremos y de urgencia que se han dado alrededor de este tema, la aprobación de la ley de reversión de concesiones ociosas, el despido de varios funcionarios del MINEM, etc.
En las reuniones en el ministerio, según una fuente, adoptan una actitud intransigente y amenazante, tal como se constata luego en los videos que ellos mismos propalan. No es de extrañar. Como vemos en el siguiente comunicado, la posición de CONFEMIN es abiertamente ideológica y política, no gremial. Es obvio que sus dirigentes están aprovechando para construir su base electoral de cara a las elecciones del 2026. De hecho, están inscritos en partidos políticos.
El gobierno no debe ceder. Esta vez no. Porque ahora hay un programa serio de depuración del REINFO y de culminación del proceso de formalización para dar lugar al régimen que establezca la ley MAPE. La prueba de que el esfuerzo es serio es la resistencia que empieza a tener, pese a que el conjunto de la opinión pública clama a gritos por el cierre del REINFO y más bien se acusa al gobierno de tibio y y hasta vendido debido a que ha tenido que prorrogar el REINFO 6 meses por última vez porque no se aprobó la ley MAPE en el Congreso. Los medios deberían entender la estrategia que está en marcha y jugar un papel claro de exigir que se avance sin ceder a presiones.
Una manera de contrarrestar esta presión sería sacar adelante un primer grupo importante de mineros formalizados, los más de tres mil que tenía proyectado el ministerio a los que solo le faltaba el IGAFON y algo más. El problema es que varios gobiernos regionales siguen negándose a acatar la ley y no entregan los expedientes de formalización al MINEM. No quieren dejar el negocio. Esos gobernadores deberían ser denunciados por desacato y desobediencia a la ley y mientras tanto ver la manera de proceder sin esos expedientes.
La exclusión del REINFO de varias decenas de miles suspendidos en los próximos días significará un significativo paso adelante en la lucha contra la minería ilegal porque reducirá el flujo de oro de esa procedencia y permitirá avanzar en el proceso de formalización de aquellos con REINFO vigente, con estrategias específicas para cada tipo de realidad. Recordemos que está en construcción el sistema interoperable para la trazabilidad que operará con un aplicativo al que todos los agentes tendrán de informar, y que servirá para controlar los eslabones neurálgicos de la cadena de valor del oro tales como los explosivos, el combustible y las plantas de tratamiento, diseño que se está aplicando como laboratorio en Pataz.
La opinión pública tiene que supervisar con atención que toda esta estrategia se cumpla y que no se ceda ante presiones políticas, ideológicas y hasta criminales de ninguna clase. Lampadia
