Jaime de Althaus
Para Lampadia
Menos mal que no se aprobó el predictamen sustitutorio de la ley MAPE ayer en la comisión de Energía y Minas del Congreso.
Si bien contenía algunas mejoras, como poner más requisitos para la inscripción en el nuevo registro que se llama ahora el RENAPMA y establecer que por sí misma la inscripción en ese registro no autoriza el inicio o reinicio de operaciones mineras, no se establece cuáles son los requisitos para iniciar dichas operaciones ni queda claro que para ello se requiere tener contrato de explotación con el dueño de la concesión.
Lo más preocupante, sin embargo, es que se mantiene la facultad del MINEM de imponer servidumbres si no hay acuerdo para firmar el mencionado contrato, socavando la seguridad jurídica del régimen de concesiones que es lo que hace posible la inversión minera.
Insistimos en que acá se requiere disposición y capacidad de diálogo entre los distintos actores para llegar a fórmulas de consenso en un tema que es complejo y de difícil solución. Porque una buena ley MAPE es indispensable si queremos darle viabilidad a la inversión minera en el Perú, al Perú mismo. Las partes podrían ponerse de acuerdo en un facilitador que conduzca un proceso que lleve a consensos.
Mientras tanto, una de las batallas en todo este asunto marcha hasta ahora con buenos resultados. Me refiero a Pataz.
Allí la producción se ha reanudado, pero ya no la de aquellos que tenían Reinfo suspendido, que han sido excluidos. Eso debe haber bajado de manera apreciable el volumen de oro ilegal transportado a la costa, porque esos Reinfos representaban más del 60% de los suspendidos de la provincia.
Y para asegurar que solo los reinfos vigentes puedan pasar, ya están operativos los tres puestos de control reforzados, según nos informa Rodolfo García Esquerre, alto comisionado contra la minería ilegal. En esos puestos ya hay personal de instituciones el MINEM, SUNAT, SUCAMEC, Fiscalía de Medio Ambiente, además de policías y militares. Incautan el oro ilegal o el de los Reinfos suspendidos y excluidos.
Al mismo tiempo el Comando Unificado Pataz está dando la batalla contra los ilegales y las organizaciones criminales (algunas de las cuales pueden haber escapado a otras zonas).
Según el ministro de Defensa, ha intervenido 54 bocaminas, 6 socavones y más de una decena de plantas de procesamiento, y ha incautado 14 fusiles, 12 pistolas, y ha detenido a más de 20 personas.
Al mismo tiempo, el diálogo con la población avanza: el próximo martes se desarrollará la tercera reunión de la Mesa de Trabajo de Desarrollo Sostenible en Pataz.
Ya deben comenzar también las acciones para formalizar a quienes tienen Reinfo vigente. Según el ministro de Energía y Minas Jorge Luis Montero, estos días debe estar publicándose una resolución ministerial que le permita al MINEM intermediar entre los titulares de la concesión y los pequeños mineros, ya no solo en Pataz sino a nivel nacional. Se trataría de una “intermediación estructurada”. “Tenemos, cuando menos, unos 10,000 Reinfos vigentes en concesiones activas de terceros a nivel nacional. Estamos trabajando el protocolo.
Además, tenemos unos 3,000 Reinfos vigentes titulares de concesión o con contratos de explotación válidos. Solo les falta la aprobación del IGAFOM y se formalizan. Estamos trabajando en eso”, nos informa el ministro. Le hago notar que el problema allí es que hay seis o siete gobiernos regionales que desacatan la ley y no quieren entregar los expedientes de formalización. Me responde que “el 27 de junio se les vence el plazo de ley. Los demandaremos por desacato a la Ley si no los entregan. Igual tenemos información suficiente en el sistema virtual para hacer nuestro trabajo”.
Adicionalmente, hay más de 20 mil reinfos en concesiones extinguidas. Allí no hay problema, pero se requiere ley para que el MINEM pueda otorgar esas concesiones. Se estaría preparando un proyecto de ley para eso, o debería incluirse en la ley MAPE.
Una vez que haya una masa crítica formalizada, se lanzará el Fondo Minero para proporcionar asistencia técnica, legal y financiera a los pequeños mineros ya formalizados.
Pero la ley MAPE es fundamental para no continuar dando cobertura a la minería ilegal y consolidar el proceso de formalización. Allí está el gran desafío.
Lampadia
