Contra el lobby sindical y el clientelismo político
Jaime de Althaus
Para Lampadia
La producción de proyectos de ley en el Congreso es una expresión clarísima de lo que Mancur Olson llamaba “coaliciones distributivas” o grupos de interés organizados que son capaces de obtener beneficios o privilegios legales a costa del interés general o de grupos difusos no organizados.
Hay muchos ejemplos, pero podemos destacar dos recientes.
- Uno es el proyecto de Ley N° 11272 que propone eliminar la facultad de ejecución coactiva de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Obviamente eso ha sido movido por organizaciones de transportistas informales que tienen representantes en el Congreso. Pero atenta claramente contra la indispensable reforma del transporte en Lima que supone ordenar las rutas con empresas de transporte formales y modernas, una reforma que tendrá que realizarse tarde o temprano para acabar con el caos actual y la llamada guerra del centavo. El transporte urbano en Lima toma demasiado tiempo, ocasiona muchas perdidas a la economía y a los ciudadanos y casi anula las ventajas económicas de la aglomeración urbana que una ciudad de 11 millones de habitantes debería ofrecer.
Frente a esos intentos legislativos de los informales, los usuarios, que serían los perjudicados, están desorganizados. Son un grupo difuso. No hay contrapeso entones a estas iniciativas destructivas del progreso.
- El otro ejemplo es el proyecto de ley que propone otorgar bonos a los inspectores de Sunafil a partir de las multas que aplica esa entidad por incumplimientos de las normas laborales. Esto, por supuesto, ha salido de la comisión de trabajo del Congreso, controlado por grupos de izquierda que hacen clientelismo con las centrales sindicales y los trabajadores estatales, en este caso de Sunafil. El lobby sindical, pese a su escasa base real, ejerce mucha presión y obtiene resultados. Es claramente un factor de atraso en el Perú. Fomenta una regulación laboral tan costosa que hace imposible la formalización en el país y frena el crecimiento de micro y pequeñas empresas. Solo la gran empresa la puede solventar. La Sunafil no hace sino agravar esto, al acosar y multar a las empresas por no cumplir con normas que muchas veces son incumplibles.
El problema es que ese poderoso lobby sindical e ideológico no tiene contrapeso porque el sector perjudicado, que es la micro y pequeña empresa (el país en general) no está organizado.
Sorpresivamente sin embargo, esta vez cerca de 40 gremios de la pequeña empresa han publicado un comunicado titulado “Populismo del Congreso está acabando con las pequeñas empresas”, denunciando este proyecto y advirtiendo que “en lugar de apoyar la formalización, la medida generaría temor, hostilidad y desincentivo a la contratación formal, especialmente entre las empresas que, pese a las limitaciones, cumplen la Ley”, agravando “la informalidad y la desigualdad que enfrentan miles de pequeñas empresas en todo el país”.
También exigen que se archiven los proyectos de ley que proponen la exclusión de las asociaciones de legitima representatividad de las pequeñas empresas en los directorios de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, solo para beneficiar a una organización privada sin representatividad nacional como es la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO).
Ojalá que esta reacción de gremios de la pequeña empresa signifique que ese sector se organice de una manera más orgánica e incluso se movilice en las calles para defender sus intereses de modo de demandar, por ejemplo, una legislación laboral menos costosa y farragosa y más inclusiva, para favorecer el crecimiento de los emprendedores.
Porque ese es el problema de fondo. La Sunafil no es sino un brazo ejecutor de una maraña normativa imposible de cumplir. Hay que dinamitarla.
Lampadia
