Jaime de Althaus
El Comercio, 22 de marzo del 2025
“No se podrá derrotar a la criminalidad si la fiscalía y el Mininter no pueden coordinar protocolos de actuación para detener y procesar a los criminales”.
La respuesta al avance de la criminalidad no se resolverá con el cambio de ministro si el que venga no es mejor que el censurado y si el Ejecutivo y el Ministerio del Interior no pueden trabajar de la mano con la fiscalía y el Poder Judicial en una estrategia conjunta y coordinada. Pues ese es el problema.
En ese sentido, la salida de Juan José Santiváñez puede ser un paso adelante porque era belicoso y había llegado a denunciar por dos vías distintas a la fiscal de la Nación. Pero esa también había sido, en parte, una reacción. Pues, la otra cara del problema es la fiscalía, que ha llevado sus investigaciones a la presidente a un extremo que sobrepasa los límites implícitos en el espíritu del artículo 117 de la Constitución. Y los allanamientos fueron un exceso. Acusaciones menores fueron catapultadas a los medios poniendo en evidencia una utilización política de la justicia, que viene desde los casos Lava Jato. Eso tiene que cesar o debe renovarse la Junta de Fiscales Supremos.
En esa guerra entre “caviares” y anticaviares” solo prospera la criminalidad. Pero la caída de Santiváñez no fue solo producto de esta guerra. Su discurso fue poco consistente. Esta vez no se atrevió a anunciar resultados estadísticos positivos, porque sabe que las extorsiones y los homicidios han aumentado, pero argumentó, sin embargo, que ha sentado las bases porque hay procesos de adquisiciones (claramente insuficientes) en marcha y está “gestionando la aprobación del Plan Estratégico de Modernización, Reemplazo y Reparación del Equipamiento de la PNP”. Es decir, nada cierto aún, sin explicar qué es lo que realmente se requiere.
Y explicó que hay ya una estrategia contra las extorsiones, cuyo pilar principal consiste en cortar la comunicación entre extorsionadores y víctimas. Pero esa estrategia en realidad está compuesta por deseos: que las operadoras de telefonía asuman su compromiso en esa lucha. Señaló que “debemos generar confianza en la ciudadanía” para que denuncie. O sea, que las denuncias siguen en el terreno del deber ser.
En su haber afirmó que entre enero y mayo del 2024 la policía detuvo solo en Lima a 89.700 personas y fueron liberados por la fiscalía 83.060 (el 92%), echándole la culpa. Pero algo falla en esta data. Proyectando al año, esto llevaría alrededor de 200 mil detenidos. Si toda la capacidad de albergue de los penales en Lima no pasa de 20 mil, no tiene sentido que al año se detenga 10 veces más personas que la capacidad de albergue, y que se queje de que suelten al 92%. La estadística tiene que ser más fina para entender el problema y resolverlo.
Porque es un problema. No se podrá derrotar a la criminalidad si la fiscalía y el Mininter no pueden coordinar protocolos de actuación para detener y procesar a los criminales. El Conasec aprobó medidas efectistas, pero no lo elemental: que se sienten a coordinar. La fiscal de la Nación canceló la mesa para definir el protocolo de aplicación de la ley de investigación preliminar, porque no está de acuerdo con ella. La desacata. La fiscalía tiene que ser recompuesta.
