Ian Vásquez
El Comercio, 4 de marzo del 2025
“Al no tomar en cuenta todos los costos y beneficios de sus propuestas, los reguladores típicamente pecan por imponer normas excesivas.”
Es entendible que la tragedia en el Real Plaza de Trujillo pueda crear una sensación de mayor cautela en lugares públicos, sobre todo cuando aún no se sabe que causó el colapso del techo. Pero la reacción inicial de muchas autoridades ha sido exagerada, así como el llamado de algunos observadores que automáticamente piden más regulaciones.
En una semana las municipalidades han clausurado 10 supermercados y 17 centros comerciales, según El Comercio. ¿Es realmente probable que esos lugares de repente están en riesgo de colapsar? ¿O es más probable que los políticos quieren señalar que están haciendo algo para atender las preocupaciones de algunos de sus votantes?
Cualesquiera que sean las respuestas, no se debe ignorar el hecho que las regulaciones implican costos y riesgos que también se deberían poner en el balance a la hora de considerar normas regulatorias. Desafortunadamente, el mundo está lleno de ejemplos de reguladores que no tomaron en cuenta esos riesgos y muchas veces son mayores a los riesgos que querían evitar.
Después del tsunami en el 2011 que causó el accidente nuclear en Fukushima, por ejemplo, Japón clausuró todas sus plantas nucleares. Pero eso incrementó de manera sustancial el costo de electricidad. Por lo tanto, la reducción de calefacción en los hogares se estima que produjo 1.280 muertes por encima de lo que hubiera ocurrido. Además, se estima que las evacuaciones forzosas produjeron unas 1.232 muertes. Todo eso comparado con las estimadas 130 muertes que se esperan eventualmente sucederán debido a la exposición excesiva a la radiación.
Al no tomar en cuenta todos los costos y beneficios de sus propuestas, los reguladores típicamente pecan por imponer normas excesivas y muchas veces consiguen lo opuesto a lo que dicen buscar. Después de la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, durante la cual los reguladores rescataron a los bancos que consideraron demasiado grandes para quebrar, el Congreso impuso mayores regulaciones. Tales regulaciones, sin embargo, han concentrado todavía más el poder del sector en los bancos más grandes porque las regulaciones son demasiado caras para que los bancos más pequeños las puedan cumplir.
De hecho, en la medida en que imponen altos costos las regulaciones, solo los más grandes y poderosos las podrán cumplir. Esa es la historia del Perú. Comparado a los países avanzados, el Perú está sobreregulado. El resultado es que la mayor parte de la fuerza laboral se mueve al sector informal que por definición es menos productivo. Entonces, la pobreza es más elevada de lo que debería ser y la riqueza más concentrada.
No debería ser difícil calcular el nivel de riesgo en el caso de lo ocurrido en Real Plaza. Las aseguradoras lo hacen de manera regular y los reguladores deberían informarse usando la misma metodología a la hora de considerar normas. El economista Peter Van Doren dice que de esa manera se “reasignaría recursos de las normativas de alto costo a las de bajo costo. Este sistema permitiría salvar más vidas con el mismo costo para la sociedad (o, lo que es lo mismo, la reasignación de recursos permitiría salvar el mismo número de vidas a un costo menor)”.
Pero si la tragedia de Real Plaza es negligencia, como parece serlo, entonces bien podría tratarse de un delito. En ese caso la justicia tendría que dar suficiente valor a la vida del peruano. Esto nos hace recordar la sugerencia de Franco Giuffra en estas páginas hace ocho años luego del incendio en Larcomar que también costó vidas: Si las empresas en cuestión “tuvieran que pagar una indemnización de un millón de dólares por cada vida perdida […] harían más para proteger a sus trabajadores y clientes. Infinitamente más de lo que dicen los reglamentos o de lo que podría detectar un inspector”.
