Mónica Muñoz Najar
Economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES)
La República, 11 de octubre del 2024
Imaginemos que tenemos que correr en una carrera, pero al iniciar nos damos cuenta de que buena parte de la pistan o está asfaltada, hay una serie de obstáculos que no deberían estar ahí, los automóviles están cruzando las pistas sin control y no dejan avanzar a los que participan en la carrera. Así, en vez de estar concentrados en ganar, tenemos que estar pendientes de no tropezar y caer.
Esto muestra cómo la criminalidad frena el crecimiento, socava la estabilidad y distorsiona el desarrollo. En lugar de concentrarnos en ganar tenemos que concentrarnos en sobrevivir.
El crimen atenta contra nuestra dignidad humana más elemental y tiene costos sociales y de bienestar significativos. ¿Quién quiere vivir en un país donde el contrato social básico de la confianza en que podremos salir de casa y regresar seguros está roto?
La inseguridad genera un desafío complejo que afecta el desarrollo económico, desde la inversión extranjera hasta la movilidad laboral, como revelan investigaciones internacionales.
Los costos invisibles del crimen
El crimen genera costos directos e indirectos para las economías. Los costos directos son los que podemos imaginarnos: el costo de protegernos con cámaras de seguridad, rejas, contratación de vigilancia privada, el costo de lo robado en un asalto o un hurto. Aquí debemos considerar también el costo delas medidas que tomamos para evitar ser víctimas de un delito: «no salir a tal hora», «no bajar en este paradero», «no aceptar carreras en esas zonas». Todos estos ajustes implican costos en tiempo y dinero, para nosotros mismos y para terceros.
A estos costos directos deben sumarse costos indirectos, los que van desde el temor que impide que usemos ciertos servicios de transporte, limitando nuestra movilidad para estudiar o trabajar y por lo tanto poniendo un techo a nuestras oportunidades, hasta efectos más macro como la mayor desconfianza que limita el atractivo de invertir en negocios para inversionistas de todos los tamaños, esto acota el crecimiento que puede alcanzar el país y, por lo tanto, recorta la capacidad de nuestra economía para dar empleo formal y reducir la pobreza.
La delincuencia afecta la economía nacional
El costo total de la inseguridad en Perú asciende al 2,2% del PBI, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De esto, el 1,5% corresponde a gastos de seguridad privada, mientras que el 0,7% restante es asumido por el Estado en gastos de seguridad pública y administración penitenciaria. Estos costos limitan los recursos que podrían haberse destinado a inversiones en salud, educación o infraestructura.
La inseguridad también afecta la inversión extranjera directa. Según el Banco Central de Reserva (BCR), la percepción de inseguridad y la alta tasa de criminalidad generan incertidumbre sobre la rentabilidad de nuevos negocios, disuadiendo a inversores potenciales. Esto afecta la creación de empleo formal, especialmente para los jóvenes, quienes enfrentan mayores dificultades para ingresar al mercado laboral. Solo en el último año se han perdido más de 115.000 empleos para jóvenes entre 14 y 24 años, según el INEI.
El aumento en inseguridad viene fuerte por el crimen organizado. El Perú ocupa el puesto 32 de 193 naciones en el Índice Global del Crimen Organizado 2023. El crimen ha mostrado una tendencia creciente en la última década, especialmente en lo que respecta a las extorsiones. En el segundo trimestre de 2024, se reportaron 3 víctimas de extorsión por cada mil habitantes, el doble de lo que era hace 10 años.
El problema es particularmente agudo en, sectores como el transporte y las pequeñas empresas. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, entre enero y julio de 2024 se reportaron más de 9.800 delitos relacionados con extorsión y robos a negocios, El 42,4% de esos casos corresponden al cobro de cupos, afectando directamente a la economía de pequeños y medianos empresarios.
Por otro lado, existen estimaciones que señalan que hasta el 40% de las empresas de transporte en Lima metropolitana también son víctimas de extorsión, lo que genera pérdidas significativas para el sector, incrementando los costos operativos y reduciendo la rentabilidad. Esto no solo afecta a las empresas, sino también a los trabajadores y usuarios, quienes enfrentan mayores costos de transporte y una menor calidad de los servicios.
En general, el costo adicional de seguridad para las pequeñas empresas es otra barrera significativa. Según el Banco Mundial, las empresas en Perú pierden hasta el 2% de sus ingresos debido a los costos asociados al crimen. Esto impacta especialmente a los pequeños negocios, que ya operan con márgenes de ganancia reducidos y enfrentan dificultades para mantenerse competitivos.
Lo que nos espera
La evidencia internacional de qué ha pasado en otros países nos puede dar una idea de lo que nos podría esperar si la situación no se controla. Por ejemplo, un estudio publicado el 2020 de Nikita Melkinov, Carlos Schmidt-Padilla y Micaela Sviatschi, encontraron en El Salvador que cuando las pandillas MS-13 y Barrio 18 establecieron un sistema de control territorial con puntos de control al acceso a ciertas zonas, se vieron impactos sobre las oportunidades de empleo y de educación: las personas preferían no moverse y ello significó que las familias que viven en estas zonas controladas terminan con menores ingresos y peores condiciones de vida en comparación con aquellas que viven a pocos metros fuera del territorio pandillero.
Por si fuera poco, el impacto del crimen organizado no se detiene en la frontera de las zonas controladas. Las pandillas extienden su influencia más allá de los barrios bajo su control, recaudando pagos de extorsión en áreas adyacentes y afectando el dinamismo económico de regiones enteras. Este fenómeno crea un entorno en el que el costo de hacer negocios aumenta considerablemente, desincentivando la inversión privada y reduciendo el potencial de desarrollo a largo plazo.
También con el caso de El Salvador, un estudio del 2021 de Zach Brown, Eduardo Montero y otros, encontró el impacto sobre la extorsión a negocios de distribución de bienes de consumo y medicamentos, así, luego de un pacto de no agresión entre las bandas de extorsionadores desarrollado el 2016, los costos por extorsiones subieron entre 15% y 20%, haciendo que los vendedores y consumidores paguen este costo adicional, llevando incluso a una mayor prevalencia de enfermedades crónicas debido a los mayores precios y reducido acceso a medicamentos.
Agenda prioritaria
Combatir el crimen debería ser uno de los primeros temas de agenda de todas las autoridades, pues no solo crea inseguridad y zozobra en la población, sino que genera costos económicos significativos que impiden el crecimiento y la inversión y nos pasarán factura por muchos años. Solo a través de un enfoque integral se podrá garantizar un futuro más seguro y próspero para todos los ciudadanos.
