Jaime de Althaus
El Comercio, 10 de agosto del 2024
“En lugar de avanzar hacia la totalidad, se anula lo que se había avanzado”.
Como sabemos, el gran problema del sistema judicial penal es la impunidad. Y, por lo tanto, el incentivo a la expansión de la delincuencia. No es solo que los fiscales o jueces liberan a la gran mayoría de delincuentes detenidos, sino que, de aquellos que logran ser procesados y condenados, la gran mayoría solo recibe pena privativa de la libertad condicional. Es decir, impunidad nuevamente. Doble impunidad. En lo que va del 2024, del total de personas con sentencia condenatoria, solo el 12% tuvo pena privativa de la libertad efectiva. Un 60% recibió pena con libertad condicional y un 27% multas, jornadas de trabajo y otras. Porcentajes similares se dieron en años anteriores (ver “Estadística de la Criminalidad 2020-2024″, Poder Judicial).
Para resolver lo primero se requiere flexibilizar el nivel de pruebas exigido por el Código Procesal mientras no haya laboratorios de criminalística suficientes, aumentar el plazo de detención y consolidar las atribuciones de investigación de la policía vis a vis los fiscales. Pero, junto con eso, lo que tendría un impacto contundente e inmediato sería la implementación de unidades de flagrancia. Estas reúnen a policías, fiscales, jueces, laboratorios de criminalística, medicina legal y una carceleta de tránsito. Permiten procesar y sentenciar en 72 horas en lugar de los 21 meses que dura en promedio el proceso común. Imagínense la ganancia de productividad, menor impunidad y seguridad.
El Poder Judicial ha logrado hasta ahora implementar parcialmente 11. Pero se requieren 35 para cubrir todo el territorio. Costaría S/1.800 millones, que pueden sacarse recortándole a las entidades que no ejecutan o a programas innecesarios. La seguridad es absolutamente prioritaria.
Por eso, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se quejó delante de la presidente Dina Boluarte de que el MEF le había recortado el presupuesto incluso para las 11 unidades que ya funcionan. En lugar de avanzar hacia la totalidad, se anula lo que se había avanzado.
Pero aquí se requiere dos cosas más. Una es que el Congreso apruebe la ley del sistema de flagrancia, porque pese a que 11 unidades están instaladas, la fiscalía casi no asiste y destina los recursos que recibe para ello a otros fines.
Y lo otro es que, si bien la unidad de flagrancia permite sentenciar en 72 horas –o en 24 si hay terminación anticipada–, se repetiría el alto porcentaje de sentencias con libertad condicional. Es decir, lo mismo que nada. Estamos hablando de delitos de violencia familiar, hurto, conducción en estado de ebriedad, etc., por lo general con penas menores a cuatro años. El juez podría condenar a dos semanas o seis meses, por decir algo, pero no lo hace porque no hay penales para eso. Entonces, o ampliamos las carceletas de las unidades de flagrancia –que solo reciben a los que están siendo juzgados– o habilitamos cárceles de alta rotación cercanas a las unidades de flagrancia para sentenciados a penas cortas por delitos menores. Para acabar con la impunidad y tranquilizar a la sociedad. Eso es lo que hay que hacer. Mucho más importante que cualquier otra cosa.
