Jaime de Althaus
El Comercio, 13 de julio del 2024
¿Cómo hacer para que la política acompañe la recuperación nacional en lugar de frenarla?
Porque hay muy buenas señales y signos claros de reactivación económica. Salimos de la recesión y el crecimiento se acelera. La propia inversión privada empieza a reanimarse y las expectativas empresariales mejoran. El inicio de Tía María tiene un poder simbólico e impulsor de proyectos detenidos. La pronta inauguración simultánea del aeropuerto Jorge Chávez y del puerto de Chancay permiten vislumbrar múltiples desarrollos que pueden acelerarse gracias a las conversaciones y acuerdos alcanzados en el muy bien organizado viaje a China. Podríamos comenzar a construir seis ferrocarriles importantes, atraer fábricas de carros eléctricos y mejorar la infraestructura digital del país. Proinversión habrá adjudicado US$8 mil millones en asociaciones público-privadas este año y podría llegar a los 16 mil el próximo. Allí están desde el puerto de Marcona hasta los fosfatos de Bayóvar, pasando por el anillo vial periférico y la carretera longitudinal norte de la sierra.
Podríamos volver a crecer a 7% u 8% como en la época de los buenos precios de los minerales, que ahora son incluso mejores. La transición energética global le da al Perú un papel central como proveedor de cobre (y litio). Nunca fue el Perú tan viable en el largo plazo como ahora.
¿Qué lo frena? La política, la incertidumbre, la inseguridad. La bicameralidad ayudará, pero muy pocas personas de reconocida trayectoria se han inscrito en los más de 30 partidos que participarán en las elecciones, augurando un resultado de pronóstico reservado. Lo mínimo que se le pide al Congreso ahora es que apruebe unas reglas electorales que incentiven las alianzas (que puedan serlo para la plancha presidencial, pero que cada partido pueda ir con su propia lista congresal, por ejemplo) y que permitan el financiamiento de campañas por parte de empresas formales. Es increíble que esto esté prohibido, mientras partidos de izquierda conseguirán aportes de la minería ilegal y el narcotráfico. Empresas podrían crear fondos para financiar partidos siempre y cuando estén en alianzas.
El empresariado y la sociedad civil deberían pedir reuniones con la Mesa Directiva y las bancadas del Congreso para demandar esto, así como el cese de leyes destructivas. También, insistir con el Ejecutivo para exigir planes efectivos de seguridad. El Conasec, que se iba a reunir en cesión permanente, solo lo ha hecho una vez en cinco meses. No sirve.
El Ministerio del Interior acaba de relevar a diez generales que no están teniendo resultados, y eso está bien. Pero hace falta reforzar la investigación policial y poner fin a la escandalosa liberación de detenidos. El Congreso tiene que aprobar el proyecto de ley sobre el sistema de flagrancia que tiene encarpetado. Instalar dichas unidades en todo el territorio, cada una con policías, fiscales, jueces y laboratorio de criminalística, costaría S/1.800 millones. Eso debe presupuestarse y ejecutarse a la brevedad. En lugar de demorar 21 meses, un proceso inmediato sentencia en 24 o 72 horas. Se reducirían sensiblemente la victimización y la impunidad. Tendría un efecto balsámico en la sociedad.
Avancemos.
