Jaime de Althaus
El Comercio, 6 de julio del 2024
Lo que tenemos entonces es un claro caso de persecución política. La mejor demostración fue el alegato de José Domingo Pérez, una pieza política más que jurídica.
Es inaudito que en una democracia estemos viendo un proceso como el que conduce el fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori y más de 40 coacusados. Como hemos repetido hasta el cansancio, aquí se ha criminalizado las donaciones de campaña que no eran delito y se ha forzado la figura de lavado de activos que tampoco corresponde, como han argumentado todos los abogados serios del país. Es absurdo sostener que donaciones como las de Dionisio Romero o Juan Rassmuss tenían origen delictivo y ni siquiera en Brasil se ha podido demostrar que el dinero donado por Odebrecht tuviera ese origen. Y aun en el supuesto negado de que lo tuviera, ¿cómo iban los acusados a presumirlo?
Lo que tenemos entonces es un claro caso de persecución política. La mejor demostración fue el alegato de José Domingo Pérez, una pieza política más que jurídica. “Puedo conocer que existió y existe una voluntad criminal de sus integrantes porque Fuerza Popular es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori”. No prueba la “voluntad criminal” con actos realizados que calcen con algún tipo penal, sino por herencia, por una esencia criminal que se transmite de generación en generación. Es la demonización como fuente jurídica.
Estamos ante algo muy cercano a un “juicio popular”. Este proceso debería cesar en el acto. La democracia no puede consistir en la utilización de la justicia para eliminar al otro, algo que se amparó en el antifujimorismo prevaleciente. Lo irónico acá es la manera en la que el antifujimorismo, supuesto defensor de los valores democráticos, se impregnó de la esencia que le atribuye a Fujimori.
Las consecuencias de esta justicia plebiscitaria han sido nefastas. Destruyó o debilitó fuertemente a parte importante de la clase política, facilitando el triunfo de Pedro Castillo en el 2021, y expulsó al empresariado de la política persiguiéndolo por donaciones realizadas y no realizadas (basta leer la carta dramática de Ricardo Briceño mostrando el abuso de antología que ha sufrido). Desató una guerra por el control del Ministerio Público, convertido en una amenaza política disfrazada de lucha contra la corrupción. Engendró una reacción “anticaviar” que también excluye como enemigo al “caviar”. Es decir, polarizó. Generó una coalición “anticaviar” en el Congreso actual para recuperar posiciones en el aparato institucional. De ella se aprovecharon también quienes sí estaban legítimamente procesados por delitos reales. Pero se desató una guerra en la que unos y otros pierden y ganan posiciones sin cesar.
El último episodio ha sido la instrumentación del Eficcop y la Diviac para montar una celada al exabogado de la presidente, Mateo Castañeda. Este ha demostrado con sus chats peritados que no fue él quien solicitó al general Carlos Morán una reunión con Colchado y Lozano para solicitar se deje sin efecto la investigación al hermano de la presidente, sino al revés, que fue Morán quien lo buscó insistentemente para que se reuniera con Colchado y Lozano, quienes, designados agentes encubiertos, lo grabaron para sacarle alguna frase que lo incriminara. El objetivo era político.
Solo poniendo fin a los procesos por donaciones se pondrá fin a esta guerra.
